Liberan salario

La Cámara de Diputados aprobó retirar de la Constitución, como referencia y unidad de medida, al salario mínimo. Es una medida positiva, por cuanto se podría comenzar a liberar el salario y que el patrón pueda comenzar a aumentar su dotación.

Hasta ahora hay empresarios que han encontrado en el salario mínimo, la excusa para no aumentar el costo del trabajo de un empleado, argumentando que al hacerlo, se carece de competitividad. Lo cierto es que hay empresarios que omiten un aumento al salario, con tal de ver incrementado sus propios ingresos, en vez de ponerse un sueldo base.

Durante la discusión de este tema en la Cámara Baja, sobraron los que quisieron adjudicarse la paternidad de esta iniciativa, y en contraste, nadie quiso hacerse cargo del costo político de haberlo implementado, desde hace casi 40 años, con las repercusiones que ello ha implicado.

Sin embargo y como próximamente será las negociaciones para establecer el salario mínimo para 2016, es posible que el aumento al salario signifique sólo unos cuantos pesos en contraste con los aumentos generalizados en los precios de los bienes y productos de consumo de primera necesidad.

El salario mínimo se asocia con el pago de pensiones que ha existido en nuestro país desde siempre. Es decir, mientras que unos trabajan para obtener el sustento diario, en el otro caso son legados por actos patrióticos. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1953, el Congreso de la Unión aprobó el pago de una pensión de 15 pesos diarios, a Agripina Hidalgo, por el sólo hecho de ser descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, quien llevaba 142 años de haber sido fusilado.

El 9 de enero de 1934 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del presidente Abelardo L. Rodríguez, por el que quedan extinguidas las pensiones que disfrutaban, con cargo al erario público, los sucesores en décimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle; ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II, cuya erogación fue implementada desde tiempos de la colonia española y respetada en 1821, cuando el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma”.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.

A su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare a la pobreza.

El 27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres hijos, a la causa de la independencia.

Por otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de México.

Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar sueldos estratosféricos que rayan en la ofensa para la inteligencia de cualquier ciudadano, como los de algunos servidores públicos. No se critica el derecho a devengar un emolumento, pero “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala": dicho por Benito Juárez.

El buen fin del sexenio

Como usted sabe, de unos años a la fecha se ha instituido un fin de semana en el que presuntamente los establecimientos comerciales ofrecen sus productos a un precio inferior.

Esta medida ha demostrado una ineficacia, cuando con anticipación suben precios para ofrecerlos a un precio inferior, a manera de oferta.

Pero mire usted, parece que hay quien no tiene un buen fin, sino un buen sexenio, porque existen personajes que la suerte ronda su vida política y como el rey midas, hacen oro todo lo que tocan.

Mientras que la ciudadanía le agravia y debe de vivir muy frecuentemente o quizás diario, entre la pobreza, la corrupción, el desempleo, el fracaso educativo, la desigualdad, los fraudes, la impunidad, la delincuencia, la injusticia, la violencia, la partidocracia, las mentiras, los moches, el despilfarro y la opacidad, entre otros temas, a la clase política le agravia la crítica, el señalamiento, la transparencia y la denuncia pública.

Un estudio hecho por el CIDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado “México:Anatomía de la corrupción” incorpora una gráfica de la comparación de corrupción de gobernadores de México y Estados Unidos, de 2000 a 2013.

La gráfica indica que mientras en Estados Unidos en ese periodo hubo nueve gobernadores acusados, con los mismos casos investigados y con las mismas detenciones, en México hubo 41 gobernadores acusados, 16 de ellos investigados y sólo 4 detenidos, exponiendo lo deficiente del sistema anti impunidad mexicano. Eso, es tener un buen sexenio, en el que la impunidad es patente para ejercer el poder.

Un solo ejemplo que quizás sea representativo del agravio ciudadano lo constituye, la injusta distribución de la riqueza, que podría generar o coincidir en factores de corrupción, por la vía del régimen de consolidación fiscal.

Dicho régimen se aplica para las grandes empresas y consiste en la deducción de perdidas contra ganancias acumuladas por impuestos, mediante la adquisición premeditada de una empresa con pérdidas y mantenerla de esa manera, para demostrar a la SHCP sus mermas y deducirlas de sus utilidades. Este parte del modelo bajo el que funciona los corporativos que para deducir impuestos, crean una fundación filantrópica o una asociación, como el Teletón México, que ha sido seriamente cuestionado por Naciones Unidas.

Otro ejemplo son las facilidades fiscales a grandes corporativos. Entre el 2000 y el 2005 los 50 grandes contribuyentes -de empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron sólo 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), en promedio.

Aquí es muy probable que en el anterior supuesto se encuentren las empresas del próspero empresario recipiendario de la medalla Belisario Domínguez, y que “El Palacio de Hierro” pudiera haber pagado la módica cantidad de 67 pesos de IVA, entre 2000 y 2005. Esto podría explicar la gratitud al recibir el galardón del Senado, cuyo espíritu ha quedado lejos del honor de Estado, bajo los más nobles principios enarbolados por los grandes hitos de este país, en lo que parece que el poder político hace reverencia al poder económico.

Bien. Este sistema hacendario funciona porque existe una estructura fiscal diseñada para omitir información y generar canonjías a discreción. La percepción del agravio en materia tributaria también es palpable e incide en el ánimo de la ciudadanía.

Para el campo político, si no hay perdón para ciudadanos que pagan impuestos, tampoco lo debe haber para servidores públicos deshonestos, que hayan abusado de sus funciones, para quienes parece que el buen fin se transforma en buen sexenio.

No sólo eso. En la administración pública se enquista una camada de personajes, herederos de los beneficios del buen sexenio. Se trata de mirreyes o ladys que ocupan cargos públicos de responsabilidad, y que los problemas de política pública que conocen se circunscriben a los de su círculo de vida en Lomas o Tecamachalco en la ciudad de México; Cumbres o San Jerónimo en Monterrey, N.L. o Colinas de San Javier o Valle Real en Guadalajara, en las que desconocen que hay vida afuera de estas colonias, despreciando todo aquello que tenga que ver con lo social.

En este nicho podrían encontrarse directores de área, secretarios particulares, asesores o consultores, algunos de ellos pubertos maleducados, recién egresados de alguna facultad, quienes a falta de talento político lo substituyen con dosis de desinterés, descortesía y hasta majadería, cuyo única preocupación es elegir el próximo destino en sus vacaciones, ya sea de playa o de ciudad, exótico o conservador.

Algún país de Europa o Asia posiblemente será el mejor refugio para descansar de unas duras jornadas de trabajo, luego de la extenuante tarea de atender al público. No conocen límites y en el mejor de los casos, podrían ser promovidos para algún cargo de elección, porque no se les da convivir con la ciudadanía, motivo para devengar su salario.

Para ellos, un buen fin de semana es el cambio de las tortillas, por supuesto.

Entre el debate social y político

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitió en un polémico debate, que cuatro personas puedan consumir mariguana para uso recreativo.

Cabe dentro de lo polémico, porque el Código Penal Federal señala penas de 10 a 25 años de cárcel, a quien produzca, trafique o recete sin licencia, algún narcótico. Lo aprobado por la SCJN no incluye venta, distribución ni suministro. Sólo el consumo por el cual se ampararon.

Además en el debate sobre su apertura han participado intelectuales, académicos y políticos, quienes han opinado sobre la conveniencia o lo perjudicial de la medida en la sociedad.

El texto del dictamen en la SCJN argumentaba que el consumo lúdico de la droga “debe ser autorizado para respetar el régimen de libertades personales”, de quienes promovieron el amparo de la justicia federal.

Lo cierto es que la apertura del tema ha causado todo un revuelo en la opinión pública, de tal forma, que hay quien considera que se trata de una apertura en la política de drogas del gobierno mexicano, cundo en realidad, está lejos de ser una politica.

La aprobación se encuentra entre las políticas de seguridad y combate a la delincuencia, porque hay voces que expresan su preocupación en este sentido.

Se dice que al liberalizar la venta de mariguana, tendrá un efecto como en la economía, de tal forma que su venta al detalle terminaría con los expendios y vendedores clandestinos en calles de distintas localidades. Este burdo modelo de economía de la droga ha observado un retroceso del mercado ilegal de mariguana en Uruguay.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) se ha incorporado al debate, para señalar que no es verdad que una eventual legalización total del consumo pueda frenar el narcotráfico a gran escala. El éxito en el ejemplo de Uruguay en contraste con el posicionamiento de la UNPF, dependen de factores políticos, económicos y sociales para su éxito.

Hay quien señala también que su libre comercio podría generar una nueva ventana de oportunidad para la delincuencia, quien encontraría en esta política, la oportunidad para legalizar su venta, con ganancias millonarias.

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) refleja que el 60% de los presos en las cárceles mexicanas, tienen sentencias por delitos contra la salud, en su mayoría, con el transporte de droga. Esto arroja como consecuencia que la política de drogas esté enfocada a la detención de traficantes menores y consumidores, lo que implica una carga al deficiente sistema penitenciario mexicano.

Mientras que el debate social y político se ha centrado en la ilegalidad de su consumo, en lo que parece que se ha olvidado de lo dañino que puede resultar el exceso en su consumo, con algunas excepciones.

Hay un caso de excepción, en el que un juez en Monterrey aprobó el uso de la mariguana para combatir el síndrome de lennox-gastaut en una niña de ochos años de nombre Graciela, cuya enfermedad estaba caracterizada por las constantes convulsiones que padecía la menor, hasta 400 crisis en un día. En este caso parece que el éxito consistió en importar un aceite hecho a base de mariguana, que no tiene efectos psicoactivos.

No hay certeza de los efectos económicos generados en torno a su legalización. Lo cierto es que México carece de políticas integrales de primer mundo en políticas sociales o económicas, que le permitan implementar una liberalización y consumo regulado, como en Estados Unidos y Holanda en Europa.

Además de la cantidad en el consumo, se encuentra el impacto que cada organismo resienta por su consumo, que se traduce en efectos psicotrópicos que alteran la psiquis del individuo, causantes de delitos.

El derecho en el consumo que exigieron cuatro personas a la

SCJN, ha abierto una gran polémica social y política.

Un frente de crisis en la ciberdelincuencia

La elaboración de una iniciativa de Ley es un proceso que lleva una exhaustiva investigación, para conocer el estado real del asunto que desea reformarse.

Pero además, tratándose de materia penal, debe incorporarse nuevas hipótesis jurídicas para que el juzgador tenga elementos en los cuales, su juicio pueda basarse en una tipología que el legislador le señala, de otra forma, puede incurrirse en el principio de “donde el legislador no precisa, el juzgador no distingue”, y con ello podría desvirtuarse el espíritu de la norma.

No solo esto. Por la trascendencia de la norma valdría la pena convocar a estudiosos de diversas materias u organizaciones no gubernamentales, a efecto de escuchar su opinión, respecto de la iniciativa que pretende aprobarse, para que vaya lo más consensuada posible con ámbitos académicos o civiles.

Parece que tal fue el caso de la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos que fue presentada en sesión del 27 de octubre pasado por el senador Omar Fayad, y que hasta el momento se tiene registradas unas 25 mil firmas en el portal change.org a efecto de que sea retirada.

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales considera que es delito usar la computadora y tirarla a la basura, utilizar códigos y hasta arrobar en la red social twitter a una persona o figura pública.

Por ejemplo, el artículo 17 de dicha iniciativa, señala que “A todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente”.

Este grupo afirma que el anterior artículo se incluiría actualizar el software, bajar un programa o aplicación, usar la computadora de cualquier forma –que es en esencia-, una alteración del funcionamiento de un sistema informático.

Otro artículo polémico se encuentra en el numeral 21 de la citada iniciativa, y que señala que “A quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.

El anterior artículo podría interpretarse como que quien arrobe en Twitter o se refiera en Facebook podría cometer el delito de “intimidación” e ir a la cárcel. Incluye la crítica a servidores públicos.

Desde luego, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y toda la furia de aficionados a redes sociales, se volcaron con el hashtag #LeyFayad para criticar, ridiculizar con memes y denostar un ejemplo de mala consulta a la ciudadanía.

El mismo Fayad salió a medios, para señalar que si es necesario, él mismo “corregiría, quemaría o quitaría” (sic), la iniciativa que fue señalada como de la autoría del PRI.

Luego entonces y ajeno a combatir lo que podría ser la ciberdelincuencia, se produjo un frente de crisis por un deficiente manejo en el lenguaje técnico, que podría arrojar como consecuencia, la pérdida de la candidatura a la gubernatura de Hidalgo para Fayad por su partido.

Las crisis del huracán

Como usted sabe, el viernes pasado el Gobierno Federal y el de los estados e Jalisco, Colima y Nayarit, principalmente, tocaron las alarmas ante la presencia del mega huracán “Patricia” que auguraba grandes destrozos y pérdidas, por el primero con categoría de 5, y si hubiera, superior a la escala en que se miden estos fenómenos.

De inmediato se activaron las medidas y protocolos de protección civil, y se abrieron refugios temporales para dar albergue a alrededor de 7 mil personas, cuya vulnerabilidad requirió de darles protección.

El mundo observaba las previsiones que tomaba nuestro país, e incluso, envió científicos de diversos países, a analizar el fenómeno poco visto en el mundo.

Conforme transcurría el viernes, la angustia por conocer el desenlace de esta historia se vertía en los preparativos de la ciudadanía, para volcarse en ayuda para los afectados.

Afortunadamente, las condiciones geográficas y geológicas de nuestro país, fueron suficiente para que encontrara una resistencia natural, en la Sierra Madre, y rápidamente desvanecer la furia que pronosticaba una tragedia.

La geología de la Sierra Madre fue una barrera de contención natural y por tal motivo, todos los daños que se habían previsto, se redujeron a daños materiales que pueden ser sustituibles.

Pero ante el arrastre informativo que produjo el fenómeno hidrometeorológico y los temas coyunturales, hubo quien aprovechó el momento para tratar de desvirtuar la información, y con ello, a la opinión pública.

La desinformación llegó a extremos, de señalar que en su intento por escapar de una nueva recaptura, Joaquín Guzmán “El Chapo” había caído al vacío y podría haber muerto.

Otra desinformación señalaba que la Cámara de Diputados había aprobado un aumento a las gasolinas, de 4.56 pesos por litro, para provocar el descontento hacia la clase política.

Una más señalaba la extensión del plazo en el apagón analógico, previsto para el 31 de diciembre próximo.

Y así, circularon teorías de conspiración, hipótesis de robo y corrupción, entre otras más.

Las teorías más audaces señalaban que el Gobierno provocó esta tragedia informativa, para utilizarla como distractor y ocultar uno de los datos señalados o quizás algo mayor.

No hubo especulaciones sobre víctimas del huracán. Fue respetado.

Por tal motivo, el valor de la información se instituye como un bien el dominio público para el servicio de la ciudadanía.

Del valor correcto que se le otorgue a la información, es posible que dependa la seguridad de las personas o de una nación.

Mientras tanto, la certeza que se tiene es que el Gobierno Federal y los de las Entidades Federativas  trabajaron de manera coordinada para prevenir los daños del huracán más poderoso del que se haya tenido registro.

Las crisis que trataron de insertar en la opinión pública, no prosperaron.