Luego de que en agosto de 2008, el Constituyente Permanente, integrado por las Cámaras del Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas aprobara las reformas al artículo 69 constitucional, por tercera ocasión el presidente Felipe Calderón presentó, -por conducto del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont-, su informe de gobierno ante el Congreso, presidido por Francisco Ramírez Acuña.
Ante autoridades reunidas en Palacio Nacional, Calderón dijo que cambiar de fondo, no sólo es la mejor, sino la única alternativa; y propuso 10 acciones: 1.- concentrar la fuerza y los recursos del Estado mexicano en un esfuerzo de todos por frenar el crecimiento de la pobreza; 2.- establecer la cobertura universal de salud; 3.- lograr una educación de calidad; 4.- reforma profunda de las finanzas públicas; 5.- una reforma económica de fondo y generación de reformas en las empresas públicas del sector energético; 6.- una reforma al Sector de las Telecomunicaciones; 7.- una reforma que incremente la productividad laboral; 8.- una reforma regulatoria de fondo; 9.- profundizar y ampliar la lucha frontal contra el crimen y por la seguridad de los ciudadanos; y, 10.- una reforma política de fondo.
Una vez proclamada la independencia, el autodenominado emperador Agustín de Iturbide, fue el primero en ofrecer al Congreso el resultado de su gobierno mediante dos informes: uno en noviembre de 1822 y el otro en marzo de 1823, y además, los entonces ministerios de Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Hacienda Pública y, por último el de Guerra, hacían lo propio ante el Congreso mediante la presentación de memorias de trabajo; quienes aprovechaban para gestionar sus intereses por conducto de los oradores del gobierno.
En ese entonces, por acuerdo de la mayoría legislativa, que era ideológicamente afín al controversial Iturbide, el Congreso aprobó en 1835 que el nombre de su “Alteza”, fuera inscrito con letras de oro en el salón de sesiones, hasta 1921, ya que la Cámara de Diputados acordó eliminarlo de tan honrosa distinción, por considerarlo indigno en sus acciones y sin los merecimientos necesarios.
Hubo un intento de la diputación federal del Partido Acción Nacional, por incluir, nuevamente, el nombre del seudoemperador en letras de oro. Durante el desarrollo de la sesión solemne del Congreso del 23 de septiembre de 1971, en la que se develó en letras de oro, la máxima de Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”, el intento de los legisladores fracasó, al ser rechazada consecuencia del emocionante debate histórico de los diputados Francisco Ortiz Mendoza, Jesús Arroyo Alanís y el jalisciense Abel Salgado Velasco, quienes demostraron que Iturbide, por sus actos, fue un traidor y oportunista a los ojos del pueblo.
Iturbide escribiría en sus memorias, que “…El Congreso de México trató de erigir estatuas a los jefes de la insurrección […]. A estos mismos jefes había yo perseguido, y volvería a perseguir [...]....”.
Prosiguiendo, el artículo 68 de la Constitución de 1824, preveía que el presidente de la federación –así denominado- asistiera el primero de enero de cada año, a la apertura del periodo ordinario de sesiones y pronunciara un discurso relativo a este acto, pero no para informar. Formalmente, la obligación para que el presidente de la República asistiera a informar al Congreso, data de la constitución de 1857 en su artículo 63.
Un exceso a corregir. En la Segunda Intervención Francesa, Maximiliano le ordenó a su secretario particular, José Luis Blasio, que redactara el decreto por el que se autorizaba devengar un sueldo de 1 millón 200 mil pesos anuales y para la emperatriz Carlota 200 mil pesos anuales; y por su parte, el presidente Juárez instruía a su secretario particular, Pedro Santacilia, a redactar el decreto por el que se reducía el sueldo de 36 mil a 30 pesos anuales.
Durante el mandato del presidente Porfirio Díaz, los informes presidenciales se presentaban en 2 ocasiones ante el Congreso: durante la apertura de sus sesiones ordinarias, cada 16 de septiembre; posteriormente el constituyente de 1917 le asignó al artículo 69 de la Carta Magna dicha obligación, mismo que fue reformado en 1923 y en 1986, con cambios de forma que conservaron el espíritu del Constituyente, hasta la vigente.
Ante autoridades reunidas en Palacio Nacional, Calderón dijo que cambiar de fondo, no sólo es la mejor, sino la única alternativa; y propuso 10 acciones: 1.- concentrar la fuerza y los recursos del Estado mexicano en un esfuerzo de todos por frenar el crecimiento de la pobreza; 2.- establecer la cobertura universal de salud; 3.- lograr una educación de calidad; 4.- reforma profunda de las finanzas públicas; 5.- una reforma económica de fondo y generación de reformas en las empresas públicas del sector energético; 6.- una reforma al Sector de las Telecomunicaciones; 7.- una reforma que incremente la productividad laboral; 8.- una reforma regulatoria de fondo; 9.- profundizar y ampliar la lucha frontal contra el crimen y por la seguridad de los ciudadanos; y, 10.- una reforma política de fondo.
Una vez proclamada la independencia, el autodenominado emperador Agustín de Iturbide, fue el primero en ofrecer al Congreso el resultado de su gobierno mediante dos informes: uno en noviembre de 1822 y el otro en marzo de 1823, y además, los entonces ministerios de Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Hacienda Pública y, por último el de Guerra, hacían lo propio ante el Congreso mediante la presentación de memorias de trabajo; quienes aprovechaban para gestionar sus intereses por conducto de los oradores del gobierno.
En ese entonces, por acuerdo de la mayoría legislativa, que era ideológicamente afín al controversial Iturbide, el Congreso aprobó en 1835 que el nombre de su “Alteza”, fuera inscrito con letras de oro en el salón de sesiones, hasta 1921, ya que la Cámara de Diputados acordó eliminarlo de tan honrosa distinción, por considerarlo indigno en sus acciones y sin los merecimientos necesarios.
Hubo un intento de la diputación federal del Partido Acción Nacional, por incluir, nuevamente, el nombre del seudoemperador en letras de oro. Durante el desarrollo de la sesión solemne del Congreso del 23 de septiembre de 1971, en la que se develó en letras de oro, la máxima de Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”, el intento de los legisladores fracasó, al ser rechazada consecuencia del emocionante debate histórico de los diputados Francisco Ortiz Mendoza, Jesús Arroyo Alanís y el jalisciense Abel Salgado Velasco, quienes demostraron que Iturbide, por sus actos, fue un traidor y oportunista a los ojos del pueblo.
Iturbide escribiría en sus memorias, que “…El Congreso de México trató de erigir estatuas a los jefes de la insurrección […]. A estos mismos jefes había yo perseguido, y volvería a perseguir [...]....”.
Prosiguiendo, el artículo 68 de la Constitución de 1824, preveía que el presidente de la federación –así denominado- asistiera el primero de enero de cada año, a la apertura del periodo ordinario de sesiones y pronunciara un discurso relativo a este acto, pero no para informar. Formalmente, la obligación para que el presidente de la República asistiera a informar al Congreso, data de la constitución de 1857 en su artículo 63.
Un exceso a corregir. En la Segunda Intervención Francesa, Maximiliano le ordenó a su secretario particular, José Luis Blasio, que redactara el decreto por el que se autorizaba devengar un sueldo de 1 millón 200 mil pesos anuales y para la emperatriz Carlota 200 mil pesos anuales; y por su parte, el presidente Juárez instruía a su secretario particular, Pedro Santacilia, a redactar el decreto por el que se reducía el sueldo de 36 mil a 30 pesos anuales.
Durante el mandato del presidente Porfirio Díaz, los informes presidenciales se presentaban en 2 ocasiones ante el Congreso: durante la apertura de sus sesiones ordinarias, cada 16 de septiembre; posteriormente el constituyente de 1917 le asignó al artículo 69 de la Carta Magna dicha obligación, mismo que fue reformado en 1923 y en 1986, con cambios de forma que conservaron el espíritu del Constituyente, hasta la vigente.
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