En el fondo, las propuestas para cambiar el formato del informe presidencial debieron haberse hecho al amparo de los trabajos de la reforma del estado, por la naturaleza y significado de éste. Cabe aquí otro debate que hable acerca de si el informe lo hace como jefe de estado o como jefe de gobierno. Hay diferencias.
Lo digo por la iniciativa que acaba de presentar el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para modificar las fechas, usos y costumbres del informe de gobierno al que el presidente de la República está obligado y en cuyo pasado sirvió para fortalecer la figura presidencial y al viejo régimen priísta, y que tiene el beneplácito de la mayoría de las fracciones partidistas ahí representadas.
En concreto, la propuesta consiste en que para cada primero de febrero, el Ejecutivo envíe al Congreso de la Unión el texto de su informe, para que cada primero de marzo, el presidente se haga presente en la sede del Congreso para contestar los cuestionamientos que los legisladores le formulen; es decir, un mes de diferencia entre la presentación, su análisis y cuestionamientos.
No omito en comentar que el tema sea de relevante importancia, como el de la reforma del estado, sin embargo, además de modificar el actual formato obsoleto, se pretende contar, en cada informe, con la voluntad política de los Partidos Políticos representados en el Congreso para no convertir tan solemne acto republicano en los eventos bochornosos de los que hemos sido testigos.
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