Para darle
certeza a los cambios que el Ejecutivo Federal propuso en lo que va de su administración,
debió comprometer a la clase política a sumar voluntades y aprobar lo relativo
al tema anticorrupción, que se encontraba desde hace 2 años en Cámara de
Diputados.
Esto pudo evitar
que situaciones como los sucesos de los estudiantes de Ayotzinapa o más
recientemente, el fraude a los ahorradores de Ficrea, se desbordara a causa de
la corrupción en la clase política.
La culpa podría
ser del PRD, partido que permitió postular como candidato a presidente
municipal en Iguala, a José Luis Abarca, presuntamente sin conocer sus
antecedentes de colución con la delincuencia.
En el caso del
fraude a ahorradores gran parte de la culpa podría atribuirse a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, quien omitió investigar los antecedentes de los
dueños de dicho grupo y permitiendo que se realizara una transacción de 500
millones de pesos, -como si se tratara del cambio de las tortillas-, y sin que
llamara la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP o de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Pero como
contribuyente no sea que usted olvide, o no pueda, pagar sus impuestos en cantidad
de algunos miles de pesos en algún mes del año, porque de inmediato su nombre
es puesto en buró de crédito, el Servicio de Administración Tributaria le envía
una docena de auditores para obtener de usted una confesión y compromiso de
parte.
En el año que
está por concluir han sido diversos los escándalos de corrupción, que impactan
en el campo social, económico y de seguridad, con participación de la clase
política.
Y cuando solo
algunos son los verdaderos beneficiarios del poder político, ocupando posiciones
en el gobierno, en la que son identificados plenamente como integrantes del
jetset mexicano, otros están “jodidos,
pero contentos”, en palabras de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y quienes solo pueden aspirar a 2.85 pesos diarios
como incremento al salario.
Para estos
mirreyes o ladys que ocupan cargos públicos de responsabilidad, los problemas
de política pública que conocen se circunscriben a los de su círculo de vida en
Lomas o Tecamachalco en la ciudad de México; Cumbres o San Jerónimo en
Monterrey, N.L. o Colinas de San Javier o Valle Real en Guadalajara, en las que
desconocen que hay vida afuera de estas colonias, despreciando todo aquello que
tenga que ver con lo social.
En este nicho
podrían encontrarse directores de área, secretarios particulares, asesores o
consultores, algunos de ellos pubertos maleducados, recién egresados de alguna
facultad quienes a falta de talento político lo substituyen con dósis de
desinterés, descortesía y hasta majadería, cuyo única preocupación es elegir el
próximo destino en su viaje de placer, ya sea de playa o de ciudad. Algún país
de Europa o Asia posiblemente será el mejor refugio para descansar de unas
duras jornadas de trabajo, luego de la extenuante tarea de atender al público.
No conocen límites y en el mejor de los casos, serán promovidos para alguna
diputación federal plurinominal en las próximas elecciones del 2015, claro,
porque no se les da convivir con la ciudadanía, motivo para devengar su
salario.
Es probable que
en servidores públicos como los señalados radique el retroceso o lento avance
de algunas de las políticas públicas, como en seguridad pública, con la
desesperación de sus creadores, quienes intentan a toda costa generar nuevas
formas de interacción ciudadana, pero que en realidad, diversos factores como
esta clase de servidores públicos son los que obstaculizan el avance del país.
Para estos
servidores públicos lo peor es que la misma ignorancia de los reales y
verdaderos problemas del país, son los que los superan en capacidad para
solucionar estas dificultades. Creen que la protesta social se generó por una
nimiedad, sin que su triste realidad les de el suficiente intelecto para
comprender que en realidad los problemas de este país son estructurales, de
fondo y comprometen a la economía, la seguridad o la política, teniendo como
articulador a la corrupción y cuyas consecuencias son la impunidad.
La reforma
anticorrupción debe ser un esfuerzo encabezado por ciudadanos o académicos sin
vínculos políticos; no debe participar la clase política, con quien pudiera
generarse compromisos para evadir su aplicación.
Por eso es que la
deuda que el país tiene con el sistema anticorrupción es grande y “Bajo el sistema federativo los funcionarios
públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden
gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes;
no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino
consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía
que proporciona la retribución que la ley haya señalado [...]”: Benito
Juárez, ideario político sobre la austeridad.
