El grupo parlamentario del partido Acción Nacional (PAN) en la Comisión Permanente, responsabilizó al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas (PRI), de la detención y proceso judicial que se le sigue, a Juan Blanco Zaldívar, candidato a diputado federal de aquel partido por el distrito 6 en esa Entidad. Además, el diputado Antonio Soto Sánchez (PRD), presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE), a que resuelva con prontitud la denuncia 3423/2009 interpuesta en contra del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez y de Francisco Ramírez Acuña, candidato a diputado federal en el distrito 10 de Jalisco por el PAN. Ambas propuestas tuvieron como antecedente la disputa por los votos, en el marco del próximo proceso electoral en curso. Sobre el primer tema, los diputados César Duarte Jáquez (PRI) y Juan Guerra Ochoa (PRD), debatieron con las diputadas Adriana Dávila Fernández, Rocío Morgan Franco, así como el senador Ramón Galindo Noriega (PAN), todo bajo el argumento de la justica. Sobre el segundo tema, el diputado Antonio Soto, acusó al candidato Ramírez Acuña, presuntamente de disponer de la seguridad del Estado Mayor Presidencial, entre otros señalamientos.
Aún cuando la justicia es ciega, en ocasiones es absurda. Como el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, acusada y procesada en Querétaro, de haber secuestrado a 6 agentes de la recién extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en marzo de 2006 y sentenciada en diciembre pasado a una pena de 21 años de cárcel.
De ser como lo presume el agente del Ministerio Público, -que consignó-, y el Juez, -que sentenció-, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, deberían considerar ampliar el reclutamiento de su personal operativo.
En otras palabras: Si una mujer indígena sometió, desarmó, capturó, amarró y mantuvo en privación ilegal de la libertad a 6 agentes federales, armados y capacitados en técnicas policiales avanzadas, imagínese usted que con un batallón de unas 250 indígenas, -como Jacinta, por supuesto o la comandanta Ramona, indígena tzotzil chiapaneca del EZLN-, se acabarían los problemas de inseguridad en el país.
Así se interpreta el razonamiento de la averiguación previa, irracional, y mientras tanto, no hay justicia para Jacinta.
A principios del siglo XIX en la Nueva España, la Real Audiencia llevaba 200 años, en una causa civil, sobre la posesión del Popocatepetl y del Izztacihuatl. Increible.
En el debate citado, se invocaron principios de justicia y legalidad, cada quien para defender su causa.
Nadie argumentó el principio de que “A los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas”, que se presume aportación intelectual de Benito Juárez, en el que académicos como Miguel Carbonell Sánchez y Carlos Elizondo Mayer Serra, afirman que es autoría de Porfirio Díaz Mori.
Ambos, Díaz y Juárez, fueron diputados; gobernaron su natal Oaxaca y además, su país. Ambos originarios de una Oaxaca del siglo XIX, entonces santuario indígena de México.
Una entidad blanca y española, notablemente culta gracias a la evangelización dominica, rodeada por un contrastante mosaico indígena, en el que cohabitan unas veinte lenguas diversas.
Orgullosos los oaxaqueños de su himno: “Dios nunca muere”. Orgullosos de su gastronomía y de su Guelaguetza. Díaz, hijo de un criollo español y de madre mixteca; Juárez, de una raza, -la zapoteca-, con temple suave, orgullosa, reconcentrada, fueron los políticos y comerciantes del mundo prehispánico, y cuyas culturas conviven entre la música de banda de metales y las danzas, aún vigente.
Académicamente, ambos fueron al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y se titularon como abogados.
Juárez optó por la carrera judicial y al ejercicio de su profesión, mientras que Díaz abrazó la carrera de las armas en el ejército y combatió en las guerras de reforma y segunda de intervención.
Pero coincidieron en política. Mientras Juárez consolidó la República, Díaz la impulsó económicamente. Juárez gobernó 11 años interrumpidos por 2 guerras, Díaz gobernó 30 años. El Benemérito además, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ministro de Estado.
En relación a la legalidad, sinónimo del dicho de la justicia que se le adjudica, señaló a sus hijos que “…Nada con la fuerza: todo con el derecho y la razón: se conseguirá la práctica de este principio con solo respetar el derecho ajeno…”.
Con Juárez difícilmente hubo República, -entendida como separación de poderes-, dada la movilidad que tenía por el país.
Además, por la emergencia de las guerras, tampoco hubo Federación (autonomía, económica y política, de los estados frente al poder central), y las leyes reformistas no fueron anticlericales, tal y como lo confiesan sus promotores, sino una más, entre otras, de las medidas que se adoptaron para quitar al enemigo una de sus fuentes de financiamiento.
Se destaca el legalismo de Juárez, pero se dice que no siempre se apegó estrictamente a la ley, cuando esto no le favorecía políticamente.
En plena Guerra de Reforma, cuando en febrero de 1861 se convocó a elecciones de presidente de la República, las actas no llegaron a tiempo al Congreso, -que se erigió en Colegio Electoral-, por lo que se abstuvo de dar los resultados en la sesión del 23 de mayo de 1861.
De acuerdo con la Constitución de 1857, en virtud de que ninguno de los contendientes obtuvo el 50% más uno de los votos de los electores, el Congreso debía decidir sobre la elección de los candidatos, pero, dominado por los juaristas, el Congreso decidió otorgarle el triunfo a Juárez por 61 votos contra 55.
Se calcula que entonces el padrón electoral ascendía a 15,000 los electores, lo que implicaba que el ganador debió de haber obtenido más de 7,500 votos. Pero de 9,636 votos emitidos, Juárez solamente obtuvo 5,289, Lerdo 1,989 y González Ortega 1,846.
En 1867, luego del triunfo en la Segunda Intervención Francesa, el Congreso convoca a elecciones y al no resultar electo ninguno de los candidatos por la mayoría del 50% más uno de los electores, el Congreso elige a Juárez para un nuevo período.
Lo mismo ocurrió en el año de 1871, en que Juárez obtuvo 5,837 votos, Porfirio Díaz 3,555 y Lerdo 2,874, en que los juaristas colocaron a 105 diputados que le dieron el triunfo a Juárez, quién fue declarado el 12 de octubre Presidente legalmente electo.
Las caricaturas de la época lo dibujaban como hechicero, haciendo pócimas electorales. Un crítico suyo, -el general jalisciense Ireneo Paz, abuelo de Octavio Paz-, le dedicó las siguientes palabras: "...¿Por qué si acaso fuiste tan patriota, estás comprando votos de a peseta? ¿Para qué admites esa inmunda treta de dar dinero al que en tu nombre vota?...".
Después, Porfirio Díaz se rebeló en contra las reelecciones de Juárez con el Plan de la Noria el 13 noviembre de 1871. Díaz ejerció una Presidencia con un poder de más controles que Juárez, al tener el dominio político del país a través de los grupos y reprimir cualquier manifestación ideológica.
Aún así, no se encuentra suficiente evidencia sobre la autoría intelectual del dicho en comento, concediéndole el beneficio de la duda, a quienes aseguran que es de Porfirio Díaz.
Aún cuando la justicia es ciega, en ocasiones es absurda. Como el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, acusada y procesada en Querétaro, de haber secuestrado a 6 agentes de la recién extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en marzo de 2006 y sentenciada en diciembre pasado a una pena de 21 años de cárcel.
De ser como lo presume el agente del Ministerio Público, -que consignó-, y el Juez, -que sentenció-, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, deberían considerar ampliar el reclutamiento de su personal operativo.
En otras palabras: Si una mujer indígena sometió, desarmó, capturó, amarró y mantuvo en privación ilegal de la libertad a 6 agentes federales, armados y capacitados en técnicas policiales avanzadas, imagínese usted que con un batallón de unas 250 indígenas, -como Jacinta, por supuesto o la comandanta Ramona, indígena tzotzil chiapaneca del EZLN-, se acabarían los problemas de inseguridad en el país.
Así se interpreta el razonamiento de la averiguación previa, irracional, y mientras tanto, no hay justicia para Jacinta.
A principios del siglo XIX en la Nueva España, la Real Audiencia llevaba 200 años, en una causa civil, sobre la posesión del Popocatepetl y del Izztacihuatl. Increible.
En el debate citado, se invocaron principios de justicia y legalidad, cada quien para defender su causa.
Nadie argumentó el principio de que “A los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas”, que se presume aportación intelectual de Benito Juárez, en el que académicos como Miguel Carbonell Sánchez y Carlos Elizondo Mayer Serra, afirman que es autoría de Porfirio Díaz Mori.
Ambos, Díaz y Juárez, fueron diputados; gobernaron su natal Oaxaca y además, su país. Ambos originarios de una Oaxaca del siglo XIX, entonces santuario indígena de México.
Una entidad blanca y española, notablemente culta gracias a la evangelización dominica, rodeada por un contrastante mosaico indígena, en el que cohabitan unas veinte lenguas diversas.
Orgullosos los oaxaqueños de su himno: “Dios nunca muere”. Orgullosos de su gastronomía y de su Guelaguetza. Díaz, hijo de un criollo español y de madre mixteca; Juárez, de una raza, -la zapoteca-, con temple suave, orgullosa, reconcentrada, fueron los políticos y comerciantes del mundo prehispánico, y cuyas culturas conviven entre la música de banda de metales y las danzas, aún vigente.
Académicamente, ambos fueron al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y se titularon como abogados.
Juárez optó por la carrera judicial y al ejercicio de su profesión, mientras que Díaz abrazó la carrera de las armas en el ejército y combatió en las guerras de reforma y segunda de intervención.
Pero coincidieron en política. Mientras Juárez consolidó la República, Díaz la impulsó económicamente. Juárez gobernó 11 años interrumpidos por 2 guerras, Díaz gobernó 30 años. El Benemérito además, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ministro de Estado.
En relación a la legalidad, sinónimo del dicho de la justicia que se le adjudica, señaló a sus hijos que “…Nada con la fuerza: todo con el derecho y la razón: se conseguirá la práctica de este principio con solo respetar el derecho ajeno…”.
Con Juárez difícilmente hubo República, -entendida como separación de poderes-, dada la movilidad que tenía por el país.
Además, por la emergencia de las guerras, tampoco hubo Federación (autonomía, económica y política, de los estados frente al poder central), y las leyes reformistas no fueron anticlericales, tal y como lo confiesan sus promotores, sino una más, entre otras, de las medidas que se adoptaron para quitar al enemigo una de sus fuentes de financiamiento.
Se destaca el legalismo de Juárez, pero se dice que no siempre se apegó estrictamente a la ley, cuando esto no le favorecía políticamente.
En plena Guerra de Reforma, cuando en febrero de 1861 se convocó a elecciones de presidente de la República, las actas no llegaron a tiempo al Congreso, -que se erigió en Colegio Electoral-, por lo que se abstuvo de dar los resultados en la sesión del 23 de mayo de 1861.
De acuerdo con la Constitución de 1857, en virtud de que ninguno de los contendientes obtuvo el 50% más uno de los votos de los electores, el Congreso debía decidir sobre la elección de los candidatos, pero, dominado por los juaristas, el Congreso decidió otorgarle el triunfo a Juárez por 61 votos contra 55.
Se calcula que entonces el padrón electoral ascendía a 15,000 los electores, lo que implicaba que el ganador debió de haber obtenido más de 7,500 votos. Pero de 9,636 votos emitidos, Juárez solamente obtuvo 5,289, Lerdo 1,989 y González Ortega 1,846.
En 1867, luego del triunfo en la Segunda Intervención Francesa, el Congreso convoca a elecciones y al no resultar electo ninguno de los candidatos por la mayoría del 50% más uno de los electores, el Congreso elige a Juárez para un nuevo período.
Lo mismo ocurrió en el año de 1871, en que Juárez obtuvo 5,837 votos, Porfirio Díaz 3,555 y Lerdo 2,874, en que los juaristas colocaron a 105 diputados que le dieron el triunfo a Juárez, quién fue declarado el 12 de octubre Presidente legalmente electo.
Las caricaturas de la época lo dibujaban como hechicero, haciendo pócimas electorales. Un crítico suyo, -el general jalisciense Ireneo Paz, abuelo de Octavio Paz-, le dedicó las siguientes palabras: "...¿Por qué si acaso fuiste tan patriota, estás comprando votos de a peseta? ¿Para qué admites esa inmunda treta de dar dinero al que en tu nombre vota?...".
Después, Porfirio Díaz se rebeló en contra las reelecciones de Juárez con el Plan de la Noria el 13 noviembre de 1871. Díaz ejerció una Presidencia con un poder de más controles que Juárez, al tener el dominio político del país a través de los grupos y reprimir cualquier manifestación ideológica.
Aún así, no se encuentra suficiente evidencia sobre la autoría intelectual del dicho en comento, concediéndole el beneficio de la duda, a quienes aseguran que es de Porfirio Díaz.
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