Crónica de una muerte anunciada

Aún cuando el título de estas líneas abarca el de un célebre libro escrito por Gabriel García Márquez, la versión original trata de la historia de amor entre Bayardo San Román y Ángela Vicario y el pobre Santiago Nasar, que se desarrolla en un poblado de llamado Manaure. Más allá de del argumento literario, el título nos remite a un suceso ya esperado, como lo es, el cese del Rector de la Universidad de Guadalajara UdeG, Carlos Briseño Torres, acaecido en el transcurso de la sesión del Consejo General Universitario, el pasado viernes.

Entre un acalorado debate con mutuas acusaciones, poco más de 140 Consejeros de un total de casi 160, votaron a favor de cesar en sus funciones a Briseño Torres, y en su lugar, designaron a Marco Antonio Cortés Guardado como Rector General de la máxima casa de estudios de Jalisco. Poco antes, la mayoría de Consejeros modificó la orden del día, pese a las constantes negativas del depuesto Carlos Briseño y su equipo cercano de colaboradores, aun cuando Briseño Torres presentó un recurso de amparo ante el juez tercero de distrito en materia administrativa para no ser destituido, sin embargo, cualquier amparo sirve sólo para contener violaciones a las garantías individuales plasmadas en la Constitución.

En un momento en que abandonó el Paraninfo de la UdeG, Briseño Torres convocó a rueda de prensa en un hotel de Guadalajara, en la que insistió “soy el Rector”, argumentando que –presuntamente- no fue destituido en un procedimiento legal, y que iniciará procedimientos penales en contra de los 144 consejeros que votaron a favor de su destitución, pues según Briseño Torres, se había incumplido la orden de amparo de un juez federal, pero, toda asamblea, mayoritaria, es soberana y, entre otras cosas, libre de modificar su régimen en el momento en que así lo determine. No hay poder en el mundo que modifique este principio básico de la ciencia política.

He aquí un ejemplo. Una asamblea libre y soberana, como la anterior, fue la que destituyó a “Su Alteza” Agustín de Iturbide, quien del 19 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823, se convirtió en emperador de México, con una serie de atribuciones meta constitucionales que provocaron el enojo del pueblo de México.

Iturbide, militar que perteneció al ejército realista y que combatió a los insurgentes, como Hidalgo, Morelos y Vicente Guerrero, fue acusado por altos oficiales de su mismo ejército, de mantener la lucha para generar beneficios económicos para sí mismo, a través de operaciones fraudulentas. Las denuncias acumuladas en su contra, sumadas a nuevas protestas de los comerciantes de Guanajuato, llevaron al Virrey Félix María Calleja a destituirlo en 1816, sin elevarlo al grado de General, y además, fue acusado de malversación de fondos junto con el de abuso de autoridad.

Unos meses antes de la consumación de la independencia, en 1821, Iturbide aún combatía en contra de los insurgentes. Unos meses después, se alió con Vicente Guerrero para unirse a la causa independentista.

El 24 de agosto de 1821, Iturbide firmó los Tratados de Córdoba que decretaban la formal separación de España, pero fueron desconocidos por el gobierno de la península ibérica. De regreso a la ciudad de México y a su paso por la ciudad de Puebla, hizo una entrada triunfal con su Ejército, lugar en el cual, las monjas del convento de Santa Mónica le ofrecen un banquete, y en su intento por complacerlo, las religiosas crearon los chiles en nogada para festejarlo.

Por sus abusos, el Congreso declaró la nulidad de la coronación de Iturbide, siendo destituido como monarca y enviado al exilio a Italia. También se decretó que cualquier persona que lo llamara “Su Alteza” sería tratado como traidor, además, todo lo que había sido denominado imperial, sería substituido por nacional, entre otras cosas. Después, en 1835 y por acuerdo de la mayoría legislativa que era ideológicamente afín al controversial Iturbide, el Congreso aprobó que el nombre de su “Alteza”, fuera inscrito con letras de oro en el salón de sesiones del Congreso, hasta 1921, ya que la Cámara de Diputados acordó eliminarlo de tan honrosa distinción, por considerarlo indigno en sus acciones y sin los merecimientos necesarios.

Hubo un intento de la diputación federal del Partido Acción Nacional, por incluir, nuevamente, el nombre del seudoemperador en letras de oro. Durante el desarrollo de la sesión solemne del Congreso del 23 de septiembre de 1971, en la que se develó en letras de oro, la máxima de Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”, el intento de los legisladores fracasó, al ser rechazada consecuencia del emocionante debate histórico de los diputados Francisco Ortiz Mendoza, Jesús Arroyo Alanís y el jalisciense Abel Salgado Velasco, quienes demostraron que Iturbide, por sus actos citados, fue un traidor y oportunista a los ojos del pueblo.

El rey ha muerto. Viva el rey.

Acuerdos

En los 75 puntos que contiene el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que firmaron todos los gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal junto con los titulares de los 3 Poderes de la Unión, el jueves 21 de agosto pasado, se asumen responsabilidades que abarcan plazos, desde 3 meses hasta 2 años en su ejecución, con el compromiso de revisarlos en 100 días, para verificar su progreso; en un intento por controlar el avance de la delincuencia en el país y disminuir los índices delictivos, problemática calificada como de seguridad nacional.

El Legislativo se comprometió a dar trámite al paquete de iniciativas que presente el Ejecutivo Federal, además, de impulsar una Ley de General del Delito de Secuestro, una Ley de Ejecución de Sanciones Penales, entre otras disposiciones; por otra parte, y de acuerdo a las atribuciones de la Cámara Baja, procurará que las prioridades presupuestarias fortalezcan los programas y acciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

A este evento asistió el empresario Alejandro Martí, padre del menor secuestrado, quien con un elocuente y claro discurso, pidió a las autoridades reunidas en Palacio Nacional, a que quien se sienta superado por la inseguridad, que renuncie. Así de simple.

Por otra parte, al clamor de paz se suma la petición de libertad de la madre de Silvia Vargas Escalera, hija del ex director de la Comisión Nacional del Deporte, Nelson Vargas, dirigida a quienes privaron de la libertad a su hija, desde el 10 de septiembre de 2007, y de la cual no hay noticia hasta el momento.

También, mientras que el gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, ha dado a conocer que impulsará la pena de muerte en ese estado, esta práctica ya se realizaba en nuestro país desde siempre, pero en 1835 se promulgó la Ley sobre el modo de juzgar a los ladrones homicidas y sus cómplices, como una de las primeras garantías de certeza jurídica al proceso, además que ya se prohibía dar de alta en el Ejército a los condenados o utilizarlos en fajinas militares.

Fue hasta la Constitución de 1857 que en su artículo 23, se sentenciaba a pena de muerte, al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley, excluyendo de la pena capital a los delitos políticos.

Por causas políticas es que Miguel Hidalgo y Costilla, fue entregado al gobierno español para ser fusilado el 30 de julio de 1811, sin ninguna de las prerrogativas y beneficios en que antes se amparaba cualquier reo.

En un edicto inclemente del Santo Oficio, Hidalgo fue excomulgado el 24 de septiembre de 1810 por Manuel Abad y Queipo, Obispo de Valladolid -hoy Morelia en Michoacán- sanción que fue ratificada por los obispos de la capital mexicana y de Guadalajara.

El decreto de la Inquisición sentenciaba en uno de sus párrafos: “…Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en dondequiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber; en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado; estando acostado o andando, mingiendo o cantando, y en toda sangría. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes; en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos…” .

Por último, el proceso por el que la Iglesia Católica lo degradó, se llevó a cabo el 29 de julio de 1811, en el que le rasparon la piel de la cabeza que había sido consagrada, como cristiano y sacerdote, con el santo crisma. También le arrancaron la yema de los pulgares e índices de las manos que habían sido consagradas el día de su ordenación. Además, lo hicieron abjurar, lo vistieron con sus ornamentos, lo despojaron de ellos y lo maldijeron. Actualmente, historiadores e investigadores, así como diputados y senadores, han pedido a la Arquidiócesis de México y a El Vaticano, conocer el estado que guarda la excomunión de Hidalgo, Morelos y demás insurgentes, para rehabilitarles su dignidad sacerdotal.

México es una sociedad moderna y contemporánea. Merecemos vivir en paz, pero el homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al que se que refería el Constituyente de 1857, y que imprime un sello de crueldad innecesaria, merece un trato distinto, que aquel que delinque, quizás por necesidad pero sin lastimar a sus víctimas, directas o indirectas.

Adiós al día del presidente

El Constituyente Permanente, integrado por las cámaras del Congreso de la Unión y por las Legislaturas de las Entidades Federativas, ha determinado modificar el artículo 69 constitucional, para que en lo sucesivo, el presidente de la República deje de acudir a rendir su informe sobre el estado que guarda la administración a su cargo, cada primero de septiembre, en que se abre el primer periodo ordinario de sesiones legislativas, y se limite a enviar el texto de su informe.

Quizás la gota que derramó el vaso para que los legisladores aprobaran esta moción, fue aquel septiembre de 2006, cuando por las circunstancias poselectorales del momento, el expresidente Vicente Fox llegó a San Lázaro, con pleno conocimiento de que la tribuna se encontraba tomada por legisladores afines al ex candidato Andrés Manuel López Obrador, pensando que podría presentar su informe, cosa que no sucedió y se convirtió en el primer presidente de México que no pudo cumplir con su obligación constitucional.

Además, se reformó el artículo 93 constitucional, dejando vigente la obligación de los secretarios de Estado y directores de las entidades paraestatales, para que asistan al llamado del Congreso para la glosa del informe, pero se integra la figura llama pregunta parlamentaria, para que los servidores públicos, bajo protesta de decir verdad, respondan a los cuestionamientos de los legisladores.

Con estas reformas se terminaron las vergonzosas interpelaciones al presidente, que entre una extraña combinación de aplausos, gritos y abucheos, intentaba presentar su informe, momentos difíciles que ahora serán trasladados a sus subordinados.

Una vez proclamada la independencia, el autodenominado emperador Agustín de Iturbide, fue el primero en ofrecer al Congreso el resultado de su gobierno mediante dos informes: uno en noviembre de 1822 y el otro en marzo de 1823, y además, los entonces ministerios de Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Hacienda Pública y, por último el de Guerra, hacían lo propio ante el Congreso mediante la presentación de memorias de trabajo; quienes aprovechaban para gestionar sus intereses por conducto de los oradores del gobierno.

Como anécdota: por acuerdo de la mayoría legislativa, que era ideológicamente afín al controversial Iturbide, el Congreso aprobó en 1835 que el nombre de su “Alteza”, fuera inscrito con letras de oro en el salón de sesiones, hasta 1921, ya que la Cámara de Diputados acordó eliminarlo de tan honrosa distinción, por considerarlo indigno en sus acciones y sin los merecimientos necesarios.

Hubo un intento de la diputación federal del Partido Acción Nacional, por incluir, nuevamente, el nombre del seudoemperador en letras de oro. Durante el desarrollo de la sesión solemne del Congreso del 23 de septiembre de 1971, en la que se develó en letras de oro, la máxima de Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”, el intento de los legisladores fracasó, al ser rechazada consecuencia del emocionante debate histórico de los diputados Francisco Ortiz Mendoza, Jesús Arroyo Alanís y el jalisciense Abel Salgado Velasco, quienes demostraron que Iturbide, por sus actos, fue un traidor y oportunista a los ojos del pueblo.

Prosiguiendo, el artículo 68 de la Constitución de 1824, preveía que el presidente de la federación –así denominado- asistiera el primero de enero de cada año, a la apertura del periodo ordinario de sesiones y pronunciara un discurso relativo a este acto, pero no para informar. Formalmente, la obligación para que el presidente de la República asistiera a informar al Congreso, data de la constitución de 1857 en su artículo 63.

Durante el mandato del presidente Porfirio Díaz, los informes presidenciales se presentaban en 2 ocasiones ante el Congreso: durante la apertura de sus sesiones ordinarias, cada 16 de septiembre; posteriormente el constituyente de 1917 le asignó al artículo 69 de la Carta Magna dicha obligación, mismo que fue reformado en 1923 y en 1986, con cambios de forma que conservaron el espíritu del Constituyente, hasta la del 15 de agosto de 2008.

Ojalá el nuevo esquema de la pregunta parlamentaria, sea lo suficientemente verás y dinámica, para conocer los pormenores de los informes que entregue el Ejecutivo Federal, mientras tanto, la diputada perredista Ruth Zavaleta Salgado, se viste de gloria por haber sido la última mujer en recibir un informe de gobierno, el primero de Felipe Calderón, aunque sus principios políticos no le permitieron contestarlo y quien, para muchos, se lleva las palmas por el papel desempeñado, de manera institucional, en el ejercicio de la presidencia del Congreso y de la Cámara de Diputados, depositado en su persona, hasta el 31 de agosto próximo en que concluye.

Se gastan pesos en frivolidades y centavos en lo importante

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la partida presupuestal para pagar las pensiones presidenciales durante el 2008, ascendió a más de 2 mil millones de pesos; dicha partida contempla, además de la pensión mensual vitalicia por 164 mil pesos para cada uno de los cinco Expresidentes de la República, los gastos de operación de infraestructura y vehículos, así como los sueldos del personal que se encuentre a su servicio.

Por otra parte, cada uno de los Ministros retirados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) disfruta de una pensión anual vitalicia de 2 millones de pesos; además de chofer, asistente, aguinaldo de 40 días, seguro de gastos médicos mayores y hasta los viáticos para restaurantes, según lo reveló el periódico “El Universal”, en un ejercicio de transparencia.

Otro antecedente sobre el pago de pensiones, se haya en 1953, cuando el 3 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó el pago de una pensión de 15 pesos diarios, a Agripina Hidalgo, por el sólo hecho de ser descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, quien llevaba 142 años de haber sido fusilado.

El 9 de enero de 1934 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del presidente Abelardo L. Rodríguez, por el que quedan extinguidas las pensiones que disfrutaban, con cargo al erario público, los sucesores en décimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle; ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II; cuya erogación fue implementada desde tiempos de la colonia española y respetada en 1821, cuando el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma”.

Por cierto, la familia de los condes de Miravalle, por conducto de Doña María de las Mercedes Enríquez de la Luna del Mazo Condesa de Miravalle, radicada en Granada, España, insiste para que el gobierno mexicano les vuelva a pasar las pensiones que hasta hace más de setenta años les otorgaba y que les fueron cortadas. Desde 1991 y tras los varios escritos dirigidos a la Embajada Mexicana en Madrid, que han quedado sin respuesta, la familia encargó a Alejandro González Acosta, quien es historiador de la UNAM, para que investigue el tema y estudie la posibilidad de recurrir ante los tribunales para reivindicar sus derechos sobre determinadas propiedades.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.

A su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare a la pobreza.

El 27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres hijos, a la causa de la independencia.

Por otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de México.

Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar pensiones costosas para el Estado mexicano. No se critica el derecho a recibirlas, sino el monto de lo devengado. En México, se necesita más presupuesto para el campo, para incentivar el trabajo; para mejorar la seguridad pública, ya que estamos llegando a los limites de la violencia que tiene cualquier sociedad.

La pena de muerte y las paradojas

Se abre el debate en la agenda pública acerca de la pena de muerte, luego de que el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara Baja, así sentenció a quienes secuestraron y dieron muerte al menor Fernando Martí, después de haber sido privado de su libertad hace más de dos meses y encontrándose su cuerpo el viernes pasado, aún cuando sus padres pagaron un rescate de 6 millones de dólares y el ofrecimiento por otros 2 más, por su liberación.

Además como paradoja, en días pasados se escribió la historia de José Ernesto Medellín, el mexicano sentenciado a muerte en Texas, por la violación y asesinato en 1994, de dos menores de 14 y 16 años, respectivamente, pese a que por gestiones del gobierno mexicano, la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) ordenó detener el proceso hasta analizar si hubo irregularidades en su detención.

No hay iniciativa, pero de presentarse, no sería la primera vez que se instaura la pena de muerte en nuestro país. En vista de tanto bandolerismo y frecuentes asaltos, el gobernador de Jalisco Joaquín Angulo, expidió en 1848, la llamada Ley Tigre, que condenaba a muerte a ladrones y asesinos. Todavía más: ordenó que los cadáveres de los ejecutados, según esa ley, fueran expuestos al público con este letrero: "Así castiga la ley al ladrón y al asesino".

Quizás, la más conocida de las ejecuciones en México, haya sido la de Maximiliano de Habsburgo, cuando México vivió la Segunda Intervención Francesa, de 1864 a 1867, en la que el Presidente Benito Juárez dispuso que la defensa mexicana se dividiera en cuatro grandes cuerpos militares: el del Norte, encabezado por Mariano Escobedo; el del Centro, al mando del general Vicente Riva Palacio; el de Oriente, a cargo del general Porfirio Díaz; y el de Occidente, con Ramón Corona a la vanguardia, para defender Guadalajara, cuando la mañana del 6 de enero de 1864, el pueblo tapatío vio entrar por la calle de Pedro Moreno, al invencible y temido ejército francés de Napoleón III.

Las tropas mexicanas replegaron y vencieron en Querétaro a las fuerzas encabezadas por Maximiliano y sus conservadores. La historia oficial dice que el depuesto emperador fue ejecutado en el cerro de las campanas en Querétaro, junto con los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía, quienes proclamaban su patriotismo al pelear por la causa de los conservadores. A su fusilamiento, Juárez publicó un edicto que decía “…El archiduque Fernando Maximiliano José de Austria, fue hecho justo por las armas el 19 de junio de 1867…”.

Seguido a la ejecución, el cuerpo embalsamado fue enviado a Austria. Cuenta la historia que Maximiliano tenía ojos celestes, pero al ser embalsamado el cadáver, sus ojos fueron retirados y en su lugar se colocaron de cristal. Cuando el ataúd fue abierto, su madre según se dice exclamó: "¡Este no es mi hijo!".

Mientras tanto, en México y en el contexto del triunfo de las armas mexicanas, el Presidente Juárez pronunció el 15 de julio de 1867, un manifiesto de 2 cuartillas, que en su parte medular señalaba: “…Que el pueblo y gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz…”.

Según las hipótesis, Maximiliano habría sido perdonado, en secreto, al ser parte de la hermandad masónica como lo era Juárez, con la condición de vivir fuera de México.

En 1871 apareció en la República de El Salvador, un caballero de nombre Justo Armas, conocido en San Salvador, su capital, por ser una persona de maneras elegantes europeas, hablaba un alemán educado y fluido, entre otros idiomas, y aparentaba poseer un extenso conocimiento de la sociedad de la clase alta Europea y asuntos de la corte, especialmente la de Austria. Para mantenerse, estableció un servicio de banquetes para reuniones sociales de alto nivel.

Este hombre se caracterizó por su buen vestir aunque siempre andaba descalzo, para cumplir una promesa a la Virgen del Carmen, por haberlo ayudado a salir de un momento de peligro de muerte, y juró, no revelar su identidad jamás. Esta teoría implica una improbable, pero no imposible, longevidad para don Justo, quien hubiese tenido 104 años a su muerte en 1936, siempre y cuando el señor Armas haya sido en realidad, el que fue hecho justo por las armas: Maximiliano, nacido en 1832. El secreto sigue vigente.

Desde luego, tan lamentable el caso del niño Martí como el del sentenciado a muerte en Texas. Hay familias que sufren, pero más existe una sociedad dolida por la impotencia de ver que sus autoridades, carecen de congruencia en defender lo indefendible y en postular lo impostulable, por ahora.