Avance o Retroceso del Narcotráfico

Este sexenio comienza con una ola de violencia generalizada en muchos estados del país, producto de una política errónea de seguridad pública implementada por el ex presidente Vicente Fox, entre otras, al suprimir el Grupo de Consulta de Alto Nivel, instaurado por Bill Clinton y Ernesto Zedillo, para la cooperación mutua en la lucha contra las drogas, lavado de dinero y tráfico de armas, substituyéndolo con la participación de elementos del ejército mexicano, marina y las corporaciones federales de seguridad pública y que se ha convertido en asunto de seguridad nacional, al vulnerar las instituciones, sus procesos y la armonía de la sociedad.

A propósito, el tema puesto en la mesa trata acerca del software avanzado de intercepción telefónica obsequiado por el gobierno vecino del norte a través del Departamento de Estado y que, según The New York Times fue instalado el mes pasado en oficinas de la Procuraduría General de la República y con el que será posible escuchar y grabar en tiempo real casi 30 mil horas diarias de conversaciones telefónicas convencionales y celulares de todos los operadores de telefonía del país, así como realizar intervención de cuentas de correo electrónico sin necesidad de contraseña, entre otras funciones. Cabe mencionar que en la década de los 90’s las agencias norteamericanas utilizaron el sistema Echelom, con tecnología de la época que intervenía cualquier conversación telefónica en el planeta.

La aceptación y utilización de dicha tecnología generó las primeras reacciones en los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al presentar un punto de acuerdo para citar a comparecer a diversos funcionarios de gobierno para que expliquen el tenor y los alcances del compromiso que el gobierno mexicano asumió con Washington.

Otro punto. La corrupción por la infiltración del narcotráfico en mandos medios y superiores de corporaciones de seguridad, desde la Policía Federal Preventiva hasta varias de las policías estatales, algunas procuradurías y múltiples policías municipales, pasando por los abusos cometidos por elementos del ejército mexicano, en Veracruz y Sinaloa, más recientemente, han obligado a que el gobierno federal pudiera tomar decisiones urgentes sin medir las consecuencias futuras.

Algunas voces expresan su preocupación porque creen que la firma del acuerdo para el uso de dicho equipo tecnológico, significa la implementación de la versión a la mexicana del Plan Colombia y con esto, la violación a nuestra soberanía; dicho sea de paso que en ese país, aún con las violaciones a los derechos humanos, su gobierno tuvo resultados a largo plazo, al encarcelar a altos mandos militares, senadores, diputados y funcionarios del gobierno, con el descubrimiento, entre otras pruebas, de una computadora portátil propiedad de la guerrilla de ese país, en donde se rescatan archivos que contienen información que lleva a la captura de los servidores públicos antes citados.

La tesis del Plan Colombia en México, parte de las declaraciones del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano, Silvestre Reyes, al afirmar que el gobierno mexicano ha solicitado la ayuda a Washington. Luego entonces alguien miente: el Secretario de Gobernación, Ramírez Acuña, o el presidente del Comité de Inteligencia Congresional, Silvestre Reyes.

Si se solicita o no la ayuda, no es el tema; lo importante son los términos en que se acepta dicho apoyo; el objetivo al final de cuentas es intentar proscribir y replegar al narcotráfico al imperio de la ley, es combatir la corrupción generada y evitar su avance como regulador de los actos del gobierno, en lugar de ser regulado como antes lo fue.