Y la información

En la pasada legislatura, luego de una serie de señalamientos de improbidad para algunos senadores de la República -que ahora son diputados federales-, fue aprobada la “ley Televisa”; que fue publicada el 11 de abril del 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y que contiene diversas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Con posterioridad, el 4 de mayo de 2006, cuarenta y siente senadores de la LIX Legislatura, promovieron una acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de dicho decreto.

Así las cosas, y luego de prosperar el recurso ejercido por los legisladores, el 7 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó su resolución, declarando inválidos los artículos 9-C, párrafo último, y Segundo Transitorio, párrafo tercero, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como los artículos 16; 17-E, fracción V; 17-G; 20, fracciones I, II y III; y 28 y 28-A, en su totalidad, de la Ley Federal de Radio y Televisión, reformas por las cuales, en otras palabras, las empresas dominantes no tenían la obligación de renovar sus permisos de concesión sobre un bien del dominio público como las telecomunicaciones, y por tanto, beneficiaban el duopolio existente, entre otros impactos.

En su voto particular, el Ministro Genaro David Góngora Pimentel señaló que “se preponderan argumentos de carácter económico, sobre los derechos fundamentales, que en el caso se encuentran implicados tales, como la libertad de expresión, información y prensa”.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos la revocación del contrato que hizo la W Radio, a los servicios profesionales de la periodista Carmen Aristegui, en los primeros días de este año, y quien ha recibido numerosas muestras de solidaridad de diversos actores de la vida pública, no por la pérdida de una remuneración, sino por el atentado a la libertad de expresión, al anteponer intereses económicos sobre los derechos ciudadanos, tal y como lo señaló el Ministro Góngora Pimentel.

Aristegui señala una serie de presiones que fue objeto, y que tuvieron origen desde el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, así como de la Residencia Oficial de “Los Pinos”, y a los cuales, Televisa y el español Grupo PRISA, poseedor del cincuenta por ciento de acciones en W Radio y dueño del periódico “El País” en España, se prestaron para consumar su salida.

Carmen menciona también que las investigaciones periodísticas como la del Gobernador de Puebla Mario Marín y sus desagradables conversaciones con el empresario Kamel Naciff; el escándalo por la presumible participación del Cardenal Norberto Rivera Carreras por encubrir pederastas; la muerte de la indígena Ernestina Ascencio, penoso para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por la participación de militares, entre otras investigaciones, fueron incómodas para sus protagonistas, por el valor periodístico que representan y por ello reaccionaron en su contra.

Ahora, para los especialistas en estos temas, el debate se centra entre las libertades ciudadanas versus la libertad de empresa, por lo que el caso Aristegui ha abierto la puerta en México para que el Grupo Plural en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se constituyó en la Cámara Alta, tenga para investigar y modificar la legislación correspondiente.

En este sentido, los integrantes, senadores todos del grupo citado, están más obligados que nunca para dotar al país de un marco legal que permita, garantice y estimule la competencia, la pluralidad, los derechos de las audiencias y de los profesionales, entre otras muchas cosas. Se trata de poner por delante el derecho de todos frente al de las grandes corporaciones, como en otros casos.

Cuando alguno de nuestros hijos comete un error, preferimos que nos diga la verdad a la mentira, porque así podemos defenderlos con certeza y creo, este es el mejor ejemplo del valor de la información.

Ni se defiende los intereses de Televisa, ni se defiende a Carmen Aristegui. No. En este momento se llama Carmen Aristegui, como bien pudo llamarse Pedro Pérez o Francisco Gutiérrez. Lo que está en juego es la defensa de los valores de la democracia. Los derechos no de unos, sino de todos. Se defiende que usted o yo estemos debidamente informados, en un verdadero acto de tolerancia, de racionalidad, le guste a quien le guste y al que no le guste, pues ni modo. La información no es monedita de oro para caerle bien a todos.

Dijo Voltaire: “…Podré no estar de acuerdo contigo, pero daría la vida por defender tu derecho a decirlo…”

El formato del informe presidencial. Tema pendiente

En el fondo, las propuestas para cambiar el formato del informe presidencial debieron haberse hecho al amparo de los trabajos de la reforma del estado, por la naturaleza y significado de éste. Cabe aquí otro debate que hable acerca de si el informe lo hace como jefe de estado o como jefe de gobierno.

Se menciona el tema, por la iniciativa que en junio pasado presentó el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para modificar las fechas, usos y costumbres del informe de gobierno al que el presidente de la República está obligado y en cuyo pasado sirvió para fortalecer la figura presidencial y al viejo régimen priísta, y que cuenta con el beneplácito de la mayoría de las fracciones partidistas ahí representadas.

En concreto, la propuesta consiste en que para cada primero de febrero, el Ejecutivo envíe al Congreso de la Unión el texto de su informe, para que cada primero de marzo, el presidente se haga presente en la sede del Congreso para responder los cuestionamientos que los legisladores le formulen; es decir, un mes de diferencia entre la presentación, su análisis y cuestionamientos.

No omito en comentar que el tema sea de relevante importancia, como el de la reforma del estado, sin embargo, además de modificar el actual formato, que es obsoleto, se pretende contar, en cada informe, con la voluntad política de los Partidos Políticos representados en el Congreso para no convertir tan solemne acto republicano en los eventos bochornosos de los que hemos sido testigos.

En lo futuro, el presidente Calderón deberá cuidar mucho la forma y el fondo de lo que presente en su informe; en otras palabras, ni verdades a medias ni mentiras piadosas, porque de otra manera corre el riesgo de que sus momentos en tribuna se conviertan en amargos tragos, al no poder defender lo indefendible o sostener una manipulación de la información, ya que los legisladores, así lo desearíamos, contarán con los elementos necesarios para rebatir todos y cada uno de los argumentos que carezcan de sustento, lo que nos daría un resultado poco alentador para el país, como las comparecencias de Alberto Cárdenas, o de Francisco Ramírez; el primero como secretario de Agricultura, y el segundo en su única comparecencia como secretario de Gobernación, respectivamente.

Luego del proceso electoral dos mil seis; de un presidente que contaba con la simpatía popular, pero en los hechos, totalmente ineficaz, y recientemente la salida de Luis Carlos Ugalde a cargo de la Presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE), México y sus ciudadanos esperamos actos de gobierno serios y responsables, con apertura al diálogo y a la sensatez, con respeto y firmeza, tanto del ejecutivo como del legislativo.

No queremos ver a actores políticos aprovechando su momento de gloria en tribuna, desgarrándose las vestiduras en nombre de la democracia y haciendo pedazos a su oponente, llámense legisladores o ejecutivo, al hacer uso de términos o conductas políticamente desafortunados.

Hemos visto el desarrollo de las comparecencias de funcionarios públicos o ciudadanos en otros congresos, como el de los Estados Unidos de Norteamérica, en el que el compareciente se encuentra bajo el total y absoluto escrutinio de los legisladores, sean republicanos o demócratas; comparecencias que verdaderamente aportan a su democracia porque se hace a manera de diálogo interpersonal respondiendo directamente las inquietudes de los legisladores, contrario a la práctica parlamentaria mexicana, que por ley, se encuentra proscrita.

Además de lo anterior, el formato propuesto puede sentar precedente para las comparecencias de los secretarios de estado, sus funcionarios y el resto de los directores de organismos públicos ante Comisiones del Congreso mexicano y que actualmente operan bajo los mismos términos que los del presidente, excepto el del protocolo. Quedando pendiente que se regule la posibilidad de que el Congreso pueda citar a comparecer a particulares, como en otros Congresos del mundo.

Por ejemplo, cuando algún empresario o ciudadano es citado a comparecer a Comisiones en el Congreso Norteamericano, verdaderamente entra en un estado de temor, por las facultades acusatorias conferidas al órgano legislativo, con efectos penales.

En concreto, el tema del formato presidencial mexicano no es la forma de presentarlo, sino su contenido y el propio desarrollo del debate, lo que esta en juego; ya que así se podrá contribuir a fortalecer la democracia mexicana.

Y en materia de seguridad

Cuando compareció el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, señaló la serie de infortunios acontecimientos por la batalla contra el narcotráfico, que arrojaron aproximadamente unos 2,000 muertos durante todo ese año; también las explosiones en instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), presuntamente a cargo del Ejército Popular Revolucionario; y, en general, la situación política del país.

Se refirió también a las carencias de información motivadas por el deterioro presupuestal en que se encontraba el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), pero nada agraciado, la diputada perredista Valia Batres Guadarrama le hizo ver su suerte, calificándolo de mentiroso, censurador, e incompetente, entre otros; que desde luego no fueron del agrado del exgobernador de Jalisco, en una comparecencia álgida por ser la primera del gobierno federal en turno.

Mencionaba el secretario de Gobernación, ante el pleno de la Cámara de Diputados, que el CISEN había tenido una significativa reducción financiera y de personal, que había desplazado a la dependencia a la discreción administrativa, por su bajo nivel de producción de inteligencia, en contraste con las ministraciones de recursos públicos con que contaba la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) en la década de los sesentas y hasta el inicio de los ochentas, casi comparable con el de alguna Secretaría de Estado; sin embargo, el tiempo y las circunstancias pasan, y ahora, el edificio frente al monumento de la Revolución que alojaba sus instalaciones, luce bajo la sombra del abandono, como fiel testigo de la vida política del país en esos años.

A unos meses de dicha comparecencia, en un balance en materia de seguridad pública, el gobierno federal, incluido el ejército y la armada, ha tratado de contener el avance del narcotráfico con políticas y operativos, a veces exitosos, a veces erróneos; pero lo que más ha llamado la atención es la aparente falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Eduardo Medina Mora; y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a cargo de Genaro García Luna; ambos personajes del gabinete del presidente Calderón, con fricciones entre sí, y cuyas políticas públicas se tradujeron en fallidos operativos, no del todo dados a conocer a la opinión pública; pero todo parece indicar que la pugna interna, entre ambos funcionarios, fue perdida por el titular de la SSPF, quien dejará su cargo para incorporarse como embajador de nuestro país en un lugar por conocer.

Los cambios en el Gabinete comienzan a verificarse; en primer lugar la salida de la Secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala Peniche, quien volverá a su escaño en el Senado; y la inminente inclusión del jalisciense Luis Carlos Nájera, como Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

La lucha contra la delincuencia organizada sigue en pie, recientemente se han detenido a agentes de los cuerpos de seguridad pública federales, a quienes se les presume son cómplices de la delincuencia, quienes han sido remitidos a los juzgados para su proceso judicial.

En un intento por aportar a la lucha, en la Cámara de Diputados se haya la minuta proveniente del Senado, en la que se aprobaron reformas constitucionales al sistema judicial, con lo que se pretende hacer frente al fenómeno de la delincuencia organizada, facultando al Ministerio Público para que pueda tener acceso a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral o cualquiera que se considere reservada; además, se encuentra estudiándose en Comisiones de Diputados la propuesta del Senado para que la policía pueda ingresar, sin orden judicial, a un domicilio, siempre y cuando se tenga información de alguna amenaza a la vida o integridad de una persona en su interior.

Para evitar fugas de información en la toma de decisiones, el Estado Mayor Presidencial contrató un sistema intercepción de llamadas, cámaras de televisión y un servicio de vigilancia privada para los 10 edificios que componen la Presidencia de la República, incluido Palacio Nacional. Se trata de evitar bochornosos acontecimientos como el del excoordinador de giras en Los Pinos, Nahúm Acosta, y que presuntamente filtraba información a la delincuencia organizada.

Por último, en el México del siglo 20, fuera de los movimientos sociales de 1910, el país vivió una paz social derivada de actos autoritarios que provocaban el temor de la delincuencia a cometer actos ilegales. En todos los casos el poder en turno usó la mano dura para controlar la inseguridad. ¿Será que eso es lo que hace falta?

De negociaciones a negociaciones

Bajo el reinado del dictador Porfirio Díaz no quedaban en México ni bandidos ni rebeldes ni salteadores de trenes. Díaz había limpiado el país de rebeldes de una manera muy sencilla y perfectamente dictatorial.

Por esos días, estaba por firmarse un nuevo tratado comercial entre México y los Estados Unidos. Ante asuntos de tal envergadura, Porfirio Díaz se consideraba invariablemente como un gran hombre de Estado, por lo que decidió organizar una recepción oficial en el Castillo de Chapultepec, en honor del diplomático norteamericano enviado para las negociaciones, a la cual, sólo la aristocracia y la alta sociedad mexicana fue invitada, con el fin de reforzar la impresión de elegancia, de civilización, de cultura y de opulencia de los mexicanos.

Por todos los rincones del castillo resplandecían los uniformes de los generales. En el centro, Porfirio Díaz en persona, cubierto, recargado y lleno de galones y condecoraciones de oro, rodeado de la nobleza de la época. Las mujeres iban sobrecargadas de joyas, como los expositores que hay en las vitrinas de los joyeros de una de las calles más elegantes de París. El gabinete en pleno acompañaba al Presidente Díaz, quien junto con su esposa doña Carmen Romero, se regocijaban de la interpretación directiva del recién descubierto talento musical Juventino Rosas.

Mientras tanto, el festejado diplomático norteamericano exhibía a don Porfirio, y quienes lo rodeaban, un reloj de oro cubierto de diamantes, con una aduladora dedicatoria a su gloria y adornado con el monograma de Eduardo VII rey de Inglaterra y emperador de las Indias, obsequiado por el mismo monarca, al término de las negociaciones comerciales entre su país y la corona inglesa; a lo cual, el presidente Díaz pensaba en la manera cómo iba a superar el regalo del rey de Inglaterra, para que todo el mundo oyera hablar de él y llegara dicha noticia a todos lados.

Durante una pausa en el baile, el diplomático americano se dio cuenta, de repente, que su precioso reloj no se hallaba donde lo había dejado. Después de haber repasado cuidadosamente todos los bolsillos de su traje, no lo encontró. Pero el detalle, le hizo descubrir que habían cortado muy delicadamente la cadenita de oro a la que estaba unido el reloj. Tuvo el suficiente tacto para saber que no se debe provocar ningún incidente por la desaparición de un reloj de oro ordinario durante una fiesta diplomática, como aquella, pero se dirigió al General Díaz diciéndole: “…“Disculpe, don Porfirio, siento molestarle, pero acaban de robarme en este mismo lugar, en la sala de baile, el reloj que me regaló el rey de Inglaterra.” A lo que el presidente después de infinidad de disculpas, le prometió que en 48 horas le sería devuelto su reloj.

Al término del festejo, don Porfirio se dejó llevar por una cólera negra, una de estas cóleras de las que sólo él era capaz, la cólera de un dictador cuya impostura está a punto de ser descubierta. “El viejo vuelve a tener su crisis” murmuraban los sirvientes del castillo asustados, temblando al pensar en lo que les esperaba en cuanto acabara el baile. Eran más temibles los excesos de cólera del dictador que los terremotos. Era más brutal que un viejo gato salvaje enfurecido. Al día siguiente se empezó a rastrear todo el territorio mexicano en búsqueda del reloj robado.

El jefe de la policía se trasladó a la cárcel de preventivos. Reunió a todos los presos y les dijo: “Ahora son las siete de la mañana. Si este reloj está encima del despacho del director de la cárcel antes de las siete de la tarde seréis todos puestos en libertad y a ninguno de vosotros se le perseguirá por las causas por las que se os ha ingresado. El que devuelva el reloj no deberá decir su nombre, podrá irse como llegó; nadie le pedirá cuentas de cómo el reloj llegó a sus manos; y no se le detendrá ni por el reloj ni por cualquier otro delito cometido antes de las siete de esta mañana. Al contrario, recibirá de manos del director una recompensa de doscientos pesos de oro. Os vamos a dar a cada uno un papel, un sobre y lápices. En estas cartas podéis escribir lo que queráis, no serán censuradas. Y nadie de la dirección se quedará con las señas. Dentro de una hora vendrán unos carteros a quienes daréis las cartas en persona. Estos carteros llevaran las cartas a su dirección bajo el sello del secreto profesional. Aquí tengo la orden certificada, firmada por Don Porfirio, yo mismo y por el director de la cárcel. Este certificado tiene fuerza de ley hasta las siete y media de esta tarde”. El reloj no apareció.

El presidente Díaz llegó al convencimiento de que no había sido robado por los delincuentes ordinarios y que no se hallaba en manos de los encubridores, fijándose en otro estrato de delincuentes. Convocó para última hora de la tarde a todos los generales que habían asistido a la fiesta diplomática. Se presentaron todos a la audiencia, excepto un general de división, quien contaba con la anuencia de Díaz para excusarse. A los reunidos, les dio de plazo hasta las 10 de la mañana para que buscasen en la tropa, pero fue infructuoso.

Por último, mandó llamar al general que no acudió a la cita, y de manera seca le dijo “Divisionario, dame el reloj del diplomático americano”. Sin pestañear ni mostrar la más mínima contrariedad, el general pasó su mano bajo la túnica, buscó un poco en los bolsillos interiores y sacó el reloj. Dio dos pasos hacia el dictador, diciéndole: “A sus apreciables órdenes, don Porfirio, a sus órdenes muy queridas.” Y continuó diciendo: “Porfirio, temía que lo cogieras, así que pensé que era mejor que fuera yo, ya que tú puedes comprarte uno más fácilmente que yo”.

Porfirio Díaz tuvo que contentar al diplomático, tratarle amigablemente y devolverle su buen humor para que este episodio permaneciera oculto, y para calmar y complacer al diplomático, se vio obligado durante la negociación del tratado comercial a hacer concesiones que, evidentemente, tuvo que pagar el pueblo mexicano, pero que supusieron para el diplomático el honor de ser tratado como uno de los más hábiles en la historia de los Estados Unidos.

Luego entonces, quién robó el reloj de los norteamericanos en las negociaciones del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte vigente desde 1994?