Desde el inicio de la administración del ex
presidente Felipe Calderón Hinojosa, el
mensaje institucional enviado fue el de la guerra. Mal llamado así, dado a la
información inexacta en el que se sumaron el uso inapropiado del lenguaje, la
semántica, su interpretación literal, así como el mensaje para difundir la idea
de un estado de guerra, que parecería que hoy, con poco más de 22 mil muertos, el
Estado mexicano no puede con ella.
Así transcurrió el sábado pasado, cuando
la población de Guadalajara vio sorprendida cómo circulaban mensajes por
teléfono celular que advertían de la posibilidad de enfrentamientos entre
delincuentes y las fuerzas del orden, pidiendo que se resguardaran en casa.
Mientras tanto, la Fiscalía del Estado,
el vocero del Gobierno del Estado, la Secretaría General de Gobierno y el
titular del Poder Ejecutivo en Jalisco, guardaban un silencio que se convertía
en angustiante.
Así por la noche en el infortunio, el gobierno
de Jalisco envió a un mando segundo de vialidad, para informar de parte de la
Fiscalía que ante cualquier riesgo se daría aviso inmediato a la ciudadanía.
Ni el Gobernador del Estado, ni el vocero
del gobierno, ni el secretario general de gobierno y ni el fiscal de Jalisco o
algún subalterno de primer nivel de estas dependencias, salió a calmar los
nerviosos ánimos ciudadanos y por el contrario, hubo voces que reclamábamos la
implementación del código rojo.
Días anteriores los medios dieron cuenta de
por lo menos 15 policías muertos en una emboscada en el municipio jalisciense
de San Sebastián del Oeste, cercano a Puerto Vallarta, y por tanto, se podía
presumir una revancha de la delincuencia organizada en la capital del estado.
No sólo eso. El titular de la Fiscalía de
Jalisco trae sus propias crisis, producto de años de enquistamiento en el cargo
anterior, como titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de
Jalisco y después convertida en Fiscalía Central de ese estado.
Una Fiscalía cuyos mandos han permanecido
durante 9 años en el cargo, en donde se pudieron haber generado corruptelas o
intereses ajenos a los de la seguridad pública. Con cuadros formados en la
improvisación y con ausencia de generación de doctrina de seguridad.
Además una día antes el Fiscal Luis
Carlos Nájera afirmó que la ayuda federal era insuficiente. No sólo eso, sino
que dijo que en la Fiscalía que lleva años dirigiendo, había infiltrados de la
delincuencia.
Fueron unas afirmaciones desafortunadas,
porque la Federación ha destinado a Jalisco para 2015 en la función seguridad
pública, 1,216 mdp, y además porque parece que el Fiscal desconoce quién
trabaja con él, luego de años en el cargo. Fiel a sus formas en descalificar a
sus críticos para mantenerse en una zona de confort, el Fiscal de Jalisco ha
sido superado y ya no tiene más que ofrecerle a Jalisco.
El día siguiente vino el secretario de
gobierno a desmentir los rumores, pero la vulnerabilidad que experimentó
Jalisco y su gobierno en los campos social y político de la seguridad nacional,
que pudieron haber escalado y obligar a la activación del menospreciado código
rojo, como un status previo de entidad fallida, en cuyo filo estuvo oscilando
por la incapacidad operativa en sus mandos y de comunicación de sus servidores
públicos.
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