En lo que pareciera una mala estrategia de cabildeo, la Cámara de Diputados le negó al diputado César Nava Vázquez, licencia para ausentarse de su curul y atender sus responsabilidades inherentes al Partido Acción Nacional (PAN), como su presidente.
Para ello, algunos diputados del PAN y otros del PRD, se unieron a los del PRI para consumar la negativa, en el que se especulaba el poco convencimiento de las alianzas electorales en diversas Entidades Federativas entre el PAN y PRD, a propósito de las elecciones en poco más de una decena de Estados.
Unos días después, se dio a conocer la existencia de un convenio de colaboración firmado el 30 de octubre de 2009, entre la dirigencia nacional del PRI y la del PAN, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe al Estado de México y con una vigencia hasta el 31 de julio de 2011, en el que las partes se obligan a evitar descalificaciones personales así como la formación de coaliciones electorales con otros partidos, entre otras. Dicho convenio tuvo como testigos al secretario de Gobernación (SEGOB), Fernando Gómez Mont, así como al secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miranda Nava. Quizás este haya sido el motivo por el que el titular de SEGOB renunció a su partido, en el que legisladores de ambos partidos, reprochan a su dirigencia los compromisos asumidos.
Cuando el nacimiento de la patria es un proceso decantado en el tiempo y surge entre de la opresión provenientes de silenciosas tomas de conciencia sobre la forma de ser y estar en el mundo, el crisol de donde surge la estirpe múltiple y polifacética de nuestro país, reúne elementos arramblados por siglos. El sentido de oportunidad histórica de las clases dominantes, la ebullición popular en busca de nuevas oportunidades, el vaivén de un destino trascendente y común sobre la topografía de la vida cotidiana, llenó de fervor a actores de diversos calibres de nuestra vida pública, que tomaron decisiones inextinguibles a pesar de consumirse su existencia.
Estos actores, -35 en su totalidad-, firmaron el 28 de setiembre de 1821, el acta de Independencia del Imperio Mexicano; por la Corona Española, lo signaba Juan de O'Donojú, teniente general de los ejércitos españoles, condecorado con la Gran Cruz de las órdenes de Carlos III y San Hermenegildo; y por parte del naciente Imperio, Agustín de Iturbide nombró a abogados, clérigos, militares y ciudadanos, de cuyo documento se elaboraron dos ejemplares: uno, para el gobierno y el otro, para el Congreso, en el recinto en que todos los mandatarios tomaron protesta al cargo de Presidente de la República.
Unos días antes, -el 15 de septiembre-, el Congreso honraba la memoria de los primeros héroes de la independencia y con el entusiasmo de la celebración, el pueblo, -con 300 años de dominación en la mente-, fue incitado a violar el sepulcro de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús.
Lucas Alamán, un criollo de nacimiento que conoció personalmente a Miguel Hidalgo, cuando éste y su madre eran protegidos del Padre de la Patria y quien literalmente los rescató en 1810 de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato y con el tiempo llegó a ser el ideólogo del partido conservador y apoderado en México del Duque de Terranova y Monteleone, -descendiente y heredero de Hernán Cortés-, ante el temor de la profanación, mando retirar los restos del conquistador español, -fallecido en 1547-, y los colocó en un lugar seguro. Quizá por eso no haya en todo el país, algún busto o monumento a conquistador español alguno.
El Acta que custodiaba el gobierno fue vendida por un empleado desleal a un viajero curioso en 1830. Alamán, en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de 1830 a 1832, y quien a sabiendas que la copia extraviada del Acta se encontraba en Francia, solicitó recobrarla aunque no lo pudo conseguir, no obstante que ofreció una suma considerable por su devolución y por tanto, no existía en la República más copia que la que se encontraba en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
Pero el 29 de marzo de 1909, un voraz incendio destruyó el edificio de la calle Donceles y Allende, consumiendo prácticamente la totalidad del recinto parlamentario y el archivo. Entre las desgracias, se encontraba la incineración del Acta de Independencia citada.
Años después, llegó el Acta que había sido vendida un siglo pasado, a manos del anticuario español Gabriel Sánchez quien vendió el histórico documento a Joaquín García Icazbalceta, el más grande bibliotecario mexicano del siglo XIX, y por último, llegó a manos del señor Florencio Gavito, entonces autoridad en bibliografía mexicana, quien pidió a su esposa, doña Mercedes Jáuregui, que a su muerte le entregara el Acta recuperada al presidente Adolfo López Mateos, volviendo de nueva cuenta a la patria que la vio nacer: México.
La indudable acta de nacimiento del Estado Mexicano lo constituye, la promulgación de las leyes de Reforma y su inclusión en la Constitución de 1857: La estrategia de los reformadores fue disminuir el poder de la iglesia, nacionalizando sus propiedades y retirarle al clero de aquellas atribuciones y facultades que debían de ser desempeñadas por el Estado, creando el Registro Civil, instituyendo el matrimonio civil y tomando la administración de Cementerios, entre otros.
Para ello, algunos diputados del PAN y otros del PRD, se unieron a los del PRI para consumar la negativa, en el que se especulaba el poco convencimiento de las alianzas electorales en diversas Entidades Federativas entre el PAN y PRD, a propósito de las elecciones en poco más de una decena de Estados.
Unos días después, se dio a conocer la existencia de un convenio de colaboración firmado el 30 de octubre de 2009, entre la dirigencia nacional del PRI y la del PAN, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe al Estado de México y con una vigencia hasta el 31 de julio de 2011, en el que las partes se obligan a evitar descalificaciones personales así como la formación de coaliciones electorales con otros partidos, entre otras. Dicho convenio tuvo como testigos al secretario de Gobernación (SEGOB), Fernando Gómez Mont, así como al secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miranda Nava. Quizás este haya sido el motivo por el que el titular de SEGOB renunció a su partido, en el que legisladores de ambos partidos, reprochan a su dirigencia los compromisos asumidos.
Cuando el nacimiento de la patria es un proceso decantado en el tiempo y surge entre de la opresión provenientes de silenciosas tomas de conciencia sobre la forma de ser y estar en el mundo, el crisol de donde surge la estirpe múltiple y polifacética de nuestro país, reúne elementos arramblados por siglos. El sentido de oportunidad histórica de las clases dominantes, la ebullición popular en busca de nuevas oportunidades, el vaivén de un destino trascendente y común sobre la topografía de la vida cotidiana, llenó de fervor a actores de diversos calibres de nuestra vida pública, que tomaron decisiones inextinguibles a pesar de consumirse su existencia.
Estos actores, -35 en su totalidad-, firmaron el 28 de setiembre de 1821, el acta de Independencia del Imperio Mexicano; por la Corona Española, lo signaba Juan de O'Donojú, teniente general de los ejércitos españoles, condecorado con la Gran Cruz de las órdenes de Carlos III y San Hermenegildo; y por parte del naciente Imperio, Agustín de Iturbide nombró a abogados, clérigos, militares y ciudadanos, de cuyo documento se elaboraron dos ejemplares: uno, para el gobierno y el otro, para el Congreso, en el recinto en que todos los mandatarios tomaron protesta al cargo de Presidente de la República.
Unos días antes, -el 15 de septiembre-, el Congreso honraba la memoria de los primeros héroes de la independencia y con el entusiasmo de la celebración, el pueblo, -con 300 años de dominación en la mente-, fue incitado a violar el sepulcro de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús.
Lucas Alamán, un criollo de nacimiento que conoció personalmente a Miguel Hidalgo, cuando éste y su madre eran protegidos del Padre de la Patria y quien literalmente los rescató en 1810 de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato y con el tiempo llegó a ser el ideólogo del partido conservador y apoderado en México del Duque de Terranova y Monteleone, -descendiente y heredero de Hernán Cortés-, ante el temor de la profanación, mando retirar los restos del conquistador español, -fallecido en 1547-, y los colocó en un lugar seguro. Quizá por eso no haya en todo el país, algún busto o monumento a conquistador español alguno.
El Acta que custodiaba el gobierno fue vendida por un empleado desleal a un viajero curioso en 1830. Alamán, en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de 1830 a 1832, y quien a sabiendas que la copia extraviada del Acta se encontraba en Francia, solicitó recobrarla aunque no lo pudo conseguir, no obstante que ofreció una suma considerable por su devolución y por tanto, no existía en la República más copia que la que se encontraba en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
Pero el 29 de marzo de 1909, un voraz incendio destruyó el edificio de la calle Donceles y Allende, consumiendo prácticamente la totalidad del recinto parlamentario y el archivo. Entre las desgracias, se encontraba la incineración del Acta de Independencia citada.
Años después, llegó el Acta que había sido vendida un siglo pasado, a manos del anticuario español Gabriel Sánchez quien vendió el histórico documento a Joaquín García Icazbalceta, el más grande bibliotecario mexicano del siglo XIX, y por último, llegó a manos del señor Florencio Gavito, entonces autoridad en bibliografía mexicana, quien pidió a su esposa, doña Mercedes Jáuregui, que a su muerte le entregara el Acta recuperada al presidente Adolfo López Mateos, volviendo de nueva cuenta a la patria que la vio nacer: México.
La indudable acta de nacimiento del Estado Mexicano lo constituye, la promulgación de las leyes de Reforma y su inclusión en la Constitución de 1857: La estrategia de los reformadores fue disminuir el poder de la iglesia, nacionalizando sus propiedades y retirarle al clero de aquellas atribuciones y facultades que debían de ser desempeñadas por el Estado, creando el Registro Civil, instituyendo el matrimonio civil y tomando la administración de Cementerios, entre otros.
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