El robo de
combustible a PEMEX y el derrame de sulfato de cobre en el caudal del río
Sonora, podrían constituir por separado cada uno, una lesión al patrimonio
público, por el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento o deteriodo de
los bienes o recursos públicos del Estado, que debe tener una sanción ejemplar
a quien resulte responsable.
En el caso del
combustible, el mismo director de la paraestatal, Emilio Lozoya, aseguró ayer
ante diputados, que solo de enero a agosto en este año se han robado gasolina,
por un monto de 15,300 millones de pesos (mdp), que equivale a 7.5 millones de
barriles del crudo.
Es una grave
afirmación y que se encuadra en la falta de transparencia que señalan diputados
de oposición, al que Lozola dijo que PEMEX denuncia y coadyuva con las
autoridades, pero no es un ministerio público.
Esta cantidad se
agrega al cercano billón de pesos en que se encuentran los pasivos laborales de
la paraestatal, por supuesto como una pérdida más a la principal fuente de
ingresos públicos y cuya merma seguimos pagando usted o yo.
Esa molestia que
causa no es contrarrestada con medidas más precisas en contra de la rampante
corrupción en la paraestatal ni en los excesos de la dirigencia de su sindicato
y que hemos visto cómo para ellos o sus hijos, la vida transcurre entre
Manhattan, Campos Elíseos, ciudad de Mexico o algún destino exótico en Asia,
con cargo a las cuotas sindicales o al erario público, por supuesto.
Sobre el derrame
de sulfato en Sonora por parte de una empresa minera perteneciente a Grupo
México, en un principio el Gobierno de Sonora mantuvo una tibia actitud frente
a tal acontecimiento y cuyas consecuencias son de impacto en el sector primario
de la economía, en la ecología y por supuesto, en la salud y sobrevivencia de
personas y animales.
Como recordará,
la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), había
señalado la probabilidad de multar a la minera con 40 mdp, cuando el Grupo al
que pertenece, propiedad del empresario Germán Larrea, había reportado
ganancias el año pasado por 1,400 millones de dólares, es decir, era quitarle
un pelo al gato, coloquialmente dicho.
Luego, el
Gobierno de Sonora adquirió un frente de crisis, cuando el gobernador construyó
una presa, al parecer de manera ilegal, lo que le dio la pauta al Gobierno
Federal a intervenir, cuando sus Delegados fueron desconocidos por el
Gobernador Guillermo Padrés.
Así que, de tener
frente de crisis político, ahora en Sonora adquirieron uno social, luego de que
de manera irregular el Gobierno de Sonora arrestó al indígena yaqui, Mario
Luna, acusado presuntamente de secuestro, quien se opuso en 2010 a la
construcción del acueducto “independencia” cuando la Suprema Corte de Justicia
otorgó el derecho a la comunidad indígena yaqui.
No sólo eso, sino
que ahora parece que el Gobierno de Sonora ha enfilado sus baterías a culpar a
Grupo México, a quien acusa de un vertimiento deliberado en el río en Sonora y
Bacanuchi, mientras que dicha empresa dice que el tema está politizado.
Y como si fuera
un rompimiento conyugal, Germán Larrea se separa de su relación económica con
grupo Televisa.
Lo delicado de
este tema es que la mina en cuestión es el segundo productor de cobre en el
país. No es fácil tomar una decisión para el gobierno, toda vez que es muy
seguro que se esté valorando el daño provocado a la ecología y las personas, contrastándolo
con el impacto económico en la región y en el país.
Estos temas y los
que salen a colación son denunciados por el grado de corrupción que es
transparentado, mostrando la vulnerabilidad de los procesos y sistemas de las
instituciones, pudiendo haberse evitado con controles adecuados y con estrictos
estándares de transparencia y vigilancia.
Esta misma
vigilancia es la que no concuerda. Mire usted. Mientras el Gobierno solo puede
ser auditado una vez al año, mediante el mecanismo instituido por la Cámara de
Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, usted como
constribuyente es auditado cuantas veces sea necesario y requerido por la
autoridad fiscal.
Lo anterior es
injusto, toda vez que por razones políticas casi siempre es que trasciende la
corrupción en dependencias del gobierno y no como un acto como consecuencia de
la prevención que podría generar la transparencia, en los controles y
estándares de la anticorrupción, medida a la que se resiste el gobierno en
implementar mediante la postergada Comisión Nacional Anticorrupción.
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