El artículo 36 de la Ley General de
Desarrollo Social señala los nueve indicadores sobre los cuales, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mide la
pobreza en dos grandes rubros. El primero, el ingreso; y el segundo, una serie
de carencias sociales en materia de rezago educativo, el acceso a los servicios
de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad
y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda y, por
último pero no menos importante, el grado de cohesión social.
A propósito del reciente informe de la
CONEVAL de medición de la pobreza en el 2014 en México, no hay buenas noticias
cuando de 2012 a 2014 el número de personas en pobreza es de 55.4 millones de
mexicanos, con una diferencia de 2 millones entre 2012 y 2014.
Tanto el ingreso, como las carencias
sociales señaladas, son objetivos nacionales previstos en la Carta magna,
vistos desde el punto de vista de la seguridad nacional mexicana.
Por lo que se refiere al ingreso, este
quizá puede ser considerado el principal responsable de la pobreza en la que no
estamos bien. Por ejemplo, un informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que en 2012, el salario
mínimo en México era de 101.3 dólares al mes, por arriba de República
Dominicana con 97.2 dólares mensuales y por debajo de Bolivia con 153.6 Chile
con 132.3 o Nicaragua con 191.2 dólares, respectivamente.
Respecto al segundo grupo, -el de las
carencias sociales con 8 indicadores-, no toma por sorpresa el rezago
educativo, cuando la reforma educativa de este sexenio no ha sido materializada
del todo, en parte por la responsabilidad de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus métodos de presión sobre el gobierno
de Oaxaca y del Federal, para acceder a sus peticiones que no se les examine a
los docentes para subir de nivel.
Sobre los servicios de salud, seguridad
social, alimentación, vivienda y cohesion social, es el indicador para afirmar
que no son las políticas indicadas las que se implementan en estos rubros,
cuando el 58.5 % no tiene seguridad social, 23.4% sin acceso a alimentación,
18.2% sin servicios de salud, 21.2% sin servicios básicos de vivienda. Aquí,
interviene la responsabilidad de los Gobernadores de las Entidades Federativas,
cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que los mayores desvíos de recursos se encuentran en los rubros presupuestales
de salud, educación y seguridad.
Pero no sólo estos dos grandes rubros a
los que la Ley se refiere son los de pobreza en el país y que serían
considerados en los derechos de segunda generación. Para ampliar la evaluación
y cambiar su denominación de evaluación de política social y llamarles
políticas públicas, es menester incorporar a los instrumentos de medición, los
derechos de tercera generación, que comprometerían los derechos de la
autodeterminación, la identidad nacional y cultural, la paz, la justicia
internacional, el uso a la informática, la información, el medio ambiente, la
vida digna, entre otros.
Como ejemplos de esta necesidad, es que
México ocupa el
tercer lugar en ciberdelitos, sólo superado por China y Sudáfrica y ha sido
reprobado en derechos humanos o por organismos internacionales y cuestionado en
métodos y procedimientos de acceso a la información, como el abuso para
calificar como asunto de seguridad nacional algunos temas y así evitar su
divulgación.
Si la ciudadanía pudiera ejercer a
plenitud el derecho a la información y la clase política se comprometa con la
aplicación del estado de derecho, podría avanzarse mucho en el combate a la
corrupción y a la impunidad, como principales factores de la existencia de una
burocracia no profesional, politizada y sometida a márgenes de corrupción que
generan escándalos como El Chapo, Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, Ostula,
Casa Blanca, Grupo HIGA, OHL, Ronda Uno, los departamentos de José Murat, la
corrupción de los Moreira, etcétera.
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