Avance o Retroceso del Narcotráfico

Este sexenio comienza con una ola de violencia generalizada en muchos estados del país, producto de una política errónea de seguridad pública implementada por el ex presidente Vicente Fox, entre otras, al suprimir el Grupo de Consulta de Alto Nivel, instaurado por Bill Clinton y Ernesto Zedillo, para la cooperación mutua en la lucha contra las drogas, lavado de dinero y tráfico de armas, substituyéndolo con la participación de elementos del ejército mexicano, marina y las corporaciones federales de seguridad pública y que se ha convertido en asunto de seguridad nacional, al vulnerar las instituciones, sus procesos y la armonía de la sociedad.

A propósito, el tema puesto en la mesa trata acerca del software avanzado de intercepción telefónica obsequiado por el gobierno vecino del norte a través del Departamento de Estado y que, según The New York Times fue instalado el mes pasado en oficinas de la Procuraduría General de la República y con el que será posible escuchar y grabar en tiempo real casi 30 mil horas diarias de conversaciones telefónicas convencionales y celulares de todos los operadores de telefonía del país, así como realizar intervención de cuentas de correo electrónico sin necesidad de contraseña, entre otras funciones. Cabe mencionar que en la década de los 90’s las agencias norteamericanas utilizaron el sistema Echelom, con tecnología de la época que intervenía cualquier conversación telefónica en el planeta.

La aceptación y utilización de dicha tecnología generó las primeras reacciones en los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al presentar un punto de acuerdo para citar a comparecer a diversos funcionarios de gobierno para que expliquen el tenor y los alcances del compromiso que el gobierno mexicano asumió con Washington.

Otro punto. La corrupción por la infiltración del narcotráfico en mandos medios y superiores de corporaciones de seguridad, desde la Policía Federal Preventiva hasta varias de las policías estatales, algunas procuradurías y múltiples policías municipales, pasando por los abusos cometidos por elementos del ejército mexicano, en Veracruz y Sinaloa, más recientemente, han obligado a que el gobierno federal pudiera tomar decisiones urgentes sin medir las consecuencias futuras.

Algunas voces expresan su preocupación porque creen que la firma del acuerdo para el uso de dicho equipo tecnológico, significa la implementación de la versión a la mexicana del Plan Colombia y con esto, la violación a nuestra soberanía; dicho sea de paso que en ese país, aún con las violaciones a los derechos humanos, su gobierno tuvo resultados a largo plazo, al encarcelar a altos mandos militares, senadores, diputados y funcionarios del gobierno, con el descubrimiento, entre otras pruebas, de una computadora portátil propiedad de la guerrilla de ese país, en donde se rescatan archivos que contienen información que lleva a la captura de los servidores públicos antes citados.

La tesis del Plan Colombia en México, parte de las declaraciones del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano, Silvestre Reyes, al afirmar que el gobierno mexicano ha solicitado la ayuda a Washington. Luego entonces alguien miente: el Secretario de Gobernación, Ramírez Acuña, o el presidente del Comité de Inteligencia Congresional, Silvestre Reyes.

Si se solicita o no la ayuda, no es el tema; lo importante son los términos en que se acepta dicho apoyo; el objetivo al final de cuentas es intentar proscribir y replegar al narcotráfico al imperio de la ley, es combatir la corrupción generada y evitar su avance como regulador de los actos del gobierno, en lugar de ser regulado como antes lo fue.

El Informe Presidencial

En el fondo, las propuestas para cambiar el formato del informe presidencial debieron haberse hecho al amparo de los trabajos de la reforma del estado, por la naturaleza y significado de éste. Cabe aquí otro debate que hable acerca de si el informe lo hace como jefe de estado o como jefe de gobierno. Hay diferencias.

Lo digo por la iniciativa que acaba de presentar el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para modificar las fechas, usos y costumbres del informe de gobierno al que el presidente de la República está obligado y en cuyo pasado sirvió para fortalecer la figura presidencial y al viejo régimen priísta, y que tiene el beneplácito de la mayoría de las fracciones partidistas ahí representadas.

En concreto, la propuesta consiste en que para cada primero de febrero, el Ejecutivo envíe al Congreso de la Unión el texto de su informe, para que cada primero de marzo, el presidente se haga presente en la sede del Congreso para contestar los cuestionamientos que los legisladores le formulen; es decir, un mes de diferencia entre la presentación, su análisis y cuestionamientos.

No omito en comentar que el tema sea de relevante importancia, como el de la reforma del estado, sin embargo, además de modificar el actual formato obsoleto, se pretende contar, en cada informe, con la voluntad política de los Partidos Políticos representados en el Congreso para no convertir tan solemne acto republicano en los eventos bochornosos de los que hemos sido testigos.

De prosperar esta iniciativa en el Congreso, y luego en la mayoría de los Congresos locales para que en un tiempo no lejano se logre convertir en texto de la constitución.

El presidente Calderón debe cuidar mucho la forma y el fondo de lo que presente en su informe; en otras palabras, ni verdades a medias ni mentiras piadosas, porque de otra manera corre el riesgo de que sus momentos en tribuna se conviertan en amargos tragos, al no poder defender lo indefendible o sostener una manipulación de la información, ya que los legisladores, así lo desearíamos, contarán con los elementos necesarios para rebatir todos y cada uno de los argumentos que carezcan de sustento, lo que nos daría un resultado poco alentador para el país.

Luego del políticamente convulsionado dos mil seis y de un presidente que contaba con la simpatía popular, pero en los hechos, totalmente ineficaz, México y sus ciudadanos esperamos informes serios y responsables, con apertura al diálogo y a la sensatez, con respeto y firmeza, tanto del ejecutivo como del legislativo.

No queremos ver a un presidente llorando porque defenderá al peso como un perro; ni tampoco un presidente que no escuche ni vea a la oposición; mucho menos un presidente que se dirija a la asamblea del Constituyente Permanente con términos o conductas políticamente desafortunados.

No deseamos ver legisladores interpelando al Ejecutivo por el simple hecho de estar a favor de nada y en contra de todo.

He visto el desarrollo de las comparecencias de funcionarios públicos o ciudadanos en otros congresos, como el de los Estados Unidos de Norteamérica, en el que el compareciente se encuentra bajo el total y absoluto escrutinio de los legisladores, sean republicanos o demócratas; comparecencias que verdaderamente aportan a su democracia porque se hace a manera de diálogo interpersonal respondiendo directamente las inquietudes de los legisladores, contrario a la práctica parlamentaria mexicana que por ley se encuentra prohibida.

Además de lo anterior, el formato propuesto puede sentar precedente para las comparecencias de los secretarios de estado, sus funcionarios y el resto de los directores de organismos públicos ante Comisiones del Congreso y que actualmente operan bajo los mismos términos que los del presidente, excepto el del protocolo. Quedando pendiente que se regule la posibilidad de que el Congreso pueda citar a comparecer a particulares como en otros Congresos del mundo.

Lo esencial no es la forma de presentarlo, sino su contenido y el propio desarrollo del debate, lo que esta en juego; ya que así se podrá contribuir a fortalecer la democracia mexicana.