Con esto de las nuevas tecnologías de
información, -como el internet-, usted como ciudadano tiene el derecho a que su
información sea borrada de todos los servicios digitales que recopilen y
procesen sus datos, como las redes sociales o los buscadores de internet.
Esto se encuentra contenido en los
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) que fueron
publicados en el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, del 21 de diciembre de 2011.
Esta clase de derechos tuvo su origen en
la Alemania del Nazismo, en el que el régimen podía espiar por completo la vida
de sus ciudadanos y luego, en 1970, promulgó leyes para la protección de
información personal.
Por lo anterior, cualquier ciudadano
puede pedir a quien publique su información, que esta sea borrada, con
excepción de aquella información relacionada con contratos vigentes y la usada
durante algún procedimiento judicial.
Sin embargo, no toda la información debe
ser borrada. Por lo menos este supuesto debe aplicar a quien o quienes, en el
ejercicio del servicio público, cometa actos de corrupción, de lesa humanidad o
de hechos trascendentales para la historia del país.
Por ejemplo, no debería aplicar el
derecho al olvido ahora que se cumplen 20 años del asesinato de campesinos en
Aguas Blancas, perpetrado el 28 de junio de 1995, cuando la policía de Guerrero
gobernado por Rubén Figueroa Alcocer, dio muerte a 17 campesinos, lo que generó
que al siguiente año naciera el Ejército Popular Revolucionario, hechos
suscitados en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo y siendo Secretario de
Gobernación Emilio Chuayfett.
No debería existir el olvido para el ex regente
capitalino Oscar Espinoza Villarreal y su Oficial Mayor, Manuel Merino, quienes
compurgaron penas corporales por delitos cometidos en contra del servicio
público, en virtud a que fueron realizados en perjuicio del erario y la función
pública que protestaron como servidores públicos.
Ni tampoco para los delitos cometidos por
Raúl Salinas de Gortari, ni mucho menos para la burla de haberle devuelto sus
cuentas y propiedades. Sólo hizo falta que la PGR le pidiera perdón, caray.
No debe tener derecho al olvido el
escándalo del Fobaproa, cuando usted perdió sus ahorros o inversiones como
particular, mientras que grandes empresarios les fueron condonadas deudas
millonarias y usted siguió pagando el costo de sus bienes.
El derecho al olvido no debe ser pretexto
para que escándalos, como los departamentos del exgobernador de Oaxaca, José
Murat en Nueva York.
Mucho menos para enviar al baúl de los
recuerdos, hechos como Tlatlaya o Ayotzinapa, que laceran la conciencia
mexicana ante el mundo.
Ni tampoco debe ser pretexto para que los
partidos políticos en el ejercicio de gobierno, se cuiden o pacten entre sí,
para otorgarse impunidad y corrupción, principalmente.
Aquí se incluyen los delitos de cuello
blanco cometidos por la clase política, como la corrupción, los fraudes, la
impunidad, la delincuencia, la injusticia, la violencia, la partidocracia, las
mentiras, los moches, el despilfarro y la opacidad, entre muchos más.
Los moches de los diputados, la riqueza
inexplicable de líderes sindicales, la casa blanca o de Malinalco, las compras
a sobre precio o el uso de recursos públicos con fines privados, todo lo
anterior realizado con dinero público a cuyo bien jurídico no sea posible
requerir protección como lo es, el derecho al olvido.
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