Todas las fuerzas
políticas del país podrían coincidir en que la impunidad es la causa que
debilita las autoridades y las instituciones.
Ejemplos sobran
del anterior y del actual sexenio, como la guardería ABC en Hermosillo y el
caso Florence Cassez; de este sexenio, Oceanografía, Rafael Caro Quintero,
Tlatlaya y con frente de crisis abierto, Ayotzinapa, en cuyas crisis alojan a
damnificados políticos que ven truncadas sus carreras políticas en busca del
siguiente cargo o puesto.
Buscan a las
instituciones de procuración de justicia o electorales, para que en el uso de
sus atribuciones, les extiendan un certificado de buena conducta política, o
bien, refrenden ante la ciudadanía la legitimidad ansiada, que les permita
seguir en el poder.
Este es el caso
del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien dice que buscará un
referendum de su mandato al que el Instituto Nacional Electoral le dijo
contestó de manera negativa, al grave frente de crisis aún sin solucionar, por
la matanza de estudiantes y la desaparición de otros de ellos, de la Escuela
Normal de Ayotzinapa en su estado.
Es obvio que el
gobernador Aguirre no es el responsable material, -ni intelectual-, de dichos
crímenes; él no mandó matar a nadie ni jaló del gatillo en estos hechos, pero
su autoridad como Primer Mandatario lo coloca en una responsabilidad de tipo
político, porque su papel, así como el de cualquier gobernador es, conocer las
condiciones políticas, económicas y sociales, desde el lugar más cercano a sus
oficinas de gobierno, hasta las del último rincón o límite del estado que
gobierna.
La razón de lo
anterior radica, en que Aguirre Rivero es oriundo de Guerrero, en otro momento
de crisis producto de los campesinos muertos en Aguas Blancas en 1995, él fue
gobernador sustituto de ese estado, ha sido diputado federal y senador por
Guerrero, lo que lo coloca en un ámbito de perfecto conocimiento de la
situación política de su estado y debió conocer el entramado de redes políticas,
económicas y sociales de las autoridades de los 81 municipios de Guerrero, así
como un mapa de las condiciones de seguridad generado por las instituciones que
gobierna.
Es posible que el
gobernador Aguirre y cualquier ciudadano de Guerrero tenga autoridad en
descalificar a quienes no vivimos en ese estado, para pedir la justicia
política. Lo que seguramente desconoce el gobernador Aguirre, su séquito de
colaboradores y su partido político, es que las conductas ejercidas en los
estudiantes de esa escuela, y que consistieron en una desaparición forzada, carente
de humanidad y que causó y sigue causando graves daños tanto psíquico como
físicamente y que además han sido cometidos como parte de un ataque integral o
sistemático contra una comunidad, se encuadra en crímenes de lesa humanidad que
ampara el Estatuto de Roma, como instrumento que otorga vida juridica a la
Corte Penal Internacional, instrumento adoptado en Roma, Italia, el 17 de julio
de 1988 y ratificado por México en octubre de 2005.
La comunidad
internacional en voz de Naciones Unidas, la OEA y la Asamblea Parlamentaria
Eurolatinoamericana, han protestado y condenado la impunidad en este grave caso
de violación de derechos humanos, que compromete al estado mexicano y que
podría generan una nueva crisis internacional para México.
Sostener a
Aguirrero Rivero en el cargo podría ser una muestra de impunidad polítíca a la
que se refieren los organismos internacionales y la ciudadanía. De nada valió
el perdón que pidió la dirigencia de su partido, por postular al cargo de
presidente municipal de Iguala, a José Luis Abarca; sus múltiples relaciones
con la delincuencia lo delatan y el amparo que le fue otorgado por un juzgado
de la ciudad de México, viene a enrarecer la petición de justicia.
Es muy probable
que la impunidad y el vació de justicia que dejó la liberación de la ciudadana
Florence Cassez, haya sido la causa por la que los legisladores de oposición
consideraron que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez
Cordero, no sea la más indicada y en el momento más inoportuno en el país para
recibir la medalla “Eduardo Neri” que otorga el Congreso; o bien, que en el
ánimo de la opinión pública la llegada del nuevo avión del presidente de la
República, haya sido vista como un acto de frivolidad y en una coyuntura
indeseada para el estado mexicano por la decadente protección de los derechos
humanos en México.
Mientras tanto,
este es un grave problema de seguridad nacional que confronta a los ciudadanos
y la clase política; los primeros en reclamar a los segundos que separen del
cargo al gobernador y de considerarlo en derecho, procesarlo; y por su parte,
la clase política en aminorar los efectos generados por las graves violaciones
de derechos humanos, como consecuencia de la impunidad y de la corrupción, que
podrían trascender fronteras como el problema mismo, y enmarcarse en el derecho
internacional.
La protesta en
México y en el extranjero con motivo del asesinato de estudiantes de Ayotzinapa
no debe ser desestimada o subestimada por la autoridad, de lo contrario, generaría
condiciones para iniciar otro movimiento subversivo como el del Ejército
Popular Revolucionario, en Guerrero por cierto.
En algún otro
momento, el país vivió un momento de crisis: En sesión del 15 de diciembre de
1861, Vicente Rivapalacio, presidente del II Congreso, se dirige al Presidente
Juárez, a quien la asamblea le otorga facultades extraordinarias para hacer
frente a la intervención francesa, “La
historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la
verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por
dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar
el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión
entre sus hijos”.
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