Estas fueron las palabras aludidas por el
Presidente de la República, para señalar a quienes nos llenamos de indignación
por la corrupción e impunidad alrededor de la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
Porque detrás de una decisión mediática
está proteger a un servidor público como lo es, la remoción del director
inteligencia de la Policía Federal, para trasladarlo a la división científica
de la misma dependencia, según el portal de Ana María Salazar, entonces, ¿En qué consiste la traslación de un mando a otra área de igual
responsabilidad sin que sea sancionado por la fuga de “El Chapo”?
Porque en el Programa Nacional de
Seguridad Pública 2014 – 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 30 de abril de 2014, el diagnóstico ahí señalado es, que el Sistema
Penitenciario Nacional -conformado por los centros penitenciarios del ámbito
federal y local-, ha fallado en su función de evitar que algunos internos
continúen delinquiendo.
Porque el mismo Programa afirma que,
entre otros problemas, hay sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad
y custodia, carencia de manuales de procedimientos para el uso de la fuerza y
falta de control de personal, que garantice la seguridad y evitar fugas, como
las que por tácticas y operaciones, el Presidente de la República pide a la
ciudadanía que con enojo e ira no se resuelva este problema.
Por supuesto que no puede resolverse con
enojo, cuando en 2013 la sobrepoblación en Centros Penitenciarios es casi de
una cuarta parte de su población normal y a un año de entrar en vigor el nuevo
Sistema de Justicia Penal (oral) y cuando en todo el país se producen 22
millones de delitos y solamente 22 mil de ellos causan sentencia. Terrible.
Ni tampoco puede responsabilizarse a la
institución de la Secretaría de Marina, lo que conforme a derecho le
corresponde a la Procuraduría General de la República, como lo es, la
investigación y recaptura de delincuentes, como “El Chapo”.
No podemos decirnos sorprendidos y ahora
enojarnos, cuando fueron llamados a ejercer cargos públicos relacionados con la
operación de los centros penitenciarios, a personajes con dudosa y corrupta
reputación en cargos de similar equivalía. La responsabilidad es del nivel de
autoridad que los convocó y les permitió ejercer una función cuando eran
conocidos sus antecedentes.
Los ciudadanos no debemos sentirnos
enojados o iracundos, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la PGR le hayan permitido a la
organización delictiva de Guzmán Loera, seguir conservando cuentas bancarias y
bienes materiales para mantenerse vigente y contar con los recursos económicos
necesarios para pagar personal y material para la excavación del túnel por
donde se fugó el capo.
No podemos llamarnos enojados, cuando es
un asunto de Estado y no de partidos políticos en el poder, toda vez que es la
segunda ocasión que escapa “El Chapo”
de compurgar una pena en cárceles mexicanas, cuya clase política prefiere
voltear a otro lado, que reconocer que la impunidad y la corrupción medró y se
enquistó en los subsistemas de seguridad y político, que para donde apunten los
señalamientos de las investigaciones, se abre alguna rendija o puerta, por
donde escurren y escurren intereses ajenos al servicio público integrados a la
corrupción, dañina para el país.
No. La verdadera razón no es el enojo ni
la ira que provoca el escape, sino la burla de que fue objeto el gobierno, aquí
y en el extranjero.
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