Cuando cayó la
noche del sábado 11 de julio pasado y mientras comenzaba la gira de Estado por
Francia, el titular del Ejecutivo Federal era informado por el Comisionado
Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, de la nueva fuga de
Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, que
cayo como balde de agua fría en su primer círculo de colaboradores.
Así y durante
toda la semana en que el Presidente de la República ha estado en visita
oficial, columnistas de todos los medios han descrito las condiciones tácticas
operativas y de inteligencia de los subsistemas del campo de seguridad, cuyas
condiciones rodearon la fuga del capo.
Otro más han
realizado mapas mentales con las responsabilidades de los servidores públicos
de primer, segundo y tercer nivel.
Lo cierto es que
se vulneraron los sistemas penitenciarios, de seguridad y se omitió cortar el
flujo de financiamiento hacia la organización de Guzmán Loera, que le permitió
a su equipo en el exterior del penal del Altiplano, contratar el personal y
recusos necesarios para construir el túnel, así como para generar una capacidad
de soborno al interior de dicha prisión, es decir, hubo un trabajo coordinado
al interior y exterior de la cárcel.
De igual manera
durante toda la semana en redes sociales, la ciudadanía volcó su burla contra
el gobierno federal, ante su incapacidad y corrupción en los subsistemas de
seguridad y político. El gobierno federal ofreció 60 millones de pesos por
datos para facilitar su nueva captura.
Así, el
Secretario de Gobernación, la Procuradora General de la República, el
Comisionado Nacional de Seguridad y el director del CISEN fueron citados a
comparecer ante los legisladores, diputados y senadores, integrantes de la
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para que explicaran lo sucedido en
ese penal, mismos funcionarios que son presionados ante la opinión pública por
la oposición para que renuncien a sus cargos.
Por su parte, en
Washington la DEA para ocultar su molestia, manifestó su disposición a
colaborar, -nuevamente-, en la búsqueda y recaptura del narcotraficante, incorporándose
la Interpol mediante una alerta internacional.
Editoriales y las
ocho columnas los diarios internacionales, daban cuenta de la burla y
humillación de la que había sido objeto el gobierno mexicano
En el plano
político , el PRI y el PAN encabezaron
durante la sesión de la Comisión Permanente, una guerra de acusaciones mutuas,
cuando el PRI señalaba que en la administración del expresidente Vicente Fox
Quesada había escapado Guzmán Loera; por su parte, el PAN le recriminaba al PRI
lo mismo.
Un par de días
ante y en lo que pareciera un alejamiento político del PRI hacia el Presidente,
el CEN emitió un comunicado con desafortunadas afirmaciones: “No tienen autoridad moral quienes iniciaron
esta guerra cruenta y absurda contra el crimen organizado”.
Prosigue el
comunicado, señalando: “Durante sus
gobiernos no sólo se evadió el mismo criminal, con la omisión y la connivencia
de los suyos; el "Chapo" pasó de ser el criminal más buscado de
México al más poderoso del mundo”.
Es desafortunada,
porque parece que en el PRI la solución a este y quizás a muchos problemas del
país lo sea, culpar al pasado, señalar con el dedo flamígero a las
administraciones anteriores panistas.
Es como si el PRI
no hubiera participado desde el 2000 hasta el 2012, en la construcción del país
que ahora tenemos. Como si el PRI no hubiera controlado el Congreso y la
intención de legislar la presencia del ejército en las calles y que ahora se
les está volteando.
Un partido que
ante su peor crisis de seguridad nacional de tiempo atrás, sus legisladores le
niegan el derecho a la ciudadanía de conocer la verdad, por más cruda y ruín
que esta parezca.
Un instituto
político integrado a un sistema de partidos, cuya clase política prefiere
voltear a otro lado, que reconocer que la impunidad y la corrupción medró y se enquistó en los subsistemas de seguridad
y político, que para donde apunten los señalamientos de las investigaciones, se
abre alguna rendija o puerta, por donde escurren y escurren intereses ajenos al
servicio público integrados a la corrupción, dañina para el país.
El comunicado del
PRI es como escupir hacia arriba; es como dejar de reconocer que los relojes de
medio millón de pesos, que las casas blancas y las de Malinalco y los departamentos
en Manhattan en Nueva York no existen y cuya naturaleza es el verdadero
causante de la fuga del capo en El Altiplano.
Mientras tanto en
este momento, seguramente el Primer Mandatario ya debió haber analizado qué
hacer con los servdiores públicos señalados, o como dijo Brozo: “¿Qué tiene que pasar en este país para que
alguien renuncie?”.
0 Comentarios:
Publicar un comentario