Una cosa lleva a la otra

Hace unos días la Cámara de Diputados designó al presidente y consejeros del Instituto federal Electoral (IFE), en un proceso que empieza a ser cuestionado por el cumplimiento de la legalidad y por las cuotas de poder repartidas entre los partidos políticos.

Por lo que respecta al ahora consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, cuenta con experiencia en el ámbito electoral al haber sido presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien por cierto fue quien le entregó la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador en el 2000.

En cuanto a Marco Antonio Baños Martínez, recientemente fue asesor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión; y Benito Nacif Hernández, es académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de quien depende el proyecto intitulado “Monitor Legislativo”.

Como dato a tomar en cuenta son los lugares que ocuparon en la lista de calificaciones, el 21, 31 y 35, respectivamente, por lo que quizás no hayan sido los mejor calificados académicamente pero hoy vemos que sí fueron notables políticamente, para quienes aprobaron el dictamen de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja que los acreditaba como los nuevos consejeros.

En el camino quedaron figuras relevantes como el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro David Góngora Pimentel; la ex fiscal de delitos electorales, María de los Ángeles Fromow Rangel; el comunicador de W Radio Ezra Shabot Askernazi; y el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien por cierto afirmó que impugnará el proceso; entre otros aspirantes.

Desde luego que hay quienes dicen que ganó el PRD y el PRI en la designación de consejeros; otros que el PAN y el PRI; pero por el momento, las combinaciones de colores son irrelevantes.

Y como consecuencia de la designación de los consejeros electorales, también hubo grupos de interés que ganaron y perdieron; el tema del control de monopolios emerge en el contexto nacional. Por principio de cuentas, el recién estrenado presidente del IFE, Leonardo Valdés, debe de estar revisando el escándalo de los más de 180,000 spots publicitarios emitidos durante el pasado proceso electoral, pendiente de dar solución.

Se trata de dar atribuciones a la Comisión Federal de Competencia (COFECO), así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para ejercer controles más estrictos sobre sus dominados, con el objeto de controlar el monopolio en varias áreas del sector privado, entre ellas las telecomunicaciones.

Por ahora, grupo Televisa a través de Cablevisión; y TV Azteca por conducto de Iusacell, ofrecen el servicio de triple play, que consiste en servicios de voz, datos y video; pero en cuanto a TELMEX le autoricen el tercer servicio, de televisión, seguramente será la cabeza en la televisión mexicana.

En todo caso, los grupos de interés cabildearon, ante legisladores y el ejecutivo, la posibilidad de incluir en la primer triada de nuevos funcionarios electorales, a quien de alguna manera garantizaría sus intereses en el seno de las decisiones de la autoridad electoral, mientras tanto, la SCJN desechó el amparo que interpuso la COPARMEX en contra de la Reforma Electoral. El siguiente cambio de consejeros del IFE es en agosto próximo, unos meses previos al arranque del Proceso Electoral Federal 2009.

Por otra parte, y al día siguiente de la designación de consejeros, en el Foro organizado por la IE Business School, el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, señaló que en México no se apoya a las empresas, en contraste con los Estados Unidos de Norteamérica; poniendo como ejemplo el interés de Televisa en incursionar en el mercado norteamericano, en contraste con el de la cadena Telemundo, al solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una concesión de televisión. Quizás eso explique su molestia al no ser electo el aspirante a consejero electoral de su preferencia.

Mientras tanto, el ejecutivo federal no ha dicho “esta boca es mía”, y veremos las reacciones de los actores políticos involucrados en el tema.