El Constituyente Permanente, integrado por las cámaras del Congreso de la Unión y por las Legislaturas de las Entidades Federativas, ha determinado modificar el artículo 69 constitucional, para que en lo sucesivo, el presidente de la República deje de acudir a rendir su informe sobre el estado que guarda la administración a su cargo, cada primero de septiembre, en que se abre el primer periodo ordinario de sesiones legislativas, y se limite a enviar el texto de su informe.
Quizás la gota que derramó el vaso para que los legisladores aprobaran esta moción, fue aquel septiembre de 2006, cuando por las circunstancias poselectorales del momento, el expresidente Vicente Fox llegó a San Lázaro, con pleno conocimiento de que la tribuna se encontraba tomada por legisladores afines al ex candidato Andrés Manuel López Obrador, pensando que podría presentar su informe, cosa que no sucedió y se convirtió en el primer presidente de México que no pudo cumplir con su obligación constitucional.
Además, se reformó el artículo 93 constitucional, dejando vigente la obligación de los secretarios de Estado y directores de las entidades paraestatales, para que asistan al llamado del Congreso para la glosa del informe, pero se integra la figura llama pregunta parlamentaria, para que los servidores públicos, bajo protesta de decir verdad, respondan a los cuestionamientos de los legisladores.
Con estas reformas se terminaron las vergonzosas interpelaciones al presidente, que entre una extraña combinación de aplausos, gritos y abucheos, intentaba presentar su informe, momentos difíciles que ahora serán trasladados a sus subordinados.
Una vez proclamada la independencia, el autodenominado emperador Agustín de Iturbide, fue el primero en ofrecer al Congreso el resultado de su gobierno mediante dos informes: uno en noviembre de 1822 y el otro en marzo de 1823, y además, los entonces ministerios de Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Hacienda Pública y, por último el de Guerra, hacían lo propio ante el Congreso mediante la presentación de memorias de trabajo; quienes aprovechaban para gestionar sus intereses por conducto de los oradores del gobierno.
Como anécdota: por acuerdo de la mayoría legislativa, que era ideológicamente afín al controversial Iturbide, el Congreso aprobó en 1835 que el nombre de su “Alteza”, fuera inscrito con letras de oro en el salón de sesiones, hasta 1921, ya que la Cámara de Diputados acordó eliminarlo de tan honrosa distinción, por considerarlo indigno en sus acciones y sin los merecimientos necesarios.
Hubo un intento de la diputación federal del Partido Acción Nacional, por incluir, nuevamente, el nombre del seudoemperador en letras de oro. Durante el desarrollo de la sesión solemne del Congreso del 23 de septiembre de 1971, en la que se develó en letras de oro, la máxima de Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”, el intento de los legisladores fracasó, al ser rechazada consecuencia del emocionante debate histórico de los diputados Francisco Ortiz Mendoza, Jesús Arroyo Alanís y el jalisciense Abel Salgado Velasco, quienes demostraron que Iturbide, por sus actos, fue un traidor y oportunista a los ojos del pueblo.
Prosiguiendo, el artículo 68 de la Constitución de 1824, preveía que el presidente de la federación –así denominado- asistiera el primero de enero de cada año, a la apertura del periodo ordinario de sesiones y pronunciara un discurso relativo a este acto, pero no para informar. Formalmente, la obligación para que el presidente de la República asistiera a informar al Congreso, data de la constitución de 1857 en su artículo 63.
Durante el mandato del presidente Porfirio Díaz, los informes presidenciales se presentaban en 2 ocasiones ante el Congreso: durante la apertura de sus sesiones ordinarias, cada 16 de septiembre; posteriormente el constituyente de 1917 le asignó al artículo 69 de la Carta Magna dicha obligación, mismo que fue reformado en 1923 y en 1986, con cambios de forma que conservaron el espíritu del Constituyente, hasta la del 15 de agosto de 2008.
Ojalá el nuevo esquema de la pregunta parlamentaria, sea lo suficientemente verás y dinámica, para conocer los pormenores de los informes que entregue el Ejecutivo Federal, mientras tanto, la diputada perredista Ruth Zavaleta Salgado, se viste de gloria por haber sido la última mujer en recibir un informe de gobierno, el primero de Felipe Calderón, aunque sus principios políticos no le permitieron contestarlo y quien, para muchos, se lleva las palmas por el papel desempeñado, de manera institucional, en el ejercicio de la presidencia del Congreso y de la Cámara de Diputados, depositado en su persona, hasta el 31 de agosto próximo en que concluye.
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