Y en materia de seguridad

Cuando compareció el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, señaló la serie de infortunios acontecimientos por la batalla contra el narcotráfico, que arrojaron aproximadamente unos 2,000 muertos durante todo ese año; también las explosiones en instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), presuntamente a cargo del Ejército Popular Revolucionario; y, en general, la situación política del país.

Se refirió también a las carencias de información motivadas por el deterioro presupuestal en que se encontraba el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), pero nada agraciado, la diputada perredista Valia Batres Guadarrama le hizo ver su suerte, calificándolo de mentiroso, censurador, e incompetente, entre otros; que desde luego no fueron del agrado del exgobernador de Jalisco, en una comparecencia álgida por ser la primera del gobierno federal en turno.

Mencionaba el secretario de Gobernación, ante el pleno de la Cámara de Diputados, que el CISEN había tenido una significativa reducción financiera y de personal, que había desplazado a la dependencia a la discreción administrativa, por su bajo nivel de producción de inteligencia, en contraste con las ministraciones de recursos públicos con que contaba la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) en la década de los sesentas y hasta el inicio de los ochentas, casi comparable con el de alguna Secretaría de Estado; sin embargo, el tiempo y las circunstancias pasan, y ahora, el edificio frente al monumento de la Revolución que alojaba sus instalaciones, luce bajo la sombra del abandono, como fiel testigo de la vida política del país en esos años.

A unos meses de dicha comparecencia, en un balance en materia de seguridad pública, el gobierno federal, incluido el ejército y la armada, ha tratado de contener el avance del narcotráfico con políticas y operativos, a veces exitosos, a veces erróneos; pero lo que más ha llamado la atención es la aparente falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Eduardo Medina Mora; y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a cargo de Genaro García Luna; ambos personajes del gabinete del presidente Calderón, con fricciones entre sí, y cuyas políticas públicas se tradujeron en fallidos operativos, no del todo dados a conocer a la opinión pública; pero todo parece indicar que la pugna interna, entre ambos funcionarios, fue perdida por el titular de la SSPF, quien dejará su cargo para incorporarse como embajador de nuestro país en un lugar por conocer.

Los cambios en el Gabinete comienzan a verificarse; en primer lugar la salida de la Secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala Peniche, quien volverá a su escaño en el Senado; y la inminente inclusión del jalisciense Luis Carlos Nájera, como Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

La lucha contra la delincuencia organizada sigue en pie, recientemente se han detenido a agentes de los cuerpos de seguridad pública federales, a quienes se les presume son cómplices de la delincuencia, quienes han sido remitidos a los juzgados para su proceso judicial.

En un intento por aportar a la lucha, en la Cámara de Diputados se haya la minuta proveniente del Senado, en la que se aprobaron reformas constitucionales al sistema judicial, con lo que se pretende hacer frente al fenómeno de la delincuencia organizada, facultando al Ministerio Público para que pueda tener acceso a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral o cualquiera que se considere reservada; además, se encuentra estudiándose en Comisiones de Diputados la propuesta del Senado para que la policía pueda ingresar, sin orden judicial, a un domicilio, siempre y cuando se tenga información de alguna amenaza a la vida o integridad de una persona en su interior.

Para evitar fugas de información en la toma de decisiones, el Estado Mayor Presidencial contrató un sistema intercepción de llamadas, cámaras de televisión y un servicio de vigilancia privada para los 10 edificios que componen la Presidencia de la República, incluido Palacio Nacional. Se trata de evitar bochornosos acontecimientos como el del excoordinador de giras en Los Pinos, Nahúm Acosta, y que presuntamente filtraba información a la delincuencia organizada.

Por último, en el México del siglo 20, fuera de los movimientos sociales de 1910, el país vivió una paz social derivada de actos autoritarios que provocaban el temor de la delincuencia a cometer actos ilegales. En todos los casos el poder en turno usó la mano dura para controlar la inseguridad. ¿Será que eso es lo que hace falta?