Ha concluido la estancia en México de la ciudadana francesa Florence Cassez, producto de errores en el procedimiento judicial que la había llevado a purgar una sentencia de 60 años en cárceles de nuestro país.
El miércoles pasado tuvo lugar la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que la ministra Olga Sánchez Cordero preparó el proyecto y lo puso a consideración del resto de ministros integrantes.
Lo extraño ocurrió, cuando la votación no favorecía el dictamen de la ministra, de repente modificó los resolutivos de su proyecto por el que había presentado el ministro Arturo Zaldivar en 2012, en virtud a que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena coincidía en que el montaje había sido el agravante que determinó la situación de Cassez.
Los que saben de derecho dicen que la duda para los abogados más técnicos estriba, en si la SCJN debía aceptar la solicitud de amparo de Cassez, postura que en su momento fijó el ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia, señalando que el amparo promovido por la defensa de Cassez era improcedente y la SCJN debía desecharlo sin hacer pronunciamiento alguno, dado a que no tenía temas de interpretación directa de la Constitución o de la inconstitucionalidad de alguna ley.
Prosiguiendo y acerca del montaje, Televisa y TV Azteca dicen que fueron engañados por la falsa interpretación de la realidad que les hizo creer el exDirector de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna.
Las televisoras olvidan que el desconocimiento del derecho no les exime de su aplicación y deberían ser llamadas a cuentas, junto con García Luna así como al entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, en virtud a que expusieron una falsa realidad a la opinión pública, -en el primero-, y permitiendo un juicio mediático, -en los exservidores públicos-, antes de conocer los resultados de la sentencia, hechos en los que seguramente también hay responsabilidad.
Acto seguido y como si se fueran a perder los boletos por llegar tarde al aeropuerto, la señora Cassez materialmente huyó del centro penitenciario en el que estaba recluida, para abordar el siguiente avión con destino a Paris, en donde fue recibida como heroína por sus autoridades en donde proclamó su inocencia, cosa que es falsa, ya que los ministros de la SCJN votaron por ratificar que el procedimiento con que se le juzgó a Cassez fue desaseado, no por ser inocente.
Todo lo anterior muestra la precaria situación de la procuración de justicia en México, al que se suma el lamentable y el desafortunado agravio histórico, del caso de la falta de pruebas en contra del General Tomás Ángeles Dauahare, nieto del Gral. revolucionario Felipe Ángeles, y otros cinco militares acusados durante el gobierno de Felipe Calderón por brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva.
Otra prueba lo constituye el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Madrigal, quien en el absurdo de la lógica, fue acusada de someter, desarmar y secuestrar a 5 agentes de la P.G.R. y sentenciada a 21 años de cárcel.
En otras palabras, la procuración de justicia se desvirtuó en el sexenio pasado, probablemente con el consentimiento de los medios de comunicación, para legitimar las acciones en contra de la inseguridad pública que no pudo contener.
Seguramente también la impartición de justicia podría encontrarse en crisis: en junio de 2010 se supo que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y el exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, se reunieron con ministros de la SCJN para persuadirlos de la presunta inocencia de Molinar en los hechos donde murieron 39 niño de la Guardería ABC de Hermosillo, quien bajo su cargo en el IMSS ganó el tristemente célebre primer lugar en el concurso de “El Trámite Más Inútil” en el gobierno federal, que convocó la exSecretaría de la Función Pública.
Como parte de el Estado mexicano, la ciudadanía se encuentra vulnerada, porque su moral se encuentra en bajos niveles, con un decremento en los niveles de confianza en sus autoridades.
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