En una proposición con punto de acuerdo, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron solicitud para condonar las deudas de las Entidades Federativas y los Municipios, que se sobreendeudaron.
Al cierre del segundo trimestre del 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta una deuda pública de los 32 Entidades y el Distrito Federal, por un monto de 404,409'500 mil pesos.
Los Estados más endeudados son el Distrito Federal con casi 55 mil millones de pesos (mdp), Nuevo León con 40 mil mdp, Estado de México con 38,300 mdp, Coahuila con 36,500 mdp, Veracruz con casi 32,000 mdp y Jalisco con 26,704 mdp. Con excepción del D.F. gobeernado por el PRD y Jalisco por el PAN, el resto de estos Estados son gobernados por el PRI.
En contraste, las Entidades Federativas menos endeudadas son Tlaxcala con 62.5 mdp, Campeche con 1,030 mdp, Baca California Sur con 1,677 mdp, Querétaro con 1,883 mdp, Colima con 2,185 mdp y Tabasco con 2,340 mdp pero que proximamente el gobernador Adnrés Granier extraña y sospechosamente adquirirá una deuda por 4,000 mdp a menos de 1 mes de concluir su mandato.
Pero por otra parte, el cuerpo de la proposición aunque solicita la creación de un Fondo Contingente destinado a solventar la crisis financiera de los estados y municipios y que se destine mayores recursos a los diversos Fondos de Aportaciones Federales para los gobiernos estatales y municipales, no solicita que se ejerzan las acciones legales necesarias y suficientes, para deslindar las probables responsabilidades por el mal uso de los recursos públicos.
Los proponentes dicen que "Hay que decirlo con todas sus letras, parte de las quiebras y endeudamientos son resultado de las malas administraciones, el mal uso de los recursos y la corrupción [...]", pero olvidaron pedir a la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías forenses y el deslinde de responsabilidades a que haya lugar.
Esta omisión sólo puede explicarse para que quienes hayan desempeñado una función de gobierno y que ahora pudieran encontrarse bajo el manto protector que presenta algún cargo de elección popular que ofrezca fuero constitucional, deseen evitar que sus administraciones sean sujetas de investigación y les sean perdonadas algunas probables responsabilidades.
Este es un buen inicio para la Comisión Nacional Anticorrupción, cuya iniciativa acaba de ser presentada en el Senado y que seguramente dará inicio el próximo 1o. de septiembre, que arrancaría con investigar las administraciones salientes de Estados y Municipios, mandando con esto, una buena señal a la opinión pública de que verdaderamente se desea extinguir con el flagelo de la corrupción.
Imagine usted sentar en el banquillo de los acusados a exmandatarios de la Entidad Federativa de su preferencia, para que verdaderamente respondan por presuntas arbitrariedades en perjuicio de la función pública, de gobierno, de la administración e impartición de justicia, de la seguridad pública o de la buena administración de los recursos públicos que le fueron encomendados.
Ojalá sea lo que la ciudadanía espera de su próximo gobierno. Pero siempre ha habido peticiones de esta naturaleza. Vea usted. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.
A su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare a la pobreza.
El 27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres hijos, a la causa de la independencia.
Por otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de México.
Por sobre todas las cosas, existe un principio del ejercicio de la función pública que afirma, que “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala": Benito Juárez.
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