El pasado 11 de julio se cumplirá el primer
mes de la nueva fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de una cárcel mexicana de máxima
seguridad, con un sin fin de hipótesis sobre la forma, que van desde la complicidad
de las autoridades, así como una serie de hipótesis tácticas operativas, que lograron
su cometido.
Hasta el momento hay siete custodios del penal
consignados y sospechosamente ningún mando medio o superior, cuando es notorio que
tuvo que haber participado la corrupción en distintos niveles del sistema carcelario
mexicano. Sólo el ex Jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal,
Ramón Pequeño García, fue removido de ese cargo y, -a manera de burla para la ciudadanía-,
colocado como director de la policía científica de la misma dependencia federal,
en una simulación mediática.
Parece que las investigaciones no se han extendido
más que al primer círculo de custodia del capo, omitiendo por cualquier motivo,
seguir la cadena de autoridad.
No sólo es esto. En el plano de la política
exterior, se le han generado varios frentes de crisis al gobierno mexicano. En
primer lugar, por la ausencia de embajador mexicano en Washington que de las explicaciones
necesarias a las agencias de seguridad norteamericanas, cuyo espacio se encuentra
vacante desde hace meses, luego de la designación de Eduardo Medina Mora, como Ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente hay un rumor que señala
a Miguel Basañez, como próximo embajador y que fue colaborador de Alfredo Del Mazo,
ex gobernador del Estado de México.
Luego, el subsecretario de Relaciones Exteriores,
Carlos Pérez Verdía, afirmó inocentemente que la fuga del capo no afectaría la relación
con el vecino país del norte.
En segundo lugar, se ha ventilado a la opinión
pública, la remoción del titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte
Alejandro Rubido Garcia. Los nombres mencionados para sustituirlo son Renato Sales,
Roberto Campa y Enrique Galindo.
En tercer lugar, la PGR ha girado directriz
para negar solicitudes de información relativas al tema de tráfico de armas, en
reciprocidad a la negativa que el Gobierno mexicano ha recibido de la Oficina del
gobierno norteamericano para Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos e interrogar
detenidos en ese país.
Por último, en 2009 los cables Wikileaks señalaban
que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) “carece de la capacidad para dirigir con efectividad
el proceso (de inteligencia) entre dependencias, particularmente cuando se incluye
a gigantes institucionales como la SSPF […] La incapacidad del CISEN para funcionar
hasta ahora como un líder real en las operaciones de inteligencia y análisis, ha
dejado a México sin un coordinador intergubernamental efectivo”.
No es un tema de buena relación ni de amistad.
Es un tema de confianza mutua, en el que las autoridades mexicanas parece que no
ponen lo que corresponde a su parte, para establecer niveles de seguridad.
Prueba de ello es que un par de semanas después
de fugarse, es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y de la PGR hayan comenzado a participar con sus oficios por ley,
para menoscabar la capacidad financiera o inmobiliaria, ésta última a través de
la figura conocida como extinción de dominio, que merme seriamente la capacidad
económica de la organización de Guzmán Loera. Quizás esta sea una de las razones
que hayan causado molestia en las agencias norteamericanas.
Así que: “El que tenga oídos para oír, que oiga y el que tenga ojos para ver, que
vea” la evidente reacción de Washington a la fuga de Guzmán Loera, y que seguramente
las agencias norteamericanas aprovecharán los errores cometidos para generar condiciones
a su favor, que se conviertan en una reconfiguración de la seguridad mexicana.
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