El Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), revisará los perfiles de los
candidatos a puestos de elección popular en Michoacán, según lo afirmó el
Comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo
Castillo.
Dijo en
conferencia que el objetivo es evitar la infiltración del crimen organizado en
las elecciones y afirmó que la información producto de las investigaciones será
puesta a disposición de los partidos políticos.
La participación
del Cisen podría suponer el fracaso de la Procuraduría de Justicia del estado,
toda vez que se parte de la idea que cuenta con similar tecnología para
perseguir los delitos, lo que implica sistemas de localización, búsqueda y
detección de comunicaciones, entre otros.
Es muy probable
que no sólo Michoacán sea objetivo del crimen organizado para reclutar o
presionar a candidatos para que sirvan en sus filas desde la trinchera de un
puesto de elección popular. Lo que trascendería en todo caso, es que llama la
atención que sólo sea Michoacán, y no se de a conocer que se extiende a todo el
territorio nacional.
Pero esto no es
todo. El funcionario afirmó que las investigaciones serán puestas a disposición
de los partidos políticos, aunque esta medida podría ser del todo
contraproducente, cuando el presunto evidenciado tenga redes de complicidad en
su partido político y de cuya información sólo advertirá que fue descubierto en
flagrancia, cometiendo tal o cual delito.
No sólo en
Michoacán. Es muy probable que este programa sea implementado con carácter
discreto, a todos los que precandidatos a puestos de elección popular, pero lo
que hace es evidenciar que las Prodcuradurías de Justicia en los Estados no son
de confiar, cuando de investigaciones electorales se trata, sobre todo cuando
es posible que de su uso se evite la participación del tal candidato o grupo de
interés.
Por ejemplo, es
muy probable que Julio César Godoy, hermano del exgobernador de Michoacán
Leonel Godoy, haya sido descubierto con anterioridad a la elección en la que
fue electo diputado federal, pero es muy probable que por las redes de poder
político tejidas con el entonces gobernador, pudiera haber librado cualquier
investigación o incluso, hasta una orden de aprehensión.
El uso de los
recursos del Cisen, supone la intervención telefónica, el intercambio de
información de diversas fuentes, la observación, entre otros métodos, que en
otras ocasiones le han sido redituables políticamente al regimen en turno.
Por ejemplo, las
grabaciones del exgobernador de Puebla, Mario Marín con Kamel Nacif; las de
Luis Téllez, cuando siendo secretario de comunicaciones y transportes fue
evidenciado en una grabación por Purificación Carpinteyro, entre otras, y cuyo
orígen bien podría haber sido producto de una intervención telefónica ilegal,
cuyos instrumentos para realizarlos no estan fácilmente a la venta.
Esta medida de
investigar a todos los aspirantes a cargos a elección popular para deslindar su
partiipación en el crimen organizado, es muy saludable, políticamente.
Pero no sólo lo
anterior. Así como son desviadas las funciones del Cisen para investigar
candidatos, cuando esta función debería recaer en las procuradurías, entonces
es posible que también el Cisen investigue junto con la Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP el patrimonio de los precandidatos, cuando este aumente
desproporcionadamente en relación a sus ingresos lícitos y negarles su particiación,
en tanto se investiga el orígen de sus recursos.
La corrupción es
un mal que cuando no existen condiciones económicas, permea en quien necesita y
en quien ofrece para cerrar el círculo de corrupción.
Es un problema de
seguridad nacional, porque está nutrido del componente social, quien participa
activamente en su realización, así como del componente económico o material,
como objeto de intercambio.
Desviar recursos
del Estado mexicano, como el Cisen, para investigar candidatos; o la
participación de las fuerzas armadas, en el combate al crimen organizado, sólo
evidencia que el problema fue superado en alguno de los dos órdenes de
gobierno, -municipal o estatal-, para que la Federación intervenga.
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