El Foro Económico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés) acaba de publicar un
reporte, en el que afirma que la educación primaria en México tiene una
calidad, debajo del promedio de la mayoría de los países del mundo y coloca a
nuestro país, en el lugar 102 de 124.
El mismo informe señala que la calidad de
la educación es carente, principalmente en matemáticas y ciencias. Esto podría
explicar la ausencia de un razonamiento lógico en el mexicano para resolver
problemas en esas áreas de la ciencia.
La reforma educativa aprobada al inicio
de la LXII Legislatura parece que no ha revertido tendencias de unos años
atrás. En julio de 2009 se aprobó la eliminación de la materia de historia en
libros de texto, y la derecha del yunque trató por todos los medios de
incorporar la objeción de conciencia en materia de salud, para evitar la
prestación del servicio médico, argumentando motivos religiosos.
Un poco antes, en julio del 2008, el
Banco Mundial publicó su informe “México,
nota sobre los determinantes de la política en materia de aprendizaje”, en
donde señalaba que el 52 % de la población adulta, carece de aptitudes y
conocimientos básicos para hacer de nuestro país una economía competitiva.
Un poco más atrás a principios de 2007,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que dirige
el mexicano José Ángel Gurría, calificó al SNTE de Elba Esther Gordillo, como “lastre” para la economía mexicana.
Por último, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala en
un informe que el sindicato de Elba Esther Gordillo, es el paradigma de la
corrupción educativa a nivel mundial. Es probable que estos ejemplos y la
corrupción rampante, hayan sido el motivo en la
presente administración para procesar penalmente a Gordillo.
Lo cierto es que educativamente, nuestro
país no es el ejemplo que nos gustaría presumir en el mundo y este ejemplo
permea a todos los estratos de la sociedad, incluyendo a la clase política.
Es probable que aquí radique la
insensibilidad y la falta de educación de algunos integrantes de la clase
política, para despacharse con la cuchara grande en actos de corrupción, sin el
menor pudor o recato que la educación pueda otorgar.
Es probable que uno de los primeros actos
de corrupción e injusticia lo sea, las denominadas pensiones de Moctezuma,
llamados así a la calidad de propietaria a perpetuidad dada por el rey Carlos V
al señorío de Tacuba, en favor de Isabel Tecuichpo Ixcaxochitzin Moctezuma,
hija del emperador Moctezuma Xocoyotzin, cuyas rentas por el usufructo de ese
Señorío constituirían las pensiones citadas, que perduraron por toda la época
de la colonia española.
En 1821, el recién independizado y
naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de
Moctezuma” a favor de los sucesores en la decimo cuarta generación y la familia
española de los condes de Miravalle, ambas familias descendientes del Emperador
Moctezuma II.
Esta pensión fue suprimida por Decreto
del Presidente Abelardo L. Rodríguez y publicada en el Diario Oficial de la
Federación, del 9 de enero de 1934.
Luego entonces, si Hernán Cortes, Capitán
General de la invencible Armada Española muere el 2 de diciembre de 1547, muy
probablemente las “pensiones de Moctezuma” pudieron haber sido implementadas en
1550 y suprimidas hasta 1934, es decir, duraron -casi 400, 384 años para ser
exactos- en vigor y seguramente ahora es un monto incalculable.
Probablemente en la actualidad haya
personajes de la vida política que creen merecer algo similar a las pensiones
de Moctezuma.
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