¿Otro FOBAPROA?

En 1990 el Gobierno Federal creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), con el que la Federación hizo frente a la grave crisis económica desatada en diciembre de 1994 y con el que compró las carteras vencidas de las instituciones bancarias, rescatando a personas físicas y morales y capitalizando con liquidez a las instituciones financieras para evitar su inminente quiebra; esta decisión fue, es y seguirá la decisión más costosa en la vida de México, cuyo costo oficial se precisó en una deuda pública de alrededor de los 112 mil millones de dólares, siendo substituido en 1998 por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Mientras tanto, en un acto unilateral, ilegal y absurdo, los bancos siguieron conservando y manteniendo la vigencia de las deudas, cuando éstas habían sido saldadas por el gobierno, es decir, si usted se encontraba en la cartera vencida que compró el gobierno, el banco seguía ejerciendo actos jurídicos para cobrarle lo ya pagado, y no conforme con ello, además, solicitaba que su nombre apareciera en buró de crédito como deudor, quitándole su posibilidad de ser sujeto de crédito.

Seguramente los bancos en muchos casos, sobre todo en personas físicas, cobraron dos veces la misma deuda; una al IPAB y otra al deudor.

En un informe del Banco Mundial (WB), presentado en septiembre de 2005 se señala que hay evidencias de que beneficiarios de créditos con cercanas relaciones con los bancos rescatados, fueron especialmente favorecidos durante la crisis, además de que sus vínculos políticos les permitieron escapar a sanciones significativas, lo que hecha por tierra las declaraciones del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, en el sentido de que “no se rescata a los banqueros, sino a los ahorradores”, al referirse al acuerdo entre IPAB, bancos y Hacienda.

Ahora bien, el lunes pasado la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a través de su titular, Luis Pazos, alertó sobre el nuevo crecimiento de la cartera de morosos en tarjetas de crédito en el país, pasando de 2.8% en 2004 a 6.4% en 2007, lo que significa que en tan sólo dos años creció un 3.6% el portafolio de deuda; luego entonces, de seguir esta tendencia matemática, quizás en no más de diez años volveremos a ser víctimas todos los mexicanos de una crisis como la de diciembre de 1994.

Recordemos que en México existen 17.3 millones de plásticos, distribuidos en 131 marcas de tarjetas, a través de 16 bancos; que en total registran una cartera de 240 millones de pesos, con el interés más alto por su manejo y por sus servicios.

Por otra parte a principios del 2007 la Asociación de Bancos de México (ABM) intentando abonar en su defensa, dio a conocer en una conferencia de prensa, que México es el país en donde se cobran las comisiones bancarias más baratas, eso sí su comparación fue realizada con bancos de primer mundo, como los americanos o los europeos; pero lo que no dijo la ABM es que comparándonos con los bancos latinoamericanos ocupamos el nada honroso primer lugar en lo costoso de las comisiones bancarias, por ejemplo en Chile, Argentina y Venezuela por disposición de efectivo en un cajero automático se cobra menos de 1 dólar, en cambio, en México llega hasta 2 dólares de comisión.

Recientemente el Legislativo Federal aprobó una serie de reformas para que las instituciones bancarias omitan el cobro de comisiones para las cuentas de nómina donde se deposite hasta poco más de 8 mil pesos, si bien es cierto que esto beneficia a una gran mayoría de ciudadanos, sería conveniente que también se legisle para moderar el cobro de las comisiones e intereses de tarjetas bancarias, de otra manera, nada detendrá que se este configurando otra hecatombe financiera que sea elevada a rango de seguridad nacional.