Cuando en el Semanario Judicial de la Federación en su ejemplar de junio de 1996, conceptualiza al fuero -por su origen- como “un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, y para mantener el equilibrio de poderes del Estado, en regímenes democráticos[…]”, las comisiones del Senado, aprobaron modificar la ley de Seguridad Nacional, por la cual, se legaliza la participación temporal de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, y se establece que los militares que cometan delitos contra civiles, sean juzgados en tribunales del fuero común, lo que abre el camino para modificar el fuero militar.
Además, en una visita sorpresa a la Cámara Alta, el Secretario de Gobernación (SEGOB), Fernando Gómez Mont, acudió a ese órgano legislativo para solicitar a los legisladores que no tocaran el fuero militar y que esperaran la iniciativa presidencial sobre el tema, que modificaría el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Se dice que reconocen que en las fuerzas armadas hay malestar por el tema del fuero militar. Se señala que se oponen a que tribunales civiles juzguen a los soldados por delitos cometidos en operaciones de auxilio a las autoridades civiles e insisten en que los tribunales militares están para eso -juzgar-, y no con el propósito de ocultar delitos.
El mismo día, el Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec), Rafael Rangel Sostmann, propuso a ambas cámaras del Congreso -por separado-, modificar el fuero de guerra para que los militares sean sometidos a juicios civiles al cometer delitos; a propósito del asesinato de los alumnos del Tec, Jorge Mercado y Francisco Arredondo, quienes perecieron dentro del plantel, en medio de un enfrentamiento entre miembros del Ejército y criminales, no resuelto todavía y que ha causado indignación, por la ingenuidad en las respuestas de las autoridades, al confundirlos con sicarios.
Días antes, en una conferencia de prensa el cantautor español Joaquín Sabina, calificaría de ingenuo al Presidente Felipe Calderón, al ahondar que "Parece mentira que no supiera que esa guerra no la puede ganar él ni la puede ganar nadie".
Igualmente en este momento como ingenuos, hay bastantes ciudadanos que creyeron en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (RENAUT), al registrar su línea telefónica, y días posteriores se conociera la existencia de la venta de bases de datos -como el padrón electoral, el registro de licencias de conducir, los datos de las policías del país, el registro de las ordenes de aprehensión, entre otras importantes listas- resguardadas por las autoridades.
Por lo anterior, la ciudadanía percibe que su inteligencia, capacidad de análisis o juicio, son -en una forma amable-, menospreciados o subestimados por la autoridad, pero contrario, la ciudadanía no goza, -ni del fuero ni de las instituciones-, para protegerse.
El fuero militar -junto con el eclesiástico- subsiste desde tiempos de La Colonia. Bajo la presidencia de Juan Álvarez, de octubre a diciembre de 1855, tuvo el acierto de allegarse de una serie de colaboradores excepcionales, destacándose Melchor Ocampo en Relaciones Exteriores, Benito Juárez en Justicia, éste último compadre del presidente Álvarez, apodado “El Pinto”, entre otros notables.
El poco más del mes que Álvarez gobernó el país, tomó dos medidas trascendentales que cambiarían el destino de México: la promulgación de la Ley Juárez y la convocatoria al Congreso que elaboraría la Constitución de 1857.
Al ser proclamada la Ley Juárez, que abolía los fueros militar y eclesiástico, los comentarios en las mansiones de los ricos, -proclives a la causa conservadora-, espantados comentaban: “no tiene la culpa el indio, -en referencia al Ministro Juárez-, sino el pinto -Juan Álvarez-, su compadre”. De aquí nace la famosa cita del indio.
A las semanas, Juárez recibía las protestas del Arzobispado en México y los Obispados de Guadalajara, Michoacán y San Luis Potosí, quienes argumentaban que sólo se acatarían las leyes del Poder Divino, al que -según ellos- estaba sujeto todo el Poder Civil.
Actualmente, el tiempo le dio la razón a Juárez y se equivocan quienes confunden un pecado con un delito, amparados en un fuero.
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