La
Cámara de Diputados aprobó retirar de la Constitución, como referencia y unidad
de medida, al salario mínimo. Es una medida positiva, por cuanto se podría
comenzar a liberar el salario y que el patrón pueda comenzar a aumentar su
dotación.
Hasta
ahora hay empresarios que han encontrado en el salario mínimo, la excusa para
no aumentar el costo del trabajo de un empleado, argumentando que al hacerlo,
se carece de competitividad. Lo cierto es que hay empresarios que omiten un
aumento al salario, con tal de ver incrementado sus propios ingresos, en vez de
ponerse un sueldo base.
Durante
la discusión de este tema en la Cámara Baja, sobraron los que quisieron
adjudicarse la paternidad de esta iniciativa, y en contraste, nadie quiso
hacerse cargo del costo político de haberlo implementado, desde hace casi 40
años, con las repercusiones que ello ha implicado.
Sin
embargo y como próximamente será las negociaciones para establecer el salario
mínimo para 2016, es posible que el aumento al salario signifique sólo unos
cuantos pesos en contraste con los aumentos generalizados en los precios de los
bienes y productos de consumo de primera necesidad.
El
salario mínimo se asocia con el pago de pensiones que ha existido en nuestro
país desde siempre. Es decir, mientras que unos trabajan para obtener el
sustento diario, en el otro caso son legados por actos patrióticos. Por
ejemplo, el 3 de noviembre de 1953, el Congreso de la Unión aprobó el pago de
una pensión de 15 pesos diarios, a Agripina Hidalgo, por el sólo hecho de ser
descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, quien llevaba 142 años de haber sido
fusilado.
El
9 de enero de 1934 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto
del presidente Abelardo L. Rodríguez, por el que quedan extinguidas las
pensiones que disfrutaban, con cargo al erario público, los sucesores en décimo
cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle; ambas
familias descendientes del Emperador Moctezuma II, cuya erogación fue
implementada desde tiempos de la colonia española y respetada en 1821, cuando
el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de
mantener las “pensiones de Moctezuma”.
A
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar
solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que
pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través
de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante
la guerra de Intervención.
A
su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la
patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa
misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada
una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al
menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de
edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez
que llegare a la pobreza.
El
27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco,
doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno
federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres
hijos, a la causa de la independencia.
Por
otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la
independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el
gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el
Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona
Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con
Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como
las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de
México.
Sin duda alguna, hay necesidades económicas más
apremiantes en este momento, que pagar sueldos estratosféricos que rayan en la
ofensa para la inteligencia de cualquier ciudadano, como los de algunos
servidores públicos. No se critica el derecho a devengar un emolumento, pero “Bajo el sistema federativo, los funcionarios
públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden
gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes.
No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino
consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada
medianía que proporciona la retribución que la ley les señala": dicho
por Benito Juárez.
