Dos temas en la
opinión pública tuvieron que suceder para que el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Chong, se involucrara de manera personal a fin de aminorar sus efectos:
la crisis estudiantil y los derechos humanos.
En el primero de
ellos, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) reaccionaron de
manera inteligente a la autoridad de su directora, Yoloxóchitl Bustamante,
quien en un intento por contener a la opinión pública, minimizó y subestimó la
capacidad de los alumnos para organizarse y protestar por los cambios al
reglamento del IPN que pretendía tecnificar la educación recibida en sus
planteles educativos.
El martes pasado
sorprendieron a la opinión pública por su capacidad de organización, al marchar
de manera ordenada hasta las oficinas del secretario de Gobernación en
Bucareli, procurando que en la retaguardia un grupo de estudiantes recogiera la
basura generada por ellos mismos, agrupándose por escuela y grupo para evitar
infiltrados anarquistas, entre otras medidas para su seguridad.
Es muy probable
que el titular de la SEGOB y su cercano equipo hayan valorado la relación costo
– beneficio por la cual, si desestimaban la protesta de los alumnos del IPN
podrían haber generado una nueva crisis por falta de atención y cuyo tema se
hubiera agregado al frente de crisis del gobierno de Guerrero y federal, por
los alumnos muertos el viernes 26 de septiembre pasado y sus 43 compañeros desaparecidos
todos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en ese estado, a un día de la
conmemoración de los acontecimientos por el 46º. aniversario de la matanza del
2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, caldo de cultivo propicio no para generar
protesta callejera, sino quizás actos de violencia.
En el segundo
frente de crisis correspondiente a los derechos humanos, tiene que ver con la
probabilidad de declarar la desaparición forzada de los estudiantes de
Ayotzinapa que aún se encuentran en calidad de no localizados, así como los 22
muertos en Tlatlaya en el Estado de México a manos de un grupo de militares.
En el primer
caso, el presidente municipal de Iguala en Guerrero y su director de seguridad
pública tienen orden de presentación por estos hechos, en los que una parte de la
sociedad guerrerense marchó en días pasados para exigir la licencia de su
gobernador, Ángel Aguirre, para someterlo a juicio político por estos hechos.
En lo referente al
tema de Tlatlaya, éste se perpetró el 30 de junio pasado, en una bodega del
municipio del mismo nombre, cercano a la región de Tierra Caliente entre
Michoacán y el Estado de México, en el que la Secretaría de la Defensa Nacional
informó que producto de un enfrentamiento entre militares y presuntos
delincuentes, habían fallecido 22 de los últimos pero fue desmentido por una
testigo presencial, quien afirma que fueron ejecutados aun cuando se habían
rendido frente a los militares.
En las
investigaciones que realiza la PGR dice que no aparecen evidencias que
sustenten las ejecuciones que afirma la testigo, mientras que al menos 8
militares entre ellos un oficial, declaran ante un juzgado militar sobre estos
hechos.
De comprobarse la
ejecución y desaparición forzada en ambos casos, sería un grave frente de
crisis para el gobierno federal, que vería mermado sus esfuerzos por mostrar
que la reforma energética, politica, hacendaria, fiscal, entre otras, comienzan
a transformar a nuestro país.
Es tan grave
ambos asuntos, que los dos han trascendido al ámbito de Naciones Unidas, cuyo
sistema en México ha presentado su consternación en comunicados por separado,
en el que exige a las autoridades mexicanas su petición de justicia a las
víctimas de los hechos de Tlatlaya, así como para la localización inmediata de
las personas desaparecidas en Ayotzinapa.
No sólo eso.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han condenado al
gobierno mexicano por ambos hechos.
Es muy probable
que en el primer caso, -el de los estudiantes-, aunque el tema era de la
competencia y atribuciones del titular de la SEP, Emilio Chauyffet Chemor, la
estrategia seguida haya sido omitir la participación del secretario de
educación para evitar atraer de la memoria histórica la masacre de campesinos en
Aguas Blancas, también en Guerrero, en 1995, siendo secretario de gobernación
Chauyffet, lo que motivó el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario
(EPR) a la luz pública un año después.
Mientras tanto,
el tema de los estudiantes del IPN parece haber sido desactivado con la
solución a sus demandas; pero el tema de las graves violaciones a los derechos
humanos en Tlatlaya y Ayotzinapa es un asunto que dificilmente podrá transitar
en tanto no se llegue a la verdad histórica y jurídica.
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