Ingobernabilidad o desestabilización

Si nos atenemos al concepto amplio de gobernabilidad que propone Antonio Camou en los cuadernos de divulgación democrática del Instituto Federal Electoral (IFE), se trata de “un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental”, y por tanto, en este momento las primeras superaron a lo segundo.

Pero si lo comparamos con el concepto de desestabilización que aporta Rodrigo Borja en su enciclopedia de la política, se trata de la “acción de debilitar las instituciones políticas de un Estado y de erosionar la autoridad de sus gobernantes, de modo que el sistema en su conjunto pierda seguridad y firmeza”, cosa que sucedió como consecuencia de la misma crisis política, social y de seguridad que generó los sucesos de Ayotzinapa.

Lo más seguro es que el común denominador entre ingobernabilidad o desestabilización es que en ambos, algunos ingredientes para su producción lo constituyen, la corrupción y la impunidad.

El plan de legalidad que anunciará en unas horas el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no puede tener como objetivo generar nuevas leyes, porque el derecho positivo mexicano tiene más de 290 disposiciones en todas las materias.

Como tampoco la intención es la de crear nuevas instituciones, porque la grave crisis que vislumbró los hechos de Guerrero no es de estructura burocrática, mucho menos una coyuntura temporal. No puede hablarse que modificará procesos operativos, cuando su seguridad en Los Pinos fue vulnerada, al permitir el ingreso a miembros del EPR y del ERPI entre los padres de los normalistas que se reunieron con el presidente, sin haber realizado el mapa de actores al que está obligado.

El problema es estructural en el que se trata de impunidad y corrupción enquistada en las prácticas de todos los partidos políticos. La venta de candidaturas, los negocios al amparo del poder, los moches, los narcolegisladores y narcoautoridades, las licitaciones y los sobornos, entre muchos ejemplos en todo el país y cuyas actividades devinieron en esta crisis política, social y de seguridad en el país.

Otro momento de grave crisis en el país: En sesión del 15 de diciembre de 1861, Vicente Rivapalacio, presidente del II Congreso, se dirige al Presidente Juárez, a quien la asamblea le otorga facultades extraordinarias para hacer frente a la intervención francesa, “La historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos”.