En un acto xenofóbico y como una presunta medida para combatir la inseguridad y el narcotráfico, la gobernadora del estado norteamericano de Arizona, Jan Brewer, promulgó la Ley SB1070 que convierte en criminales a inmigrantes indocumentados.
Todos los ámbitos nacionales, algunos internacionales y sus autoridades como el presidente Barack Obama, han mostrado preocupación por esta legislación, en la que otorga a los policías locales, facultades para arrestar personas, si se tiene la mínima sospecha, ya sea por el color de la piel o apariencia, de que se trata de indocumentados.
En un sistema que se precia de tener una de las democracias más modernas del mundo, -como la norteamericana-, seguramente para la gobernadora Brewer, pareciera justa su legislación, aunque por el contenido y alcance, Arizona no ha superado el tema del racismo, paradójicamente en una país fundado por inmigrantes.
Pero, como en “casa del jabonero, el que no cae resbala”, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), enmendó la plana y otorgó el beneficio de la libertad a las indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes purgaban una injusta condena de 21 años de cárcel, por el delito de secuestro en contra de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), exactamente el mismo caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, liberada en septiembre pasado.
Según las averiguaciones del Ministerio Público Federal, arrojaron que las indígenas otomíes fueron capaces de luchar cuerpo a cuerpo con agentes entrenados, quitarles sus armas de cargo, someterlos pese a la superioridad en número y fuerza masculina de sus oponentes y hasta secuestrarlos, lo que presupone que tenían una casa de seguridad para retener a sus cautivos.
La historia no se equivoca. Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), no han volteado al pasado para comprender el porqué el ejército de Oriente ganó la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862; la respuesta: por la participación de una fuerza de indígenas zacapoaxtlas, en la que el general republicano Miguel Negrete se dirigió a los 1,500 indios de la sierra norte de Puebla, diciéndoles: “Muchachos, nos vamos a batir con los que se dicen los primeros soldados del mundo, pero ustedes deben de demostrar que nosotros somos los primeros por el derecho que tenemos de nuestro suelo”, por lo que han vivido en el error en sus estrategias en el combate al crimen organizado y no han sabido valorar el reclutamiento de indígenas en su personal operativo.
Imagínese usted, que con un batallón de unas 250 indígenas, -como Jacinta, Teresa o Alberta, por supuesto-, se acabarían los problemas de inseguridad en el país, y con eso, le demostraríamos a la gobernadora Brewer que los indígenas son hasta mejores que sus policías.
Los indios son fieles a su país: Además del ejemplo de la batalla de Puebla y para lograr la revolución de Ayutla iniciada en 1854, el hijo del futuro presidente Juan Álvarez, de nombre Diego, reclutaba indios para formar tropas en Texca, -hoy Acapulco en Guerrero-.
Cierta ocasión, un indio zapoteca pidió su alta para combatir a Santa Anna: Benito Juárez. Al llegar al puesto de reclutamiento y preguntársele su nombre, se limitó a decir “Sabiendo que aquí se pelea por la libertad, he venido a ver en qué puedo ser útil”. A Juárez se le dotó de un calzón de manta y un cotón, un cobertor de cama y un par de botas.
En el campamento de rebeldes de Ayutla desconocían que Juárez, -para entonces-, era abogado y había sido diputado, juez y gobernador de Oaxaca.
Cierto día, llegó una correspondencia al campamento, dirigida al licenciado Benito Juárez. Diego Álvarez, al darse cuenta del personaje que se encontraba entre sus filas, le pidió disculpas por haberlo tratado con indiferencia, diciéndole “Usted es uno de los políticos más brillantes y le hemos dado vestimenta de indio”, Juárez, -con sentido del humor-, le respondió: “será que lo parezco, ¿o no?”, y en un acto de humildad prosiguió: “a la Patria lo mismo se le sirve de gobernador que de estafeta”. Diego Álvarez lo nombró su secretario.
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