El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se adjudicó las explosiones del poliducto Guadalajara, en su tramo comprendido en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago en Guanajuato, así como de Coroneo en Querétaro, y que resultaron dañados por las explosiones provocadas los días 5 y 10 de julio pasados, exigiendo en un comunicado la liberación de dos de sus compañeros presos en Oaxaca, que hasta ahora, no han sido localizados en prisión federal alguna.
Como en 1994, una vez más las agencias de investigación del estado han fallado en la producción de inteligencia, y como siempre, es desplazada por la seguridad política del gobernante en turno. Hechos como la divulgación de las bochornosas grabaciones entre el Gobernador poblano Mario Marín con el empresario Kamel Nacif; los videoescándalos del empresario Carlos Ahumada con René Bejarano, demuestran el uso político que se le da a la información con un pobre ejercicio de la acción de la justicia, caso concreto el del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) dirigido ahora por Guillermo Valdés Castellanos, ingeniero de profesión con pocos conocimientos en inteligencia y ex director de la empresa encuestadora Grupo de Economistas Asociados – Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA-ISA), quien formó parte del cuarto de guerra del ahora presidente Calderón.
En el sexenio pasado el CISEN fue dirigido por Eduardo Medina Mora, hoy Procurador General de la República, y que en su administración estuvo envuelto en cuestionamientos por sus posibles vínculos por traficar información de inteligencia a favor del poderoso Grupo norteamericano Carlyle, entonces fielmente representado en México por el ahora Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y cuyos negocios abarcan bienes raíces, energía, industria automotriz, salud, proveedor militar del pentágono, entre otros negocios, y además de enfrentar acusaciones internas del personal por omisiones y despidos y conjuntamente fue cuestionado por académicos por la redefinición de prioridades en el CISEN, por su relación consanguínea con Manuel Medina Mora, Director General de Banamex y en ese entonces Presidente de la Asociación de Banqueros de México.
Por otra parte, recordemos que una semana antes de los sucesos en Guanajuato y Querétaro fue liberado, reinstalado con sus derechos, haberes, condecoraciones e insignias, el General Mario Arturo Acosta Chaparro, preso 7 años atrás en una cárcel militar por vínculos con el narcotráfico y quien fue uno de los operadores del Batallón Olimpia en los sucesos de 1968; del Halconazo del 10 de junio 1971; persecutor de la guerrilla en los años setentas, incluida el EPR; jefe policiaco en Guerrero en la administración del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, durante los matanza de indígenas en Aguas Blancas en 1994; y por tanto, conocedor de los hilos, tramas, acuerdos, pactos y acciones del bajo mundo de la clandestinidad oficial. Sería interesante que
Además de lo anterior, el daño económico que representaron las explosiones aún no han sido cuantificados, pero hubo afectaciones en casi 120 empresas por falta en el suministro de gas natural. Compañías como Bachoco, Tremec, Astral– Mabe, las seis plantas de Vitro en la región, Kellog’s, Honda, Nissan, Ideal Standard, entre otras, mermaron su producción y en algunos casos la suspendieron por falta del energético, que paralizó la manufactura de sus productos.
A parte del propósito del Partido de
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