Desde diciembre
de 2012 el gobierno federal prometía impulsar una serie de políticas públicas
por la vía del Pacto por México, que imponían los temas de la agenda nacional.
Así vinieron las reformas laboral, educativa, hacendaria y fiscal, política y
finalmente, la energética, que prometían tiempos de bonanza económica.
Estos temas
vinieron a aminorar y cambiar un poco la percepción sobre el estado de
inseguridad que se vivía en el país.
Por primera vez
en mucho tiempo, el presidente de la República pudo sentarse en la misma mesa,
con los presidentes de las principales fuerzas políticas del país, incluyendo
el de su partido, mandando un mensaje de armonía política, no así el de la
armonía y paz social.
No todo estaba
bien, porque mientras las reformas que el Congreso le había aprobado al
presidente y transitaban la vía de la acción, la presión social producto de la
impunidad y la corrupción crecían y superaban las expectativas generadas por el
proyecto de nación que implementaban las reformas del presidente Peña Nieto.
El proyecto de
nación vino a demeritarse, por las crisis que fue enfrentando el gobierno
federal que comenzaron con la matanza de Tlatlaya, siguieron con las protestas
de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, continuaron con la
desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
prosiguen con la abrupta suspensión de la licitación del Tren Rápido México
Querétaro, y por ahora, se detiene en el conflicto de intereses cuando uno de
los contratistas ganadores de la licitación señalada vende la casa blanca a la
esposa del presidente, en 7 millones de dólares.
En otros países
por escándalos de menor calado que este, es motivo suficiente para que el Primer
Mandatario haya renunciado a su encargo. Mientras tanto en el Congreso, algunos
legisladores defienden el conflicto de intereses visto por todo mundo,
seguramente a cambio del siguiente cargo de elección.
Nuevamente una
marcha hace presente el descontento social producido por la desaparición de los
estudiantes de Ayotzinapa, al que se agrega el factor violencia generado por
los anarquistas. Hay quien dice que estos grupos son dirigidos por la
oposición, mientras que otros consideran que quienes los movilizan son grupos
económicos cuyos intereses han sido afectados por la reformas emprendidas por
el presidente Peña Nieto. Lo cierto es que estos grupos de violencia se han
presentado desde la administración
federal pasada echando por tierra que aparecieron por presiones
económicas.
Los anarquistas
no son grupos desestabilizadores, toda vez que su objeto es generar violencia
en contra de las instituciones en actos públicos; mientras que el
desestabilizador genera además, actos tendientes al debilitamiento de la
estructura económica.
Por una parte, la
marcha capitalizó el descontento social que ha producido los sucesos de
Tlatlaya, IPN, Ayotzinapa, la Casa Blanca, entre otros. Por otra parte, los
anarquistas que buscan el momento adecuado para provocar a la autoridad e
iniciar la violencia. No más.
Lo lamentable de
todo esto es que parece que no existe la intención de capitalizar la luz que
arroja los conocimientos generados por las instituciones de educación superior,
públicas y privadas, los organismos de la sociedad civil, o instituciones de
gobierno, para convertirla en inteligencia de la cual se obtengan políticas
públicas. Pareciera que se desperdicia el talento que produce investigación
económica, política o social, para mejorar las condiciones de vida.
Esto podría
explicar que en los índices de medición de la pobreza que genera el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se
encuentre que las políticas públicas que impulsa el gobierno federal y sus
secretarías de Estado, sólo pretendan objetivos de pobre calidad al otorgar
niveles de satisfacción de tercer mundo y no se aspire al bienestar de los
países de primer mundo.
Además, la
investigación en economía arroja que el sistema económico mexicano no está
diseñado para elevar las condiciones de vida de la ciudadanía, sino para
mantener una base de contribuyentes en quienes se apoye el sistema fiscal y
hacendario mexicano.
Por otra parte,
no se capitaliza la investigación en ciencias sociales o en política, porque
esto destrozaría los cotos de poder, los cacicazgos, prevendas, narcopolíticos,
venta de candidaturas, moches y toda clase de figuras de impunidad y corrupción
que prevalece en los partidos políticos, reconocidos en ellos mismo, cuando en
el Congreso violan su pacto de impunidad y se lanzan acusaciones por el tema de
la Casa Blanca y de la relación de José Luis Abarca con AMLO.
No se capitaliza
la investigación jurídica, que arroje el mejoramiento de las condiciones de
procuración e impartición de justicia, y que el sistema inquisitorio absurdo
permita que figuras como Florence Cassez, Rafael Caro Quintero o Raúl Salinas
de Gortari obtengan su libertad y que personajes como las indígenas Jacinta y
Teresa Madrigal o el maestro tzotzil Alberto Patishtan o los indígenas
recientemente liberados en Chiapas por confundirlos como probables responsables
de la matanza de Acteal, hayan permanecido injustamente en prisión, mientras
que para el 2015 los Ministros de la SCJN aumentarán sus sueldos, con una
sociedad lastimada por la ausencia de justicia.
Así que si el
gobierno federal verdaderamente desea recomponer el orden de las cosas, pues de
seguro conoce el camino a seguir.
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