Ha trascendido que uno de los primeros cambios que pretende el presidente electo, Enrique Peña Nieto, es en el área de la seguridad.
Entre estos se encuentra la supresión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que se transformaría en una Subsecretaría del Interior, a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y que mantendría funciones que tiene la SSP y crearía las de la Gendarmería Nacional. En el ánimo de la eficiencia administrativa, es probable que estas funciones puedan ser absorvidas por la Policía Federal, o bien, que ésta cambie de denominación a la Gendarmería señalada.
Por otra parte, de seguir la tendencia presupuestal esta nueva Subsecretaría, sería la que más presupuesto ejercería, ya que en este año la todavía SSP se encuentra ejerciendo poco más de 40 mil millones de pesos (mdp), en contraste con los 19 mil mdp que ejerce actualmente la Armada que ha demostrado el doble de efectividad.
Prosiguiendo con los cambios, la Secretaría de la Función Pública (SFP) cambia de denominación, para ser nombrada como Comisión Nacional Anticorrupción.
Como innovación administrativa se crearía una Agencia de Seguridad, que coordinaría a los cuerpos policiales federales, aunque por la naturaleza de estas funciones, esta tarea podría realizarla la Subsecretaría del Interior, arriba citada.
Los anteriores son actos que pretenden disminuir el estado de inseguridad en que vive el país, como un esfuerzo por contener el avance de la violencia, que según el Secretario de Defensa Norteamericano, León Panetta, afirmó en marzo pasado, que las víctimas por la malograda guerra contra la inseguridad –o narcotráfico- en este sexenio, ascienden a la suma de 150 mil muertos, es decir, que a unos meses de que el gobierno del Presidente Calderón contabilizara 50 mil víctimas mortales. Seguramente la experiencia del señor Panetta al frente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), es la que lo hace afirmar dicha cifra.
Se sabe también que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se fortalecería para dotarle de atribuciones en zonas rurales y urbanas. En este sentido cabe el comentario si sería necesario atribuirle a la cabeza del sector agrario, el reparto de la tierra en zonas urbanas, en un ejercicio en el que parecería contrario al espíritu de la misma denominación de la Secretaría.
Políticamente este escenario estaba previsto en septiembre de 2011, cuando el periódico The Economist, predijo que el Partido Acción Nacional descendería al tercer lugar, escenario que se amplió a Jalisco, con lo que casi es exterminado el corredor azul del centro del país.
Pero este breve parte de guerra no es sólo en el tema político o de seguridad. En el plano ideológico hay saldos pendientes o agravios: En lo que pareciera una venganza ejecutada por el brazo político de la iglesia, algunas de las administraciones emanadas del PAN les ha retirado el nombre de Benito Juárez a 417 calles, plazas y municipios del país, siendo sustituidos por nombres como San Miguel Arcángel, Juan Pablo II, y claro, algunos de los mártires cuyo santuario en Jalisco mereció un donativo de 30 mdp. del Gobierno de Jalisco, sin dejar de seguir aportando.
Cuando en 1925 Obregón encabezó el cortejo fúnebre que trasladó los restos de los héroes de la independencia que se encontraban en Catedral, fue acompañado por algunos descendientes de los insurgentes, a quienes nadie les cuestionó su calidad de pariente. Así, unos presuntos nietos de Guadalupe Victoria se apersonaron para sacar, ellos mismos, a su abuelo, y un sobrino de Mariano Matamoros llegó a hacer su parte con su ilustre pariente, además, el pueblo.
En este sexenio cuando fallece Juan Camilo Mouriño, siendo secretario de Gobernación y descendiente de españoles, su muerte mereció unos dignos funerales de Estado, -incluso mejores-, que quienes nos dieron patria y libertad. Mismo trato recibió Francisco Blake Mora finado en 2011.
Entre estos se encuentra la supresión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que se transformaría en una Subsecretaría del Interior, a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y que mantendría funciones que tiene la SSP y crearía las de la Gendarmería Nacional. En el ánimo de la eficiencia administrativa, es probable que estas funciones puedan ser absorvidas por la Policía Federal, o bien, que ésta cambie de denominación a la Gendarmería señalada.
Por otra parte, de seguir la tendencia presupuestal esta nueva Subsecretaría, sería la que más presupuesto ejercería, ya que en este año la todavía SSP se encuentra ejerciendo poco más de 40 mil millones de pesos (mdp), en contraste con los 19 mil mdp que ejerce actualmente la Armada que ha demostrado el doble de efectividad.
Prosiguiendo con los cambios, la Secretaría de la Función Pública (SFP) cambia de denominación, para ser nombrada como Comisión Nacional Anticorrupción.
Como innovación administrativa se crearía una Agencia de Seguridad, que coordinaría a los cuerpos policiales federales, aunque por la naturaleza de estas funciones, esta tarea podría realizarla la Subsecretaría del Interior, arriba citada.
Los anteriores son actos que pretenden disminuir el estado de inseguridad en que vive el país, como un esfuerzo por contener el avance de la violencia, que según el Secretario de Defensa Norteamericano, León Panetta, afirmó en marzo pasado, que las víctimas por la malograda guerra contra la inseguridad –o narcotráfico- en este sexenio, ascienden a la suma de 150 mil muertos, es decir, que a unos meses de que el gobierno del Presidente Calderón contabilizara 50 mil víctimas mortales. Seguramente la experiencia del señor Panetta al frente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), es la que lo hace afirmar dicha cifra.
Se sabe también que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se fortalecería para dotarle de atribuciones en zonas rurales y urbanas. En este sentido cabe el comentario si sería necesario atribuirle a la cabeza del sector agrario, el reparto de la tierra en zonas urbanas, en un ejercicio en el que parecería contrario al espíritu de la misma denominación de la Secretaría.
Políticamente este escenario estaba previsto en septiembre de 2011, cuando el periódico The Economist, predijo que el Partido Acción Nacional descendería al tercer lugar, escenario que se amplió a Jalisco, con lo que casi es exterminado el corredor azul del centro del país.
Pero este breve parte de guerra no es sólo en el tema político o de seguridad. En el plano ideológico hay saldos pendientes o agravios: En lo que pareciera una venganza ejecutada por el brazo político de la iglesia, algunas de las administraciones emanadas del PAN les ha retirado el nombre de Benito Juárez a 417 calles, plazas y municipios del país, siendo sustituidos por nombres como San Miguel Arcángel, Juan Pablo II, y claro, algunos de los mártires cuyo santuario en Jalisco mereció un donativo de 30 mdp. del Gobierno de Jalisco, sin dejar de seguir aportando.
Cuando en 1925 Obregón encabezó el cortejo fúnebre que trasladó los restos de los héroes de la independencia que se encontraban en Catedral, fue acompañado por algunos descendientes de los insurgentes, a quienes nadie les cuestionó su calidad de pariente. Así, unos presuntos nietos de Guadalupe Victoria se apersonaron para sacar, ellos mismos, a su abuelo, y un sobrino de Mariano Matamoros llegó a hacer su parte con su ilustre pariente, además, el pueblo.
En este sexenio cuando fallece Juan Camilo Mouriño, siendo secretario de Gobernación y descendiente de españoles, su muerte mereció unos dignos funerales de Estado, -incluso mejores-, que quienes nos dieron patria y libertad. Mismo trato recibió Francisco Blake Mora finado en 2011.
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