En la crisis de
la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, parece que
el destino ya está escrito. Se trata de su remoción, por la vía de licencia por
su propia voluntad, o bien, del ejercicio que apruebe el Senado luego de la
solicitud del grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Alta para la
desaparición de poderes en Guerrero.
Las reacciones
derivadas del asesinato de un joven jugador de futbol del equipo Avispas y de
los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, le generaron un grave
frente de crisis, nacional e internacional, que ya no existe solución política
a este conflicto, más que sólo por la vía de la dimisión o remoción.
Derivado de lo
anterior se encuentran vulneradas y muy debilitadas las estructuras de los
campos político, social y de seguridad.
Del área
política, esta crisis evidenció la permisibilidad y tolerancia de las
actividades de los militantes y sus élites al interior de los partidos
políticos. Esto muestra la necesidad de implementar la Comisión Nacional
Anticorrupción, para evitar prácticas ajenas e ilegales a las del servicio
público. Cuando en un principio el presidente del PRD, Carlos Navarrete,
defendió al gobernador Aguirre, ahora ya no mete las manos al fuego por él. Es
probable que en el cálculo político haya considerado que Guerrero sería una
plaza perdida para su partido.
En la integración
de la Comisión Anticorrupción, podría ser posible incorporar a la Auditoría
Superior de la Federación, así como a las entidades de fiscalización de los
Estados, dirigida por un académico, no por un político.
Esta crisis del
área política trajo consigo la percepción ciudadana, de un silencioso pacto de
impunidad que pudiera existir entre todos los partidos y su clase política para
ocultarse de corruptelas de sus integrantes, y del cual, podría desprenderse la
especulación de que el gobernador Aguirre deje la gubernatura, a cambio de
inmunidad política para él y su familia, y probablemente alguna candidatura
para su hijo.
En el campo de
seguridad, vino a demostrar la fragilidad y corruptibilidad de las instituciones
de seguridad en municipios y estados. Se señala que el director de seguridad
del municipio de Iguala recibía hasta 600 mil pesos mensuales de la
delincuencia, como podría suceder en algún otro municipio del país; por otra
parte, se han encontrado más de 20 tumbas clandestinas con restos humanos que
hasta este momento, ninguna de las osamentas pertenecen a los estudiantes
desaparecidos, pero esto genera un nuevo frente de crisis por saber a quién
pertenecen esos restos.
Por otra parte,
vino a demostrar lo delicado en que se encuentra el sistema de procuración e
impartición de justicia mexicano. El primero, todavía funcionando con un
sistema inquisitorio, mientras que el segundo, con fallas en el debido proceso
y bajo la sospecha por la corruptibilidad de algunos jueces o la aplicación
política de la ley. El ejemplo más palpable: la liberación de Florence Cassez y
de Rafael Caro Quintero.
Generó que
organizaciones como la sección 22 de la CNTE de Oaxaca, se trasladaran a
Guerrero para protestar por los desaparecidos; que organizaciones subversivas
como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y otros, volvieran a la escena
pública, mediante comunicados para apoyar a los normalistas.
Lo más grave,
vino a demostrar la vulnerabilidad en el que nos encontramos los ciudadanos que
estamos integrados al campo social, por la colusión de servidores públicos con
la delincuencia, -de los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno-, en nuestro
perjuicio.
Demostró el
decadente y miserable estado en el que se encuentran los derechos humanos en
México, como si su actual presidente mereciera ser reelegido en el cargo, con
múltiples y diversos frentes de crisis con organizaciones de derechos humanos,
por la inacción en algunos casos, omisión en otros y tolerancia hacia la
autoridad.
Ayotzinapa es la
gota que derramó el vaso, pero todavía están pendientes de resolver los casos
del asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel y su ayudante, así como el del
secretario general del PAN en Guerrero, los cien mil muertos de la guerra del
expresidente Calderón, secuestros, cobros de piso y demás.
“Cuando el destino nos alcance” no sólo
es el nombre de una película; es una frase que engloba la justa retribución de
la escuadra y el nivel, a la conducta que podríamos haber realizado en un
pasado no muy lejano.
Es muy probable
que en esta grave crisis que vive el estado de Guerrero, Ángel Aguirre haya
sido alcanzado por su mismo destino, como quizás algún otro político pueda ser alcanzado
por su destino.
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