El formato del informe presidencial. Tema pendiente

En el fondo, las propuestas para cambiar el formato del informe presidencial debieron haberse hecho al amparo de los trabajos de la reforma del estado, por la naturaleza y significado de éste. Cabe aquí otro debate que hable acerca de si el informe lo hace como jefe de estado o como jefe de gobierno.

Se menciona el tema, por la iniciativa que en junio pasado presentó el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para modificar las fechas, usos y costumbres del informe de gobierno al que el presidente de la República está obligado y en cuyo pasado sirvió para fortalecer la figura presidencial y al viejo régimen priísta, y que cuenta con el beneplácito de la mayoría de las fracciones partidistas ahí representadas.

En concreto, la propuesta consiste en que para cada primero de febrero, el Ejecutivo envíe al Congreso de la Unión el texto de su informe, para que cada primero de marzo, el presidente se haga presente en la sede del Congreso para responder los cuestionamientos que los legisladores le formulen; es decir, un mes de diferencia entre la presentación, su análisis y cuestionamientos.

No omito en comentar que el tema sea de relevante importancia, como el de la reforma del estado, sin embargo, además de modificar el actual formato, que es obsoleto, se pretende contar, en cada informe, con la voluntad política de los Partidos Políticos representados en el Congreso para no convertir tan solemne acto republicano en los eventos bochornosos de los que hemos sido testigos.

En lo futuro, el presidente Calderón deberá cuidar mucho la forma y el fondo de lo que presente en su informe; en otras palabras, ni verdades a medias ni mentiras piadosas, porque de otra manera corre el riesgo de que sus momentos en tribuna se conviertan en amargos tragos, al no poder defender lo indefendible o sostener una manipulación de la información, ya que los legisladores, así lo desearíamos, contarán con los elementos necesarios para rebatir todos y cada uno de los argumentos que carezcan de sustento, lo que nos daría un resultado poco alentador para el país, como las comparecencias de Alberto Cárdenas, o de Francisco Ramírez; el primero como secretario de Agricultura, y el segundo en su única comparecencia como secretario de Gobernación, respectivamente.

Luego del proceso electoral dos mil seis; de un presidente que contaba con la simpatía popular, pero en los hechos, totalmente ineficaz, y recientemente la salida de Luis Carlos Ugalde a cargo de la Presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE), México y sus ciudadanos esperamos actos de gobierno serios y responsables, con apertura al diálogo y a la sensatez, con respeto y firmeza, tanto del ejecutivo como del legislativo.

No queremos ver a actores políticos aprovechando su momento de gloria en tribuna, desgarrándose las vestiduras en nombre de la democracia y haciendo pedazos a su oponente, llámense legisladores o ejecutivo, al hacer uso de términos o conductas políticamente desafortunados.

Hemos visto el desarrollo de las comparecencias de funcionarios públicos o ciudadanos en otros congresos, como el de los Estados Unidos de Norteamérica, en el que el compareciente se encuentra bajo el total y absoluto escrutinio de los legisladores, sean republicanos o demócratas; comparecencias que verdaderamente aportan a su democracia porque se hace a manera de diálogo interpersonal respondiendo directamente las inquietudes de los legisladores, contrario a la práctica parlamentaria mexicana, que por ley, se encuentra proscrita.

Además de lo anterior, el formato propuesto puede sentar precedente para las comparecencias de los secretarios de estado, sus funcionarios y el resto de los directores de organismos públicos ante Comisiones del Congreso mexicano y que actualmente operan bajo los mismos términos que los del presidente, excepto el del protocolo. Quedando pendiente que se regule la posibilidad de que el Congreso pueda citar a comparecer a particulares, como en otros Congresos del mundo.

Por ejemplo, cuando algún empresario o ciudadano es citado a comparecer a Comisiones en el Congreso Norteamericano, verdaderamente entra en un estado de temor, por las facultades acusatorias conferidas al órgano legislativo, con efectos penales.

En concreto, el tema del formato presidencial mexicano no es la forma de presentarlo, sino su contenido y el propio desarrollo del debate, lo que esta en juego; ya que así se podrá contribuir a fortalecer la democracia mexicana.