Citas memorables de la historia de México

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lunes, 25 de mayo de 2015

Delicado escenario de seguridad en el país

Han sido varios los temas de seguridad y derechos humanos que han puesto al estado mexicano, en una crisis que ha trascendido fronteras.

En el primero de ellos se presentó en la noche del 30 de junio de 2014, en el que un testigo sobreviviente afirma que 22 personas fueron ejecutadas por un oficial y siete soldados del 102 batallón de infantería de la 22ª. Zona militar del Estado de México, en una bodega del municipio de Tlatlaya, muy cercano a la zona denominada de tierra caliente aun cuando se habían rendido frente a los militares.

Luego vino la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero, que aún se encuentran en calidad de no localizados, en el que el presidente municipal de Iguala en Guerrero se encuentra junto con su esposa en la cárcel, y recientemente el subdirector de seguridad pública de ese municipio fue arrestado en Michoacán.

Este tema estuvo circulando constantemente en redes sociales e incluso, le dio la vuelta al mundo cuando los padres de los 43 muchachos acudieron a organismos internacionales en diversas partes del mundo, en búsqueda de justicia para sus hijos y reprimenda para el estado mexicano.

Tan vigente se mantuvo este tema, que vinieron a nuestro país comisiones legislativas de países de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de organizaciones internacionales no gubernamentales de derechos humanos, que buscaban sujetar al estado mexicano, al marco jurídico internacional.

Nuevamente el escrutinio público se cierne sobre la seguridad mexicana, cuando el fin de semana pasado tuvo lugar un enfrentamiento en el rancho El Sol del municipio de Ecuandureo, próximo a Tanhuato en Michoacán, en cuyas imágenes divulgadas en redes sociales, hacen suponer que se trata nuevamente de una ejecución.

El Comisionado Nacional de Seguridad y el director de la Policía Federal, Monte Alejandro Rubido y Enrique Galindo Ceballos, respectivamente, afirman que son 43 las personas fallecidas. 42 personas presuntamente vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación y un policía federal.

Sin embargo las fotografías dan cuenta de una realidad distinta. Cuerpos con armas sobrepuestas, ausencia de manchas hemáticas en el piso, descalzos, con poca ropa en algunos casos y en otros en ropa interior, evidentes fracturas sin haber sido causadas por algún proyectil de arma de fuego, lesiones abrasivas, con una evolución cadavérica aparente de por lo menos un día, cubiertos de tierra y ubicados una zona de pasto, entre otras inconsistencias forenses y periciales, abren la sospecha a la opinión pública que previamente los cuerpos fueron manipulados.

La situación de las imágenes no dan cuenta de que los abatidos hayan buscado refugio desde donde disparar a las fuerzas federales, ya que algunos de los cuerpos se encuentran en zona despejada. En síntesis, hay una sospechosa relación entre la forma, tiempo y lugar en que se encuentran los cuerpos y su concordancia con el ambiente que los rodea.

Dicen estas autoridades que un helicóptero artillado comenzó a disparar hacia tierra, pero luego entonces esta versión no contribuye a despejar las dudas con el derribamiento del helicóptero en Jalisco el pasado 1 de mayo, cuyos ocupantes pudieron haber disparado hacia sus atacantes causando por lo menos, lesionados en tierra, sin que se hayan reportado heridos.

De comprobarse la ejecución en Tanhuato, sería un grave frente de crisis para el gobierno federal, que vería mermado sus esfuerzos por mostrar que la reforma energética, política, hacendaria, fiscal, entre otras, comienzan a transformar a nuestro país.

Es tan grave, que el gobierno federal hace todo lo posible porque no trascienda a instancias internacionales, cuya gestión de cabildeo en otra ocasión le correspondió a la deplorable política exterior mexicana, quien en el caso Ayotzinapa descalificó al relator de Naciones Unidas por haber presentado sus conclusiones de manera acusatoria contra el estado mexicano, de una manera tan atrevida y osada, pocas veces vista en la diplomacia mexicana y en su disminuido titular.

Junto con la corrupción, el tema de la seguridad son los que no domina la actual administración.

lunes, 18 de mayo de 2015

La educación pública y la educación política

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) acaba de publicar un reporte, en el que afirma que la educación primaria en México tiene una calidad, debajo del promedio de la mayoría de los países del mundo y coloca a nuestro país, en el lugar 102 de 124.

El mismo informe señala que la calidad de la educación es carente, principalmente en matemáticas y ciencias. Esto podría explicar la ausencia de un razonamiento lógico en el mexicano para resolver problemas en esas áreas de la ciencia.

La reforma educativa aprobada al inicio de la LXII Legislatura parece que no ha revertido tendencias de unos años atrás. En julio de 2009 se aprobó la eliminación de la materia de historia en libros de texto, y la derecha del yunque trató por todos los medios de incorporar la objeción de conciencia en materia de salud, para evitar la prestación del servicio médico, argumentando motivos religiosos.

Un poco antes, en julio del 2008, el Banco Mundial publicó su informe “México, nota sobre los determinantes de la política en materia de aprendizaje”, en donde señalaba que el 52 % de la población adulta, carece de aptitudes y conocimientos básicos para hacer de nuestro país una economía competitiva.

Un poco más atrás a principios de 2007, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que dirige el mexicano José Ángel Gurría, calificó al SNTE de Elba Esther Gordillo, como “lastre” para la economía mexicana.

Por último, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala en un informe que el sindicato de Elba Esther Gordillo, es el paradigma de la corrupción educativa a nivel mundial. Es probable que estos ejemplos y la corrupción rampante, hayan sido el motivo en la  presente administración para procesar penalmente a Gordillo.

Lo cierto es que educativamente, nuestro país no es el ejemplo que nos gustaría presumir en el mundo y este ejemplo permea a todos los estratos de la sociedad, incluyendo a la clase política.

Es probable que aquí radique la insensibilidad y la falta de educación de algunos integrantes de la clase política, para despacharse con la cuchara grande en actos de corrupción, sin el menor pudor o recato que la educación pueda otorgar.

Es probable que uno de los primeros actos de corrupción e injusticia lo sea, las denominadas pensiones de Moctezuma, llamados así a la calidad de propietaria a perpetuidad dada por el rey Carlos V al señorío de Tacuba, en favor de Isabel Tecuichpo Ixcaxochitzin Moctezuma, hija del emperador Moctezuma Xocoyotzin, cuyas rentas por el usufructo de ese Señorío constituirían las pensiones citadas, que perduraron por toda la época de la colonia española.

En 1821, el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma” a favor de los sucesores en la decimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle, ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II.

Esta pensión fue suprimida por Decreto del Presidente Abelardo L. Rodríguez y publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 9 de enero de 1934.

Luego entonces, si Hernán Cortes, Capitán General de la invencible Armada Española muere el 2 de diciembre de 1547, muy probablemente las “pensiones de Moctezuma” pudieron haber sido implementadas en 1550 y suprimidas hasta 1934, es decir, duraron -casi 400, 384 años para ser exactos- en vigor y seguramente ahora es un monto incalculable.

Probablemente en la actualidad haya personajes de la vida política que creen merecer algo similar a las pensiones de Moctezuma.

lunes, 11 de mayo de 2015

Corrupción: El abuso es evidente, la sanción benevolente

Parece que la recién resucitada Secretaría de la Función Pública (SFP) no es, ni será, un dolor de cabeza para la clase política, al ser sorprendida en actos de corrupción.

Esto según la sanción que recibió el exdirector de la Comisión Nacional del Agua (CNA), David Korenfeld, al ser sujeto de una sanción por 638 mil 653.33 pesos, que equivale a tres veces el daño causado y el beneficio obtenido, por el uso personal de un helicóptero oficial de la CNA.

Además, la flamante dependencia dirigida por el ex consejero electoral Virgilio Andrade Martínez, no inhabilitó a Korenfeld, por lo que tranquilamente, sin pena ni gloria, podrá volver a ocupar un cargo en la administración pública.

La clase política sabe perfectamente que el sistema anticorrupción en nuestro país no está diseñado para procesar y llevar a la cárcel a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones, cometan delitos en contra del buen desempeño del servicio público.

Así han transcurrido 14 años en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que ha documentado 458 expedientes y sólo se han consignado a 7 presuntos responsables de delitos; cuando sólo en el Senado la ASF documentó en febrero pasado que se omitió comprobar 1,200 millones de pesos, como si se tratara del cambio de las tortillas, caray.

Ejemplos van y vienen. El caso Oceanografía en Petróleos Mexicanos (Pemex), corrupción en Comisión Federal de Electricidad (CFE) y recientemente, corrupción en la empresa española OHL y la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, en la anterior administración.

Prosiguiendo con el escándalo de Ficrea, la línea 12 del metro, las propiedades del exgobernador de Oaxaca, José Murat, la cancelación de la licitación del tren rápido México – Querétaro, las mochadas de diputados e todos los grupos parlamentarios en el Congreso y, por supuesto, la casa blanca y la casa de Malinalco.

Ya que estamos en plenas campañas políticas, hay partidos políticos, como el verde, que les es más redituable violar la ley y pagar. Pero ojalá el tribunal electoral confirme la multa impuesta por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por 329.4 millones de pesos, por haber recibido aportaciones en especie de sus legisladores federales, corrupción al fin. Queda pendiente la petición que ciudadanos hicieron por la vía del portal change.org para retirar el registro a ese partido, por las violaciones reiteradas al colocar propaganda electoral en elementos de la vía pública, sin pudor alguno.

Estos temas y los que salen a colación son denunciados por el grado de corrupción que es transparentado, mostrando la vulnerabilidad de los procesos y sistemas de las instituciones, pudiendo haberse evitado con controles adecuados y con estrictos estándares de transparencia y vigilancia.

Esta misma vigilancia es la que no concuerda. Mire usted. Mientras el Gobierno solo puede ser auditado una vez al año, mediante el mecanismo instituido por la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, usted como constribuyente es auditado cuantas veces sea necesario y requerido por la autoridad fiscal.

Lo anterior es injusto, toda vez que por razones políticas casi siempre es que trasciende la corrupción en dependencias del gobierno y no como un acto como consecuencia de la prevención que podría generar la transparencia, en los controles y estándares de la anticorrupción.

Es un problema de seguridad nacional, porque está nutrido del componente social, quien participa activamente en su realización, así como del componente económico o material, como objeto de intercambio.

lunes, 4 de mayo de 2015

Jalisco en código rojo

El viernes 1 de mayo tuvo lugar más de 40 puntos de conflicto, entre vehículos siniestrados, comercios, gasolineras y sucursales bancarias incendiadas, producto de la reacción a la implementación del operativo Jalisco de las fuerzas federales, para presuntamente detener un capo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Jalisco.

El CJNG sacó a relucir su capacidad de fuego al derribar el helicóptero del ejército mexicano, con un lanza cohetes. Pero además, vino a demostrar la capacidad de organización, de logística y de despliegue operativo del CJNG, al poner en crisis de seguridad 25 ciudades de Jalisco, su zona metropolitana en Guadalajara y algunas ciudades de Michoacán, Guanajuato y Colima.

En el campo político vino a evidenciar que el Primer Mandatario, Aristóteles Sandoval, conocía del operativo al exhortar a sus servidores públicos de primer nivel, a no abandonar la entidad desde un día antes. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Jalisco hicieron pronunciamientos el mismo viernes, para condenar los hechos o para apoyar al Ejecutivo del Estado. El PRI en Jalisco mantuvo un silencio, y por tanto, es posible que la clase política de su partido, así como sus candidatos, hayan dejado sólo políticamente al Primer Mandatario de Jalisco.

En el campo económico se calcula que las pérdidas materiales, ascienden a unos 550 millones de pesos. Los soldados y elementos de seguridad que fallecieron, seguramente fueron recibidos en el glorioso santo sanctorum de la República por algún héroe de la independencia.

En el campo de seguridad evidenció que las fuerzas federales no le confían la seguridad a la Fiscalía General de Jalisco (FGE), en el que se presume que Nájera no comparte información de inteligencia.

El modelo de seguridad en Jalisco implementado por Luis Carlos Nájera, desde que fue Secretario de Seguridad Pública en Jalisco y que se basa en técnicas policiales, tácticas de seguridad, de inteligencia, doctrina de seguridad y operativos, ha sido superado y por tanto, él y sus mandos no tienen nada más que ofrecer a la ciudadanía de Jalisco.

Cuenta con mandos formados en la amistad o en la improvisación, enquistados  así como él desde hace 9 años, carece de doctrina de seguridad propia y casi la mitad de su estado de fuerza, calculado en unos 19 mil policías locales y municipales, reprobaron las pruebas de control y confianza, cuya producción de delitos de alto impacto, como los desaparecidos, coloca a Jalisco en el segundo lugar del país.

El CISEN recomendó remover a un mando de seguridad de la zona metropolitana de Guadalajara, recomendado por el Fiscal Nájera. Esto no es cosa menor. El propio Luis Carlos Nájera tiene señalamientos de proteger al CJNG, así como una recomendación en la Comisión de Derechos Humanos, por la muerte de un preso, principalmente.

Por lo anterior, todos los mandos de la FGE deben renunciar y el titular, además, debe someterse a investigación en el Ministerio Público Federal, y se deben nombrar nuevos mandos comprometidos con el estado de derecho.

Los campos señalados estaban seriamente vulnerados, razón por la cual, la Federación implementó el operativo Jalisco para contener el avance de la delincuencia.

En el control de daños en medios nacionales y en la rueda de prensa a la que convocó el titular de la Fiscalía, sólo se remitió a señalar las estadísticas de los daños, y careció de un ejercicio autocrítico a su desempeño o de propuesta para evitar nuevamente en lo futuro sucesos de este tipo.

Al decadente modelo de seguridad de Luis Carlos Nájera, titular de la FGE, se le agrega las deficiencias en el modelo de información del gobierno de Jalisco, y que en la anterior crisis cuando el CJNG dio muerte a 15 policías de la FGE, un mando intermedio fue quien salió a medios a informar lo que le correspondía al Primer Mandatario o al Fiscal Nájera.

Hay quien afirma que Jalisco podría ser el nuevo Michoacán. No se descarta.

Los soldados y elementos de seguridad que fallecieron, seguramente fueron recibidos en el glorioso santo sanctorum de la República, por la “Dulcísima Madre de la Patria”.

Nos referimos a Leona Vicario, -la primera mujer periodista de México-, quien con recursos propios, suministraba provisiones de boca y guerra al ejército insurgente, convencía a los mejores armeros vizcaínos que se unieran a la guerra de independencia, distribuía la correspondencia rebelde, recibía en su casa a los jefes insurgentes, ayudaba a las familias de los apresados y era miembro de la sociedad secreta de Los Guadalupes, protectora de los rebeldes.

Al ser descubierta e interrogada por el inquisidor Matías Monte Agudo, dice de Leona Vicario, que “No tembló ni un ápice ante mi presencia ante mis amenazas de prisiones, castigos, de excomuniones... ¡Y me sostenía la mirada!”.

Fue rescatada de su cautiverio y se unió al ejército de Morelos, en compañía de su esposo, Andrés Quintana Roo, pero vivió entre penurias: su criada, María de Soto Mayor, señala que “Perseguía la niña Leona para limpiarle los mocos y lavarle la cara, a Juanito Nepomuceno, el hijo del señor Morelos”.

A su muerte y en las comparecencias de la Comisión para declararla como “Dulcísima Madre de la Patria”, nunca antes se había visto llorar a un Benemérito de la Patria, pero su esposo, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demostró que los héroes también son humanos: “¡Le he dado todo a mi patria! ¡Todo! ¡La vida misma  le daría! ¡Pero no la de Leona!”.

En las deliberaciones de los vocales, uno de los escribanos de la comisión -el bachiller de apellido Lerdo de Tejada- fue felicitado por el presidente Santa Anna, quien lo invitó a participar en política, pero se negó y firmó su acuerdo por escrito.

30 años más tarde la vida le cambió a ese bachiller de nombre Sebastián, al ser Presidente de la República.