Para
darle certeza a los cambios que el Ejecutivo Federal propuso en lo que va de su
administración, debió impulsar y comprometer a la clase política a sumar
voluntades y aprobar lo relativo al tema anticorrupción, que se encontraba
desde hace 2 años en Cámara de Diputados.
Esto
pudo evitar que situaciones como los sucesos de los estudiantes de Ayotzinapa o
más recientemente, el fraude a los ahorradores de Ficrea, se desbordara a causa
de la corrupción en la clase política.
La
culpa podría ser del PRD, partido que permitió postular como candidato a
presidente municipal en Iguala, a José Luis Abarca, presuntamente sin conocer
sus antecedentes de colución con la delincuencia.
En
el caso del fraude a ahorradores gran parte de la culpa podría atribuirse a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien omitió investigar los
antecedentes de los dueños de dicho grupo y permitiendo que se realizara una
transacción de 500 millones de pesos, -como si se tratara del cambio de las
tortillas-, y sin que llamara la atención de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Pero
como contribuyente no sea que usted olvide, o no pueda, pagar sus impuestos en
cantidad de algunos miles de pesos en algún mes del año, porque de inmediato su
nombre es puesto en buró de crédito, el Servicio de Administración Tributaria
le envía una docena de auditores para obtener de usted una confesión y
compromiso de parte.
Varios
han sido los escándalos de corrupción, que impactan en el campo social,
económico y de seguridad, con participación de la clase política.
Pero
los ciudadanos también estamos mal acostumbrados a ofrecer el soborno, antes de
aceptar nuestra responsabilidad. Bajo el anterior argumento, es posible que el
Presidente de la República tenga razón al afirmar que la corrupción es un
problema cultural, que genera graves diferencias sociales y económicas que dan
origen a la impunidad.
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