100 días 100

Sin resultados tangibles, hace varios días se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, en donde se dieron a conocer los primeros resultados, firmados el 21 de agosto pasado, -del Acuerdo por la Legalidad, la Justica y la Seguridad - y que se sustentan en cifras que no coinciden con la realidad cotidiana de los mexicanos. Se informó que cada dos días se capturó una banda dedicada al secuestro, que se evaluó a 50 mil policías, que se puso en marcha la operación limpieza, entre otros datos. Mientras tanto, el Congreso analiza las propuestas del Ejecutivo con la que se crearían el registro de telefonía celular, la ley antisecuestros y la miscelánea penal reglamentaria de la reforma judicial, pero se acordó su dictaminación en comisiones en días siguientes y su aprobación para mejor momento, que no será en el periodo de sesiones que concluye el 15 de diciembre próximo. Muchos no esperábamos que en 100 días se resolviera el problema de la inseguridad, como sucedió, en los que pareciera que sólo con golpes mediáticos se tranquilizará a la ciudadanía, en los que por cierto nadie renunció, como lo pidió Alejandro Martí, padre del menor Alejandro, secuestrado y asesinado. Además, se suma la propuesta del Gobernador Coahuila, Humberto Moreira, para reimplantar la pena de muerte en nuestro país, que ha levantado polémica, principalmente en la ideología de derecha mexicana, y que aún no se recibe iniciativa alguna sobre el tema. Recordemos que por causas políticas es que Miguel Hidalgo y Costilla, fue entregado al gobierno español para ser fusilado el 30 de julio de 1811, sin ninguna de las prerrogativas y beneficios en que antes se amparaba cualquier reo. “…Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en dondequiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber; en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado; estando acostado o andando, mingiendo o cantando, y en toda sangría. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes; en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos…”, sentenciaba el inclemente decreto de la Inquisición. En vista de tanto bandolerismo y frecuentes asaltos, el gobernador de Jalisco Joaquín Angulo, expidió en 1848, la llamada Ley Tigre, que condenaba a muerte a ladrones y asesinos. Todavía más: ordenó que los cadáveres de los ejecutados, según esa ley, fueran expuestos al público con este letrero: "Así castiga la ley al ladrón y al asesino". Fue hasta la Constitución de 1857 que en su artículo 23, se sentenciaba a pena de muerte, al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley, excluyendo de la pena capital a los delitos políticos. Quizás la más conocida de las ejecuciones en México, haya sido la de Maximiliano de Habsburgo, cuando a su fusilamiento, Juárez publicó un edicto que decía “…El archiduque Fernando Maximiliano José de Austria, fue hecho justo por las armas el 19 de junio de 1867…” y en el contexto del triunfo de las armas mexicanas, el Presidente Juárez pronunció el 15 de julio de 1867, un manifiesto de 2 cuartillas, que en su parte medular señalaba: “…Que el pueblo y gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz…”. El último de los fusilados fue León Toral –asesino material del presidente Álvaro Obregón- muerto el 9 de febrero de 1929 en Lecumberri. Que se analice el tema y que hable la sociedad, principalmente los agraviados.