En
enero de 2011 el entonces secretario de Economía, Bruno Ferrari, decía que la
cuesta de enero se trataba de un asunto cultural, el cual puede ser combatido
si los ciudadanos adoptan un consumo inteligente y responsable para comparar
precios y calidad de los productos y servicios.
Hoy
en día, a 4 años de distancia y con una alternancia política en el gobierno
federal, las cosas parecen ser las mismas, porque no sólo se trata de una
cuesta económica de inicio de año, sino con unas proyecciones económicas que
esperaríamos que fueran producto de una pesadilla.
Pero
no sólo se trata de la cuesta económica que impacta en la economía de las
familias mexicanas, sino la cuesta política producto de una poca o nula
credibilidad en transparentar la relación de la política con el dinero.
Pues
como consumidor responsable que es usted de la política mexicana, la cuesta que
nos debe de pagar la clase politica consiste en la dotación de credibilidad al
ciudadano, por la vía de la implementación del sistema anticorrupción, con
controles para el ejercicio de los recursos públicos.
Si
usted como particular es sujeto de investigación para autorizarle un crédito
para la compra de un auto o bien inmueble, ¿porqué la clase política no está
sujeta a un buró de crédito político, en donde se lleven contabilizados los
compromisos asumidos en campaña y los cumplidos, los delitos, faltas, actos de
corrupción y demás que han cometido por sí mismos o por medio de su
descendencia, para decidirse por el mejor de los candidatos?.
Al
presidente Juárez no sólo se le debe invocar en actos públicos, tambien se le
debe imitar: “No se puede gobernar a base
de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se
pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino
consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada
medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.
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