En el transcurso de una noche de septiembre de 2002, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, bajo la amenaza del sindicato de trabajadores petroleros de irse a huelga, realizó una negociación con sus líderes en la que casi entregó el control absoluto de Petróleos Mexicanos y desistió en darle seguimiento a los procesos penales en contra de su dirigencia. Lo anterior motivado por una información sesgada que le hicieron llegar al Presidente de la República en donde se afirmaba que todo estaba listo para conjurar dicha huelga.
Casualmente después de estos acontecimientos, le siguió la exoneración del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, que terminó en la multimillonaria multa al Partido Revolucionario Institucional por el denominado “pemexgate”, que puso en vilo financiero a ese Instituto Político, fortaleciendo la impunidad en nuestro país con este y con el caso de los Amigos de Fox.
No pasaron muchos años cuando, de nueva cuenta, se presenta ante la opinión pública otro presunto desfalco a la paraestatal por casi dos mil millones de pesos durante la administración de Raúl Muñoz Leos, hoy inhabilitado para el ejercicio de la función pública por 10 años y que tuvo un impacto mediático poco difundido, en contraste con el “pemexgate” priista que permaneció en la discusión pública durante varios años, incluso, hasta las elecciones intermedias siguientes y más.
En su justa dimensión, tal y como sucedió con el “pemexgate” priísta pero ahora en su versión panista, debería llevarse a la tribuna del Instituto Federal Electoral para que, de la misma manera, el partido en el poder sea sancionado con la misma vara y en proporción que el anterior caso, pero aún no se comprueba que estos fondos públicos hayan sido destinados para fortalecer la campaña del ahora Presidente Felipe Calderón, aunque se presume que hayan sido utilizados para tal fin.
La desinformación en una toma de decisiones es muy costosa para el país. En el caso del sexenio foxista el primer costo fueron los mil millones de pesos que si bien fueron restituidos, hubo un desvío del objetivo para el cual debieron servir.
Además de lo anterior, el infatigable discurso oficial de la reestructuración fiscal de PEMEX, que hoy por hoy sigue contribuyendo con varios pesos de cada decena al presupuesto federal, que no contrasta con el cuerno de la fortuna, la abundancia, el dispendio y en algunos casos hasta derroche, con el que directivos y funcionarios de la paraestatal se despachan en sueldos, prestaciones, haberes y compensaciones y que, con este esquema, no habrá dinero que alcance.
Mención honorífica merece la representación sindical que con su oficio y tacto político ha sabido someter a la directiva y al consejo de administración de la empresa para mejorar las condiciones de los trabajadores del gremio del crudo, pero que en la mayoría de los casos, no son viables presupuestalmente hablando, ni posibles en cuanto a la lógica de un aumento de sueldo, por lo que el sindicato petrolero debería mesurar sus pretensiones. Vaya, no se critica la mejora salarial, sino lo desmesurado de sus peticiones y lo intocable del contrato colectivo de trabajo.
Qué bueno que haya buena voluntad en establecer un régimen de características fiscales especiales para PEMEX que redunden en una mejor administración de sus dividendos, lo malo es que según el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, las reservas probadas del crudo sólo darán para los próximos diez años y ojala que antes de ese periodo, directivos y sindicato no acaben con la empresa.
