La media noche
del viernes comenzó a operar en la ciudad de México, el nuevo modelo de sistema
acusatorio, primeramente para delitos no graves, culposos o por querella.
En un evento en
el monumento a los Niños Héroes, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, en
compañía del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías
Azar y del Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, dieron el martillazo que impone los trabajos de este
nuevo modelo de justicia.
Poco a poco este
nuevo diseño substituirá en las entidades federativas al sistema inquisitorio o
inquisitivo, vigente desde hace unos 150 años en nuestro país, en el que su
principal característica es ser eminentemente escrito.
Lo importante de
este viejo esquema es que dejará de funcionar para delitos no graves, culposos
o por querella de por medio, y que en múltiples ocasiones este sistema
inquisitivo fue el modelo ideal para la venganza política, la revancha de
grupos de interés, o bien, meter a la cárcel a alguien totalmente inocente.
Por ejemplo, el
regimen politico en turno pudo controlar a la disidencia política, con las
manifestaciones de fraude en los procesos electorales de mediados del siglo XX.
Imposible pensar en la alternancia política, menos en la crítica política. Así
mismo, el regimen político con un sistema de justicia inquisitorio controló las
manifestaciones de protesta de 1968 y 1971.
Más reciente el
mismo sistema inquisitorio, -cómplice del régimen en turno-, evadió llevar ante
la justicia a los responsables de la quiebra en que se encontraba el país en
diciembre de 1988 y que implementó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro,
logrando rescatar empresas que algunas todavía subsisten y llevando a la
quiebra a ciudadanos honestos quienes con lágimas en los ojos vieron cómo se
deshacía su capital o sus bienes.
En estos hechos,
se supone que el gobierno también adquiriría la cartera vencida de los
ciudadanos insolventes de pagar sus deudas, no obstante eso, se supo que con
posterioridad la cartera vencida fue vendida a la banca privada, y por tanto,
cuando se presumía que las deudas habían sido pagadas por el Fondo, la realidad
es que la banca siguió cobrando lo que ya había sido liquidado. Este podría
ser, junto con los fraudes en las cajas populares en todo el país, el motivo
por el cual la ciudadanía desconfía de sus autoridades en el más reciente
fraude de ahorradores de Ficrea.
Es muy posible
que exista responsabilidad de servidores públicos, porque no era la primera
vez, -como dijimos líneas arriba-, de un fraude con recursos de ahorradores y
por ende, la autoridad conoce los entre telones y vicios de las operadoras de
fondos, como Ficrea, en donde se pone en tela de juicio la imparcialidad de la
autoridad, al conocer de tiempo atrás las irregularidades de Ficrea y no
advertir a los ahorradores o en el mejor de los casos, intervenir la operadora.
Adivinó si pensó que detrás de este posible fraude se encuentra, claro está, el
sistema inquisitorio de justicia, sumado a una deficiente dirección en la Unidad
de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o de la
Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios Financieros, una de ellas
dirigida por el exprocurador de justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz,
quien como titular de la justicia mexiquense no pudo encontrar a la niña
Paulette debajo de su cama, seguramente debe conocer mucho de inteligencia
financiera como para seguir la pista a cuantiosos depósitos y movimiento de
dinero, incluyendo, las cuantiosas sumas producto de corrupción.
Mientras tanto,
la ciudadanía esperamos que el asunto de los ahorradores defraudados por
Ficrea, los moches en el Congreso, la corrupcion en Comisión Federal de
Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Casa Blanca, el señalamiento que hace la
regidora Lissette López Gordillo al Senador con licencia Ernesto Gándara Camou
de tener un estrecho vínculo con Rafael Humberto Celaya, operador de Joaquín
“El Chapo” Guzmán, el señalamiento de personajes del PRD con pertenencia a la
delincuencia, las acusaciones en contra de la maestra Elba Esther Gordillo, los
señalamientos en contra del senador y líder petrolero Carlos Romero Deschamps, los
automóviles de lujo, los relojes, departamentos en el extranjero y la vida de
primer mundo que sólo puede ser posible, en algunos casos, producto de la
corrupción e impunidad que laceran a la economía, subestiman la inteligencia y hieren
la moral ciudadana, que puedan ser resueltos con este nuevo sistema.
Por eso, la
prueba de fuego del nuevo modelo de justicia junto con el sistema
anticorrupción por ser aprobado por el Congreso, podrían ser el encarcelamiento
de los servidores públicos que tengan responsabilidad en el fraude a Ficrea así
como sus directivos. Hemos visto imágenes en redes sociales que ofenden la
inteligencia, en la que aparecen hijos o los mismos políticos gozando de viajes
a lugares exóticos, a manera de turismo político, es decir, con cargo al erario
público.
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