Como usted seguramente recordará, en agosto de 2008 todos los gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal junto con los titulares de los tres Poderes de la Unión, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que el empresario Alejandro Martí, padre del menor Fernando quien fue secuestrado y asesinado, dio un elocuente y claro discurso en el que pidió a las autoridades reunidas en Palacio Nacional, que quien se sienta superado por la inseguridad, que renuncie, aunque parece que ninguna autoridad se sintió aludida.
En junio del año pasado y al calor de las jornadas electorales en ese entonces, el presidente Felipe Calderón parece que trató de acordar el voto de la ciudadanía, a cambio del apoyo del Gobierno Federal con el impuesto sobre tenencia de vehículos para las personas físicas que adquieran un nuevo automóvil, sin embargo, el texto del decreto no deroga la Ley que crea el Impuesto, sino que evita el no pago en la adquisición de automóviles nuevos, acuerdo que sólo ampara la compra de un coche modelo 2010 o 2011. Nada más.
En este mismo tenor se encuentra un “acuerdo ciudadano” que mediante un reciente decreto, el Ejecutivo Federal propone deducir de impuestos el pago de colegiaturas y mensualidades escolares, sin embargo, los verdaderos beneficiados son las instituciones educativas privadas y no la educación pública, como debería de serlo.
Cabría la pregunta si en esta deducibilidad, se haya parte de los 6,000 pesos que contempló recientemente el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero Arroyo, -para que con esos miles de pesos una familia pague la hipoteca de una casa, la mensualidad del pago de un coche y el pago de colegiatura-, porque luego entonces y en la lógica del secretario Cordero, estaríamos ante un escenario de ahorro que seguramente la dependencia a su cargo ya esté analizando la manera de cómo implementar algún impuesto. No piense usted que para quitárnoslo, nomás por nomas; sino para contribuir a sostener la llamada guerra contra la inseguridad o para que conozcamos los informes de los gobernantes en cualquier lugar del país, a manera de acuerdos ciudadanos, claro.
En este país hay hombres y mujeres que están dispuestos a cumplir sus compromisos. Acuerdos morales que en vez de mirar la impotencia que causaba las decisiones del poder, tomaron manos a la obra como Leona Vicario, -la primera mujer periodista de México-, quien con recursos propios, suministraba provisiones de boca y guerra al ejército insurgente, convencía a los mejores armeros vizcaínos que se unieran a la guerra de independencia, distribuía la correspondencia rebelde, recibía en su casa a los jefes insurgentes, ayudaba a las familias de los apresados y era miembro de la sociedad secreta de Los Guadalupes, protectora de los rebeldes.
Al ser descubierta e interrogada por el inquisidor Matías Monte Agudo, dice de Leona Vicario, que “No tembló ni un ápice ante mi presencia ante mis amenazas de prisiones, castigos, de excomuniones... ¡Y me sostenía la mirada!”.
Fue rescatada de su cautiverio y se unió al ejército de Morelos, en compañía de su esposo, Andrés Quintana Roo, pero vivió entre penurias: su criada, María de Soto Mayor, señala que “Perseguía la niña Leona para limpiarle los mocos y lavarle la cara, a Juanito Nepomuceno, el hijo del señor Morelos”.
A su muerte y en las comparecencias de la Comisión para declararla como “Dulcísima Madre de la Patria”, nunca antes se había visto llorar a un Benemérito de la Patria, pero su esposo, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demostró que los héroes también son humanos: “¡Le he dado todo a mi patria! ¡Todo! ¡La vida misma le daría! ¡Pero no la de Leona!”.
En las deliberaciones de los vocales, uno de los escribanos de la comisión -el bachiller de apellido Lerdo de Tejada- fue felicitado por el presidente Santa Anna, quien lo invitó a participar en política, pero se negó y firmó su acuerdo por escrito. 30 años más tarde la vida le cambió a ese bachiller de nombre Sebastián, al ser Presidente de la República.
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