La propuesta
anticorrupción que se esperaba que fuera aprobada en este periodo de sesiones
del Congreso, parece que no será posible, luego de que diputados del PRI, PAN y
PRD se acusaron mutuamente de no mostrar voluntad, en cuyo ejercicio lo
calificaron de “farsa y simulación”.
Las medidas
anticorrupción fueron una promesa de campaña, en la que pareciera que por las
circunstancias producto de la crisis de los normalistas de Ayotzinapa, fueron
retomadas en la Cámara baja, en donde se encontraba de tiempo atrás.
Uno de los puntos
polémicos de la propuesta, es la creación de una Comisión Especial que se
encargará de definir las politicas públicas para combatir la corrupción, pero
que estaría encabezada por el Presidente de la República y los Gobernadores de
los Estados, justo en el relanzamiento de la crisis de la Casa Blanca, cuando
el periódico norteamericano Wall Street Journal señala que el Grupo Higa –el
mismo consorcio empresarial que vendió a la esposa del presidente la Casa
Blanca-nuevamente vendió una casa, pero ahora al Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray.
No sólo lo
anterior, sino que sería incorrecto que los sujetos de investigación sean
quienes dirijan el organismo anticorrupción; en otras palabras, no puede ser
posible que sean juez y parte.
Todos sabemos que
es necesario implementar medidas de esta naturaleza, pero que según
Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, “se convertiría solamente en un instrumento
al servicio del Presidente”.
Esta Red por la
Rendición de Cuentas, propone la creación de una Fiscalía Anticorrupción independiente,
el establecimiento de un Tribunal de Cuentas, una reforma a la Secretaría de la
Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Además, afirma que
“la Fiscalía Anticorrupción es una
respuesta aislada a un problema que tiene que ser visto en conjunto”.
Tiene razón
Merino cuando la corrupción se gesta como consecuencia de alguna laguna o vacío
jurídico, en cuya incertidumbre es posible que se genere un nicho de
corrupción.
Este vacío
jurídico puede originarse en alguno de los campos de poder: político, económico
y social, principalmente. En el poder político, se da cuando es posible ofrecer
en venta las candidaturas a puestos de elección popular, al interior de los
partidos políticos.
En el campo
económico es posible que se configure un acto de corrupción, cuando la
autoridad posee información privilegiada que modifique el rumbo del precio de
algún bien o servicio, y por cuya venta, pueda obtener algún beneficio
económico.
En el campo
social podemos encontrar un ejemplo de corrupción, en el cambio de estatus
jurídico de una persona que se encuentre sujeta de proceso penal y que con una
dádiva pueda obtener su libertad o sea preso, dependiendo el caso.
Es muy recurrente
encontrar lamentables ejemplos, principalmente en la clase política del país,
sin importar colores o signos políticos. Deudas públicas inconmensurables en
las entidades federativas, como en Coahuila o en Jalisco; participaciones
porcentuales en el Congreso a cambio de incorporar recursos económicos a obra
pública en estados y municipios; compras a sobreprecio en la administración
pública y más recientemente, narcopolítica.
A principios de
esta administración nos encontramos con casos como el de la maestra Elba Esther
Gordillo, quien gustaba ir de shopping a tiendas en la Gran Manzana, al
exGobernador Andrés Granier de Tabasco y su desfalco al erario público de esa
entidad, por citar a algunos, pero que siguen gozando de beneficios y
comodidades, como si estuvieran en sus residencias.
Lo más grave de
esto es que quienes delinquen saben que por un vacío o laguna jurídica, sus delitos
son fácilmente desechados, y por tanto, prefieren mantener el vacío para seguir
delinquiendo.
Este país no
requiere de una clase política, que promete llevar a estatus de primer mundo,
con acciones de tercer mundo. Ni tampoco del mediocre legislador que sólo ve en
su cargo, la oportunidad -quizás única en su vida- de generar un patrimonio de
manera fácil y a costa del erario público, o bien, de recuperar lo invertido en
su campaña pasada.
Por tanto, este
esfuerzo debería encabezarlo algún académico, sin vínculos políticos o
partidistas y quizás uno que otro notable o intelectual, sin que tenga relación
a algun poder mediático. Esta función sería sin vínculos con alguno de los
poderes, quizás de manera autónoma, como los órganos constitucionales.
El Presidente
Juarez así lo dijo: "Bajo el sistema
federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin
responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino
con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio
y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a
vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les
señala".
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