Acuerdos

En los 75 puntos que contiene el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que firmaron todos los gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal junto con los titulares de los 3 Poderes de la Unión, el jueves 21 de agosto pasado, se asumen responsabilidades que abarcan plazos, desde 3 meses hasta 2 años en su ejecución, con el compromiso de revisarlos en 100 días, para verificar su progreso; en un intento por controlar el avance de la delincuencia en el país y disminuir los índices delictivos, problemática calificada como de seguridad nacional.

El Legislativo se comprometió a dar trámite al paquete de iniciativas que presente el Ejecutivo Federal, además, de impulsar una Ley de General del Delito de Secuestro, una Ley de Ejecución de Sanciones Penales, entre otras disposiciones; por otra parte, y de acuerdo a las atribuciones de la Cámara Baja, procurará que las prioridades presupuestarias fortalezcan los programas y acciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

A este evento asistió el empresario Alejandro Martí, padre del menor secuestrado, quien con un elocuente y claro discurso, pidió a las autoridades reunidas en Palacio Nacional, a que quien se sienta superado por la inseguridad, que renuncie. Así de simple.

Por otra parte, al clamor de paz se suma la petición de libertad de la madre de Silvia Vargas Escalera, hija del ex director de la Comisión Nacional del Deporte, Nelson Vargas, dirigida a quienes privaron de la libertad a su hija, desde el 10 de septiembre de 2007, y de la cual no hay noticia hasta el momento.

También, mientras que el gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, ha dado a conocer que impulsará la pena de muerte en ese estado, esta práctica ya se realizaba en nuestro país desde siempre, pero en 1835 se promulgó la Ley sobre el modo de juzgar a los ladrones homicidas y sus cómplices, como una de las primeras garantías de certeza jurídica al proceso, además que ya se prohibía dar de alta en el Ejército a los condenados o utilizarlos en fajinas militares.

Fue hasta la Constitución de 1857 que en su artículo 23, se sentenciaba a pena de muerte, al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley, excluyendo de la pena capital a los delitos políticos.

Por causas políticas es que Miguel Hidalgo y Costilla, fue entregado al gobierno español para ser fusilado el 30 de julio de 1811, sin ninguna de las prerrogativas y beneficios en que antes se amparaba cualquier reo.

En un edicto inclemente del Santo Oficio, Hidalgo fue excomulgado el 24 de septiembre de 1810 por Manuel Abad y Queipo, Obispo de Valladolid -hoy Morelia en Michoacán- sanción que fue ratificada por los obispos de la capital mexicana y de Guadalajara.

El decreto de la Inquisición sentenciaba en uno de sus párrafos: “…Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en dondequiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber; en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado; estando acostado o andando, mingiendo o cantando, y en toda sangría. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes; en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos…” .

Por último, el proceso por el que la Iglesia Católica lo degradó, se llevó a cabo el 29 de julio de 1811, en el que le rasparon la piel de la cabeza que había sido consagrada, como cristiano y sacerdote, con el santo crisma. También le arrancaron la yema de los pulgares e índices de las manos que habían sido consagradas el día de su ordenación. Además, lo hicieron abjurar, lo vistieron con sus ornamentos, lo despojaron de ellos y lo maldijeron. Actualmente, historiadores e investigadores, así como diputados y senadores, han pedido a la Arquidiócesis de México y a El Vaticano, conocer el estado que guarda la excomunión de Hidalgo, Morelos y demás insurgentes, para rehabilitarles su dignidad sacerdotal.

México es una sociedad moderna y contemporánea. Merecemos vivir en paz, pero el homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al que se que refería el Constituyente de 1857, y que imprime un sello de crueldad innecesaria, merece un trato distinto, que aquel que delinque, quizás por necesidad pero sin lastimar a sus víctimas, directas o indirectas.