Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la partida presupuestal para pagar las pensiones presidenciales durante el 2008, ascendió a más de 2 mil millones de pesos; dicha partida contempla, además de la pensión mensual vitalicia por 164 mil pesos para cada uno de los cinco Expresidentes de la República, los gastos de operación de infraestructura y vehículos, así como los sueldos del personal que se encuentre a su servicio.
Por otra parte, cada uno de los Ministros retirados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) disfruta de una pensión anual vitalicia de 2 millones de pesos; además de chofer, asistente, aguinaldo de 40 días, seguro de gastos médicos mayores y hasta los viáticos para restaurantes, según lo reveló el periódico “El Universal”, en un ejercicio de transparencia.
Otro antecedente sobre el pago de pensiones, se haya en 1953, cuando el 3 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó el pago de una pensión de 15 pesos diarios, a Agripina Hidalgo, por el sólo hecho de ser descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, quien llevaba 142 años de haber sido fusilado.
El 9 de enero de 1934 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del presidente Abelardo L. Rodríguez, por el que quedan extinguidas las pensiones que disfrutaban, con cargo al erario público, los sucesores en décimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle; ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II; cuya erogación fue implementada desde tiempos de la colonia española y respetada en 1821, cuando el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma”.
Por cierto, la familia de los condes de Miravalle, por conducto de Doña María de las Mercedes Enríquez de la Luna del Mazo Condesa de Miravalle, radicada en Granada, España, insiste para que el gobierno mexicano les vuelva a pasar las pensiones que hasta hace más de setenta años les otorgaba y que les fueron cortadas. Desde 1991 y tras los varios escritos dirigidos a la Embajada Mexicana en Madrid, que han quedado sin respuesta, la familia encargó a Alejandro González Acosta, quien es historiador de la UNAM, para que investigue el tema y estudie la posibilidad de recurrir ante los tribunales para reivindicar sus derechos sobre determinadas propiedades.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.
A su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare a la pobreza.
El 27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres hijos, a la causa de la independencia.
Por otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de México.
Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar pensiones costosas para el Estado mexicano. No se critica el derecho a recibirlas, sino el monto de lo devengado. En México, se necesita más presupuesto para el campo, para incentivar el trabajo; para mejorar la seguridad pública, ya que estamos llegando a los limites de la violencia que tiene cualquier sociedad.
0 Comentarios:
Publicar un comentario