El
fin de semana pasado fue detenido José Manuel Mireles, lider de las
autodefensas de Michoacán, bajo el argumento de portación de arma de uso
exclusivo del ejército, enre otros delitos.
En
un discreto operativo, Mireles fue trasladado a un penal en Sonora, para no dar
pie a que sus seguidores puedan manifestarse, como lo comenzaron a hacer en
Michoacán.
Esta
detención se enmarca en una probable inutilización política del también médico,
toda vez que se percibió que Mireles podría ser rentable políticamente como
candidato en el próximo proceso electoral federal, cuando Andrés Manuel López
Obrador ha salido a su defensa, condenando el arresto.
Eran
una constante las afirmaciones de Mireles, quien señalaba que pese a la
presencia del Comisionado para Michoacán, Arturo Castillo, ese Estado sigue en
crisis, quien aparece en medios en una estrategia de contención de opinión.
Es
sospechosa la detención de Mireles, porque personajes de la vida pública de
Michoacán, como la senadora Iris Vianey Mendoza (PRD), la senadora Luisa Maria
Calderón Hinojosa (PAN), así como Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador
Fausto Vallejo Figueroa, quienes son señalados por vínculos con la delincuencia
organizada, no han sido molestados por un Agente del Ministerio Público o mucho
menos por una orden de aprehensión.
Igual
de sospechoso es que la PGR no haya dado a conocer los nombres de los
servidores públicos que permitieron a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, evadirse
de la acción penal durante 13 años.
Una
sospecha en la historia, es aquella por la cual, la inquisición emite un
comunicado el 15 de marzo de 1813 en el que señala que aunque Miguel Hidalgo “pide perdón al Tribunal de la Santa
Inquisición, de las injurias que le hizo y de que intentó satisfacer a los
cargos que se le hicieron, juzga que no resultan méritos bastantes para
absolver su memoria y fama, ni tampoco para condenarlo […]”, y por tanto,
sigue vigente su condena ante la historia.
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