Malas mañas

Para el desarrollo de la sesión de Congreso General convocada para el primero de septiembre, ésta no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores; según se desprende de la lectura del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de lo anterior, al Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la figura de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, le tocará presidir la Mesa Directiva en esta sesión, en la que formalmente como Presidenta del Congreso de la Unión, deberá contestar en términos concisos y generales el informe que rinda el titular del Ejecutivo Federal, con las formalidades que correspondan al acto y en la que constituye el inicio formal del segundo año de la sexagésima legislatura. Que la presidenta del Congreso de la Unión se dirija al presidente de la República, puede constituir el reconocimiento tácito a Felipe Calderón como presidente, que por todos los medios ha evitado el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador, lo quiera o no reconocer.

Por otra parte, en la pasada sesión de la Comisión Permanente, el diputado Héctor Larios Córdoba, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara baja, presentó la segunda iniciativa de su grupo parlamentario para modificar el formato del informe presidencial, para convocar a un periodo extraordinario de sesiones para el 28 de agosto próximo y modificar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión aunque todo parece indicar que no prosperará.

El formato que se pretende modificar corresponde a una realidad en la que el otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) era prácticamente otra Secretaría de Estado más, que disponía y hacía a su antojo con la vida política del país, de acuerdo a la voluntad política del gobernante en turno, sin embargo, hay prácticas que no han cambiado y que permanecen al tenor de la vida política del país.

Así mismo, anteriormente el informe de gobierno consistía en todo un ritual de salutación política al ejecutivo federal, sin haber interrogantes hacia su informe y con un amplio dejo de complacencia, pero ahora, hay consenso para que este acto político de tipo republicano permanezca con su vigencia jurídica, a cambio de que haya un diálogo entre el ejecutivo y el legislativo. De igual forma, cuando comparece algún secretario de Estado en el marco de la glosa del informe de gobierno presidencial, el desarrollo se haya sujeto a acuerdos preestablecidos entre los grupos parlamentarios y sin que en realidad haya un verdadero intercambio de ideas, es decir, no hay un diálogo directo.

Y por su parte, algunos legisladores federales abusaron en el ejercicio de sus funciones o del fuero constitucional al amparo de un pobre, o mejor dicho gris trabajo legislativo, pero con una gran capacidad de chantaje sobre su grupo parlamentario, sobre el ejecutivo federal o sobre las autoridades administrativas de su Cámara.

Ejemplos anteriores por los cuales la ciudadanía tiene una mala percepción de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, dan muestran que cualquier intento por cambiar el formato será en vano, si no existe un real y auténtico respeto entre ambos poderes, Legislativo y Ejecutivo, y por tanto, el informe que desean escuchar las amas de casa, los trabajadores, los estudiantes, la clase política nacional, los empresarios, los inversionistas y el mundo entero, seguirá teniendo enfrentamientos políticos, como hasta ahora, si cada quien no tiene en cuenta el respeto al derecho del ajeno, con el que en la parte superior del muro de honor de la Cámara de Diputados aparece en primer lugar.