Parece que la recién resucitada
Secretaría de la Función Pública (SFP) no es, ni será, un dolor de cabeza para
la clase política, al ser sorprendida en actos de corrupción.
Esto según la sanción que recibió el
exdirector de la Comisión Nacional del Agua (CNA), David Korenfeld, al ser
sujeto de una sanción por 638 mil 653.33 pesos, que equivale a tres veces el
daño causado y el beneficio obtenido, por el uso personal de un helicóptero
oficial de la CNA.
Además, la flamante dependencia dirigida
por el ex consejero electoral Virgilio Andrade Martínez, no inhabilitó a
Korenfeld, por lo que tranquilamente, sin pena ni gloria, podrá volver a ocupar
un cargo en la administración pública.
La clase política sabe perfectamente que
el sistema anticorrupción en nuestro país no está diseñado para procesar y
llevar a la cárcel a los servidores públicos que en el ejercicio de sus
funciones, cometan delitos en contra del buen desempeño del servicio público.
Así han transcurrido 14 años en la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que ha documentado 458
expedientes y sólo se han consignado a 7 presuntos responsables de delitos;
cuando sólo en el Senado la ASF documentó en febrero pasado que se omitió
comprobar 1,200 millones de pesos, como si se tratara del cambio de las
tortillas, caray.
Ejemplos van y vienen. El caso
Oceanografía en Petróleos Mexicanos (Pemex), corrupción en Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y recientemente, corrupción en la empresa española OHL y la
Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, en la anterior
administración.
Prosiguiendo con el escándalo de Ficrea,
la línea 12 del metro, las propiedades del exgobernador de Oaxaca, José Murat, la
cancelación de la licitación del tren rápido México – Querétaro, las mochadas
de diputados e todos los grupos parlamentarios en el Congreso y, por supuesto,
la casa blanca y la casa de Malinalco.
Ya que estamos en plenas campañas
políticas, hay partidos políticos, como el verde, que les es más redituable
violar la ley y pagar. Pero ojalá el tribunal electoral confirme la multa
impuesta por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por
329.4 millones de pesos, por haber recibido aportaciones en especie de sus
legisladores federales, corrupción al fin. Queda pendiente la petición que ciudadanos
hicieron por la vía del portal change.org para retirar el registro a ese
partido, por las violaciones reiteradas al colocar propaganda electoral en
elementos de la vía pública, sin pudor alguno.
Estos temas y los que salen a colación
son denunciados por el grado de corrupción que es transparentado, mostrando la
vulnerabilidad de los procesos y sistemas de las instituciones, pudiendo
haberse evitado con controles adecuados y con estrictos estándares de
transparencia y vigilancia.
Esta misma vigilancia es la que no
concuerda. Mire usted. Mientras el Gobierno solo puede ser auditado una vez al
año, mediante el mecanismo instituido por la Cámara de Diputados a través de la
Auditoría Superior de la Federación, usted como constribuyente es auditado
cuantas veces sea necesario y requerido por la autoridad fiscal.
Lo anterior es injusto, toda vez que por
razones políticas casi siempre es que trasciende la corrupción en dependencias
del gobierno y no como un acto como consecuencia de la prevención que podría
generar la transparencia, en los controles y estándares de la anticorrupción.
Es un problema de seguridad nacional,
porque está nutrido del componente social, quien participa activamente en su
realización, así como del componente económico o material, como objeto de
intercambio.
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