Y la información

En la pasada legislatura, luego de una serie de señalamientos de improbidad para algunos senadores de la República -que ahora son diputados federales-, fue aprobada la “ley Televisa”; que fue publicada el 11 de abril del 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y que contiene diversas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Con posterioridad, el 4 de mayo de 2006, cuarenta y siente senadores de la LIX Legislatura, promovieron una acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de dicho decreto.

Así las cosas, y luego de prosperar el recurso ejercido por los legisladores, el 7 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó su resolución, declarando inválidos los artículos 9-C, párrafo último, y Segundo Transitorio, párrafo tercero, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como los artículos 16; 17-E, fracción V; 17-G; 20, fracciones I, II y III; y 28 y 28-A, en su totalidad, de la Ley Federal de Radio y Televisión, reformas por las cuales, en otras palabras, las empresas dominantes no tenían la obligación de renovar sus permisos de concesión sobre un bien del dominio público como las telecomunicaciones, y por tanto, beneficiaban el duopolio existente, entre otros impactos.

En su voto particular, el Ministro Genaro David Góngora Pimentel señaló que “se preponderan argumentos de carácter económico, sobre los derechos fundamentales, que en el caso se encuentran implicados tales, como la libertad de expresión, información y prensa”.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos la revocación del contrato que hizo la W Radio, a los servicios profesionales de la periodista Carmen Aristegui, en los primeros días de este año, y quien ha recibido numerosas muestras de solidaridad de diversos actores de la vida pública, no por la pérdida de una remuneración, sino por el atentado a la libertad de expresión, al anteponer intereses económicos sobre los derechos ciudadanos, tal y como lo señaló el Ministro Góngora Pimentel.

Aristegui señala una serie de presiones que fue objeto, y que tuvieron origen desde el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, así como de la Residencia Oficial de “Los Pinos”, y a los cuales, Televisa y el español Grupo PRISA, poseedor del cincuenta por ciento de acciones en W Radio y dueño del periódico “El País” en España, se prestaron para consumar su salida.

Carmen menciona también que las investigaciones periodísticas como la del Gobernador de Puebla Mario Marín y sus desagradables conversaciones con el empresario Kamel Naciff; el escándalo por la presumible participación del Cardenal Norberto Rivera Carreras por encubrir pederastas; la muerte de la indígena Ernestina Ascencio, penoso para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por la participación de militares, entre otras investigaciones, fueron incómodas para sus protagonistas, por el valor periodístico que representan y por ello reaccionaron en su contra.

Ahora, para los especialistas en estos temas, el debate se centra entre las libertades ciudadanas versus la libertad de empresa, por lo que el caso Aristegui ha abierto la puerta en México para que el Grupo Plural en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se constituyó en la Cámara Alta, tenga para investigar y modificar la legislación correspondiente.

En este sentido, los integrantes, senadores todos del grupo citado, están más obligados que nunca para dotar al país de un marco legal que permita, garantice y estimule la competencia, la pluralidad, los derechos de las audiencias y de los profesionales, entre otras muchas cosas. Se trata de poner por delante el derecho de todos frente al de las grandes corporaciones, como en otros casos.

Cuando alguno de nuestros hijos comete un error, preferimos que nos diga la verdad a la mentira, porque así podemos defenderlos con certeza y creo, este es el mejor ejemplo del valor de la información.

Ni se defiende los intereses de Televisa, ni se defiende a Carmen Aristegui. No. En este momento se llama Carmen Aristegui, como bien pudo llamarse Pedro Pérez o Francisco Gutiérrez. Lo que está en juego es la defensa de los valores de la democracia. Los derechos no de unos, sino de todos. Se defiende que usted o yo estemos debidamente informados, en un verdadero acto de tolerancia, de racionalidad, le guste a quien le guste y al que no le guste, pues ni modo. La información no es monedita de oro para caerle bien a todos.

Dijo Voltaire: “…Podré no estar de acuerdo contigo, pero daría la vida por defender tu derecho a decirlo…”